Por: News Putumayo.
“El proyecto Mocoa” como se le ha denominado a la operación milimétrica y militarmente planeada cuenta con todo el respaldo y apoyo gubernamental.
Por: Adriana Villegas Botero. La Patria
El Gobierno prevé $41,9 billones para defensa, es decir el 11,9% del presupuesto del año entrante, el mismo que deja por fuera a la Comisión de la Verdad y recorta dinero a la Unidad de Protección y a las agencias de Reincorporación, Tierras y Desarrollo Rural.
Por: Raúl Zibechi
“Hay razones de sobra para mostrar que el ejército es el cascarón subsistente de una vieja casta que se reproduce en el poder y es la garantía de su impunidad”, sumó Silvia, a lo que María agregó que esto no se arregla con que los aymaras u otros pueblos tengan comandantes en las fuerzas armadas, o que las mujeres entren a los ejércitos.
Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*
El falso positivo, aleja al aparato militar y al aparato policial de su misión constitucional, de igual manera que a otros entes del Estado como la Fiscalía General de la Nación quien contribuye al fenómeno desarrollando falsos positivos judiciales. Existe suficiente evidencia empírica de la estrategia.
Por: CEPDIPO
Estudio que presenta y analiza el enfoque territorial del Acuerdo, entre otras, se identificaron las tendencias de la implementación territorial en su fase temprana, advirtiéndose sobre las distorsiones e incumplimientos, así como el quiebre del principio de integralidad, que en ese campo ya empezaba a sufrir el Acuerdo de paz.
Por: LaW
Las comunidades reiteraron el llamado a los organismos de justicia para que la muerte de Huber Samir Camayo Fajardo, en choques con la Policía, no quede en la impunidad.
por Yvette Sierra Praeli Mongabay
En el mundo, alrededor de 476 millones de pobladores indígenas viven en 90 países, una cifra que representa el 6.2 % de la población del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
