Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* // El más reciente informe de IPBES es contundente, todas las economías y empresas dependen de la biodiversidad, pero el modelo económico global la degrada para sostener su lógica de crecimiento ilimitado. Mientras billones financian actividades que destruyen ecosistemas, apenas una fracción se destina a su protección. El costo lo asume, sobre todo, el Sur Global. Estamos ante una crisis estructural y civilizatoria.
En febrero de 2026, durante su duodécima sesión plenaria en Mánchester, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), organismo científico intergubernamental respaldado por Naciones Unidas, publicó la Evaluación sobre empresas y biodiversidad, resultado de casi tres años de trabajo de 79 expertos internacionales.
Copresidido por Matt Jones, Stephen Polasky y Ximena Rueda, el informe, presentado en su Resumen para Responsables de Políticas, analiza cómo medir la dependencia e impacto de las empresas sobre los ecosistemas. Está dirigido a gobiernos, sector financiero y corporaciones, sin excluir a la sociedad civil y a los Pueblos Indígenas.
Todas las empresas dependen de la biodiversidad y todas la impactan asegura con vehemencia. La naturaleza es la base material de la economía global, no es un “activo verde” accesorio, sino el soporte del agua, los alimentos, la energía y la producción. El crecimiento económico mundial se ha producido, en gran medida, a costa de su degradación.
Leído desde el Sur Global, desde la Amazonía perforada por la minería, los manglares transformados en monocultivos o los mares convertidos en camaroneras industriales, el informe no descubre nada nuevo, confirma la pervivencia de un modelo económico dominante que se expande apropiándose de la naturaleza mientras la degrada sistemáticamente.
Un régimen orientado al crecimiento ilimitado, hegemonizado por corporaciones transnacionales y capital financiero que, resulta incompatible con los tiempos de regeneración de la vida.Mejorar las métricas es necesario, pero insuficiente si no se transforman las reglas estructurales que organizan la economía mundial.
Los propios datos de la IPBES lo demuestran, desde 1992 el capital natural per cápita ha caído cerca de un 40%, mientras el capital producido por el ser humano se ha duplicado. Entre 1820 y 2022, la economía global creció de 1,18 billones a 130,11 billones de dólares (constantes de 2011), impulsada principalmente por la expansión empresarial, pero acompañada por el deterioro de 14 de las 18 categorías de contribuciones de la naturaleza a las personas. El crecimiento económico ha avanzado, así, sobre la erosión de su propia base ecológica.
A esta dinámica se suma una fractura temporal, los ecosistemas requieren décadas o siglos para regenerarse, mientras los mercados exigen rentabilidad trimestral, la centralidad del PIB, que no registra la degradación ambiental como pérdida real, ha incentivado una expansión extractiva cuyas consecuencias ya no son solo ambientales, sino también sociales y financieras. La IPBES advierte que la pérdida de biodiversidad es hoy un riesgo sistémico global; en los territorios del Sur se traduce en una crisis cotidiana prefabricada por el orden del capital.
Las cifras financieras revelan la raíz estructural del problema, en 2023, los flujos con impactos negativos directos sobre la naturaleza alcanzaron 7,3 billones de dólares (4,9 billones de financiación privada y 2,4 billones en subsidios públicos dañinos), frente a apenas 220 mil millones destinados a conservación. La arquitectura financiera global sigue premiando la destrucción y relegando la regeneración.
Esto no es todo, ante esta realidad, las cadenas globales de valor trasladan los impactos al Sur mientras concentran beneficios en el Norte. La devastación ocurre en territorios indígenas; las ganancias se registran en bolsas internacionales, la pérdida de biodiversidad tiene rostro, comunidades desplazadas, pueblos criminalizados por defender ríos, campesinas sin cosecha, pescadores sin peces.
