La movilización del 14 de octubre encendió una alerta para el nuevo gobierno, el rechazo a sus políticas, la amenaza de retrocesos sociales y el debilitamiento de la paz pueden convertir el descontento temprano en una disputa nacional por los derechos, la democracia y la justicia social.
Por: Alfonso Insuasty Rodrígue*
Una protesta que desborda la coyuntura
Las movilizaciones del 14 de octubre de 2026 constituyeron el primer gran pulso callejero contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, posesionado apenas dos meses antes. Convocadas por centrales sindicales, organizaciones sociales, estudiantes y sectores de oposición, las protestas se desarrollaron masivamente en distintas ciudades del país y expresaron inconformidad con las primeras decisiones del Ejecutivo en materia laboral, educativa, económica, territorial y de paz. La agencia EFE las describió como el primer paro nacional contra esta administración.
Más allá de las diferencias entre las organizaciones convocantes, la jornada puso en evidencia una tensión fundamental, un gobierno puede ganar las elecciones sin obtener por ello un mandato ilimitado para desmantelar derechos, desconocer conquistas sociales o subordinar el Estado a una visión particular de sociedad y gobernar a control remoto cual protectorado colonial, todo, bajo directrices del Tumpismo aún a costa de la soberanía y empeñar el futuro de los colombianos y su madre tierra.
La protesta no debe interpretarse automáticamente como rechazo unánime de toda la población, pero tampoco puede reducirse a una maniobra partidista. Las demandas expresadas por sindicatos, estudiantes, pueblos indígenas y otros sectores sociales remiten a conflictos materiales y políticos que no desaparecen mediante descalificaciones oficiales.
La pregunta de fondo es ¿qué ocurre cuando un gobierno, en lugar de reconocer la protesta como parte legítima de la democracia, la interpreta principalmente como una amenaza a su autoridad?
El derecho a protestar y la respuesta del poder
La jornada tuvo una dimensión nacional verificable, la Defensoría del Pueblo informó que se convocaron manifestaciones en 62 puntos de 31 departamentos. Antes de las movilizaciones, recordó que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que la convocatoria no debía tratarse, por sí misma, como un problema de terrorismo u orden público (Defensoría del Pueblo, 2026).
Sin embargo, el 13 de octubre, un día antes de las marchas, el Gobierno expidió el Decreto 1525, que modificó los protocolos policiales para atender las manifestaciones. La norma permite intervenir frente a hechos violentos sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de manifestantes. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también formuló observaciones sobre los cambios y sus implicaciones para el derecho de reunión pacífica.
El asunto es especialmente sensible en un país marcado por los abusos policiales documentados durante el estallido social de 2021. El ESMAD fue sustituido por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), cuya denominación y protocolo fueron modificados nuevamente por el Gobierno nacional el 13 de octubre de 2026, un día antes de las movilizaciones. La oportunidad de la decisión, sumada a las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, alimenta la preocupación por un mensaje intimidatorio y estigmatizador hacia quienes protestan.
El Decreto 1525 flexibiliza el diálogo previo a la intervención al permitir actuar cuando la autoridad considere que dialogar no era «materialmente posible». Esto plantea interrogantes sobre el alcance de la discrecionalidad policial y el riesgo de que conductas propias de la protesta sean interpretadas como amenazas al orden público. La experiencia de 2021, marcada por personas heridas, pérdida de ojos y muertes, obliga a examinar estas medidas con rigor.
El protocolo modificado se inscribe en el marco de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia orientadas a proteger el derecho a la protesta y prevenir abusos de la fuerza pública. Debilitar sus garantías compromete la institucionalidad y desconoce la memoria de las víctimas del Paro Nacional.
La cuestión decisiva es si el diálogo constituye una obligación efectiva del Estado o queda subordinado a decisiones discrecionales que faciliten el uso temprano de la fuerza. La protección de terceros y la atención de hechos violentos son responsabilidades legítimas; no pueden justificar la criminalización de una movilización pacífica ni atribuir a toda una multitud las acciones de individuos determinados.
La protesta no es un favor del Gobierno ni un permiso que se pide, es un derecho constitucional conquistado por el pueblo. Nadie necesita autorización para salir a la calle.
