Por: Alfonso Insuasty Rodriguez* / Movimientos sociales del continente impulsan un juicio ciudadano internacional contra el régimen de Donald Trump y sus antecesores. Inspirado en la tradición de los tribunales de conciencia, busca romper la impunidad imperial y construir justicia desde los pueblos.
En marzo de 2026 se anunció en la Ciudad de México un proceso que, aunque no pertenece al sistema judicial estatal, posee una profunda carga histórica, ética y política: el inicio de un juicio ciudadano internacional sobre los crímenes del régimen de Donald Trump, sus antecesores y sus cómplices a escala global. Convocado por el Tribunal Internacional de Conciencia de los
Pueblos en Movimiento (TICPM), junto con organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales del continente, este proceso propone abrir un espacio de justicia histórica desde abajo, mediante audiencias populares, asambleas comunitarias y un dictamen continental construido colectivamente.
La conferencia de prensa convocada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en Ciudad de México marca el inicio de una iniciativa que no pretende sustituir a los tribunales estatales, sino responder a una pregunta histórica que atraviesa a América Latina y al mundo: ¿qué ocurre cuando el derecho oficial es incapaz o se niega a juzgar los crímenes del poder? La respuesta ha surgido, una y otra vez, desde los pueblos.
La tradición de los tribunales de conciencia
El juicio ciudadano anunciado para 2026 se inscribe en una larga tradición de tribunales éticos o tribunales de conciencia, espacios creados por la sociedad civil internacional para investigar violaciones graves a los derechos humanos cuando las instituciones formales permanecen paralizadas por razones políticas o geopolíticas.
Uno de los precedentes más influyentes fue el Tribunal Russell, convocado en 1966 por el filósofo Bertrand Russell y presidido por Jean-Paul Sartre para examinar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam. Aunque no tenía poder legal para imponer sanciones, su impacto fue enorme: demostró que la conciencia pública internacional podía organizarse para documentar y juzgar moralmente a las grandes potencias.
Esa experiencia dio origen posteriormente al Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979 y activo hasta hoy en la investigación de violaciones sistemáticas contra pueblos y comunidades en todo el mundo. En América Latina, sus audiencias han documentado crímenes de dictaduras militares, empresas transnacionales y políticas de despojo territorial.
El proceso convocado por el TICPM recoge esa tradición y la conecta con otro hito histórico: la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, que planteó la existencia de derechos colectivos de los pueblos más allá de los marcos estatales tradicionales.
Desde esa perspectiva, el tribunal no es solo un gesto simbólico. Es un intento de construir justicia cuando los mecanismos institucionales han sido capturados por el poder.
Juzgar al imperio desde la memoria latinoamericana
La convocatoria a un juicio sobre el régimen de Trump adquiere una resonancia particular cuando se observa desde la historia política de América Latina.
Durante décadas, el continente ha vivido intervenciones militares, golpes de Estado, guerras encubiertas y políticas económicas impuestas o respaldadas por Washington. Desde Guatemala en 1954 hasta Chile en 1973, desde Centroamérica en los años ochenta hasta las más recientes formas de presión política y económica, la influencia estadounidense ha dejado una huella profunda en la historia del continente.
El tribunal ciudadano invierte simbólicamente ese orden geopolítico. Por primera vez, la voz de los pueblos del continente coloca en el banquillo de los acusados al centro del poder imperial.
En este marco, el régimen de Trump es interpretado no como una anomalía aislada, sino como la expresión extrema de tendencias estructurales: militarización, racismo institucional, persecución contra migrantes, debilitamiento de las garantías democráticas y expansión del poder ejecutivo.
Los organizadores recuerdan que más de 60 millones de personas de origen latinoamericano viven hoy en Estados Unidos bajo un clima permanente de criminalización y vigilancia, mientras continúan las políticas de intervención internacional y presión económica sobre diversos países del mundo.
El juicio ciudadano busca, entonces, documentar estas realidades desde la perspectiva de quienes las viven.
Justicia construida desde abajo
El proceso anunciado para 2026 no será un evento aislado, sino una construcción colectiva a escala continental. Durante el año se realizarán asambleas populares, audiencias sectoriales y procesos de documentación de violaciones a derechos humanos organizados por comunidades, movimientos sociales y organizaciones en distintos países. Estas audiencias culminarán en encuentros internacionales, incluyendo una cumbre por la paz en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso y una audiencia continental final en Ciudad de México.
El resultado será un dictamen popular continental que se difundirá en diciembre de 2026, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día Internacional de las Personas Migrantes.
El tribunal se fundamenta no solo en el derecho internacional de los derechos humanos, sino también en tradiciones jurídicas comunitarias, saberes de pueblos originarios y principios éticos interculturales que expresan lo que los convocantes llaman la conciencia jurídica universal.
Memoria, verdad y movilización
Los tribunales de conciencia no tienen poder para dictar condenas penales, pero su impacto político puede ser profundo.
Estos procesos contribuyen a preservar la memoria histórica, documentar testimonios de víctimas, fortalecer redes de movimientos sociales y construir narrativas alternativas frente a las versiones oficiales del poder.
Muchas veces, las investigaciones realizadas por estos tribunales han terminado alimentando procesos judiciales posteriores o comisiones de verdad. Pero incluso cuando no ocurre así, su importancia radica en otro plano: el de la legitimidad ética.
En un mundo donde la correlación de fuerzas internacionales suele proteger a los actores más poderosos, los tribunales de los pueblos recuerdan que existe otra instancia de juicio: la conciencia colectiva de la humanidad.
Rodear el tribunal
La convocatoria al juicio ciudadano coincide con dos aniversarios cargados de significado histórico: los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá impulsado por Simón Bolívar y el 250 aniversario de la independencia estadounidense.
Los organizadores interpretan este momento como una oportunidad para reabrir el debate sobre la democracia, la soberanía y el destino común de los pueblos del continente.
Inspirados en el pensamiento de José Martí y Emiliano Zapata, el tribunal propone que la verdadera justicia no nace únicamente de las instituciones del poder, sino de la acción organizada de los pueblos.
Por eso, más que un proceso jurídico convencional, el juicio ciudadano es una convocatoria política y ética.
Convoca a comunidades, movimientos, organizaciones y personas de todo el continente a documentar la verdad, a denunciar la impunidad y a construir colectivamente un veredicto histórico.
Porque cuando los poderosos se niegan a rendir cuentas ante la justicia formal, los pueblos tienen el derecho —y también la responsabilidad— de levantar su propio tribunal.
Y en ese tribunal, tarde o temprano, la historia termina hablando.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, integrante de REDIPAZ y Grupo Kavilando.
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