Por: Jorge Rojas
"Los niños y las niñas reclutadas por grupos criminales son víctimas y matarlas en bombardeos indiscriminados nos acerca a la barbarie como ejercicio del poder".
Por: Jorge Rojas
"Los niños y las niñas reclutadas por grupos criminales son víctimas y matarlas en bombardeos indiscriminados nos acerca a la barbarie como ejercicio del poder".
Por: justiciaypazcolombia
El pasado 1 de marzo la Fiscalía General de la Nación acusó a Claudia Ángela Argote y a su padre Antonio Argote Bolaños, por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Por: INFOBAE
Fiscalía investiga si en bombardeo efectuado el pasado 2 de marzo en Guaviare murieron varios niños de 9, 11, 12, 13, 14, 16 años. El congresista Roy Barreras y el periodista Hollman Morris tienen información de que en un bombardeo efectuado por el Ejército Nacional fallecieron varios menores de edad. Cuatro de las presuntas víctimas se encontrarían en la morgue de Villavicencio.
Por: Verdad Abierta
Organizaciones de derechos humanos que conocen la región se preguntan si la judicialización de Daza no sólo se debe a su representatividad comunitaria y a sus cuestionamientos a las políticas minero-energéticas, sino a las dudas que le generan los millonarios convenios celebrados por las empresas petroleras con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
Por: IzquierdaWeb
Un juez del Supremo Tribunal decidió anular todas las condenas contra Lula. Habían quedado fuertemente en entredicho luego de que se hicieran públicas mensajes intercambiados entre jueces y fiscales responsables de la causa contra el ex presidente en el que decían abiertamente que lo condenaban para que no pudiera participar de las elecciones de 2018.
Por: REDIPAZ
Por medio de comunicado público la Red Interuniversitaria Por la Paz (REDIPAZ) advierte del nombramiento inconveniente del Defensor del Pueblo para Urabá.
Por: Noticiascaracol
Recorrieron los sitios más críticos para evidenciar “desplazamientos, confinamientos, minas antipersonales, reclutamiento de menores, así como amenazas a líderes y comunidades”.