Aunque el informe reconoce la necesidad de integrar derechos humanos en la evaluación empresarial y propone herramientas como análisis espacial, monitoreo participativo y jerarquía de mitigación, medir no equivale a transformar. La compensación puede convertirse en licencia para destruir en otro lugar, y los reportes corporativos en estrategias reputacionales.
El problema de fondo no es solo cuánto impacta una empresa, sino por qué el sistema económico necesita ese nivel de impacto para sostener su rentabilidad.
Más allá del PIB: salidas desde el Sur
Si la crisis es estructural, las respuestas también deben serlo. No basta con ajustes técnicos, es necesario desmontar los subsidios perversos, establecer marcos regulatorios vinculantes y garantizar la responsabilidad legal extraterritorial de las corporaciones por los daños que causan en el Sur Global.
Asimismo, urge reformar los indicadores económicos que celebran el crecimiento mientras invisibilizan la destrucción ecológica.
La transformación no es solo normativa, implica fortalecer la soberanía territorial, reconocer jurídicamente los derechos de la naturaleza y consolidar economías solidarias, agroecológicas y comunitarias.
Desde el Sur Global emergen alternativas que no nacen en laboratorios financieros, sino en prácticas vivas: manejo comunitario de bosques, mercados locales, redes campesinas, economías del cuidado y sistemas de producción regenerativos.
Lejos de ser marginales, estas experiencias anticipan una economía post-extractivista posible, centrada en la reproducción de la vida y no en la acumulación ilimitada.
La rebelión necesaria.
La historia ambiental demuestra que los cambios profundos no provienen de la benevolencia corporativa, sino de la presión social organizada. La prohibición de prácticas destructivas, la creación de áreas protegidas o el reconocimiento de derechos territoriales han sido fruto de la movilización colectiva.
La rebelión del Sur no es violencia, es dignidad organizada, es la convergencia de pueblos que exigen que la economía esté al servicio de la vida y no al revés. Frente a los 7,3 billones de dólares que hoy financian la degradación, la resistencia no puede ser simbólica. Requiere alianzas Sur-Sur, integración regional, auditorías ecológicas de la deuda, desmercantilización de bienes comunes y una democratización profunda de la economía.
El informe de la IPBES confirma que la biodiversidad es la base material de la economía. Si esa base colapsa, el edificio entero se derrumba. Es esta, la tensión estructural de nuestro tiempo. La cuestión no es únicamente mejorar la medición de impactos empresariales, sino decidir si estamos dispuestos a transformar un modelo que convierte la vida en insumo.
En este escenario, la pregunta también interpela a las universidades ¿seguirán formando cuadros técnicos para optimizar la rentabilidad de un modelo que destruye la vida, o asumirán su responsabilidad histórica en la construcción de un sistema-mundo alternativo, centrado en la justicia ecológica y la reproducción de la vida? La academia no es neutral. Puede continuar legitimando el paradigma del crecimiento ilimitado o convertirse en espacio crítico, aliado de los pueblos y laboratorio de transiciones hacia economías para la vida.
En los territorios del Sur Global, la respuesta comienza a tomar forma en comunidades que defienden el agua, pueblos que protegen los bosques y economías que priorizan el cuidado.
La alternativa es irrefutable, o seguimos subordinando la vida al negocio, o reconstruimos la economía para sostener la vida.
En esa decisión se juega nuestro futuro común, de las generaciones actuales y las futuras.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de la Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, grupo autónomo Kavilando.
Referencia
IPBES. (2026). Summary for Policymakers of the Methodological Assessment Report on the Impact and Dependence of Business on Biodiversity and Nature’s Contributions to People (M. Jones, S. Polasky, X. Rueda, S. Brooks, J. Carter Ingram, B. N. Egoh, A. von Hase, R. Kohsaka, M. Kulak, K. Leach, R. Loyola, L. Mandle, V. Rodriguez-Osuna, M. Schaafsma, & L. J. Sonter, Eds.). IPBES secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.15369060
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