Presupuesto, derechos sociales y paz: el conflicto de fondo
El descontento también debe leerse en relación con las decisiones presupuestales. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 llegó a 634,9 billones de pesos, según la Cámara de Representantes. El debate no consiste únicamente en establecer el tamaño del gasto, sino en examinar sus fuentes de financiación, su sostenibilidad, la distribución territorial de la inversión y las prioridades sociales que efectivamente garantiza.
Las dudas sobre la transparencia y la justificación de las partidas presupuestales requieren respuestas documentadas, no campañas publicitarias. Un presupuesto público expresa una correlación de fuerzas, define qué sectores reciben recursos, cuáles asumen los ajustes y qué obligaciones estatales se priorizan o se debilitan.
La preocupación es particularmente grave en materia de paz, un reporte de Reuters del 13 de octubre advirtió que propuestas de recorte para 2027 podrían reducir en un 17 % los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en un 22 % los de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Según ese reporte, los recortes amenazarían actividades de investigación, atención a víctimas y búsqueda humanitaria.
Ahora bien, es central comprender que debilitar los instrumentos de justicia transicional, búsqueda de desaparecidos y esclarecimiento de la verdad puede comprometer derechos fundamentales y obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz de 2016.
La paz no se limita a negociar con actores armados ni a exigirles desmovilización, también implica proteger a quienes firmaron el acuerdo, garantizar condiciones para su reincorporación, cumplir la reforma rural integral, reconocer a las víctimas y preservar la memoria histórica. Desmontar los instrumentos que hacen posible la verdad y la reparación no resuelve los conflictos, puede profundizar sus causas y prolongar sus consecuencias.
El Estado no es una finca personal
Otro motivo de preocupación es la distancia entre el ejercicio del poder público y las prácticas que deben regir una democracia, el nepotismo, los nombramientos orientados por lealtades personales, la instrumentalización de las instituciones y la utilización de espectáculos mediáticos para exponer o degradar a personas vulnerables erosionan la confianza pública cuando se traducen en decisiones verificables.
Las denuncias deben investigarse caso por caso. Pero el principio es inequívoco, los cargos públicos no son propiedad de una familia, una facción ni un movimiento político. La administración estatal exige idoneidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto por la dignidad humana.
Lo mismo vale para la relación con las comunidades y los territorios, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como la protección ambiental, no pueden tratarse como obstáculos administrativos que deben removerse para facilitar proyectos empresariales. La inversión y la explotación de recursos están sujetas a límites constitucionales, ambientales y de derechos humanos.
Cuando se intenta presentar toda oposición territorial como enemiga del desarrollo, se oculta una pregunta esencial ¿desarrollo para quién, con qué costos y bajo el control de quién? Sin participación efectiva, garantías territoriales y distribución justa de los beneficios, el desarrollo puede reproducir despojo, desigualdad y dependencia.
La economía cotidiana y el desgaste de la legitimidad
La legitimidad de un gobierno no se juega únicamente en sus discursos ideológicos, también se mide en su capacidad para responder a las necesidades materiales de la población, garantizar empleo digno, alimentos asequibles, educación pública, pensiones, salud y condiciones de vida compatibles con la dignidad humana.
Los datos más recientes del DANE muestran señales de deterioro en variables centrales de la economía. El 16 de octubre de 2026, la entidad informó que, en agosto y frente al mismo mes de 2025, la producción real manufacturera cayó 3,7 %, las ventas reales disminuyeron 3,5 % y el personal ocupado se redujo 1,3 %. De las 39 actividades industriales medidas, 29 registraron caídas en su producción.
En el mercado laboral, la tasa nacional de desocupación llegó al 9,4 % en agosto, frente al 8,6 % del mismo mes de 2025; además, la tasa de ocupación bajó de 58,4 % a 57,4 %. En materia de precios, la inflación anual aumentó del 5,18 % en septiembre de 2025 al 6,29 % en septiembre de 2026, con una variación mensual del 0,37 %. A esto se suma el reporte del sistema SIPSA sobre aumentos, entre agosto y septiembre, en los precios mayoristas de verduras y hortalizas, frutas frescas, tubérculos, raíces y plátanos, granos y cereales, lácteos, huevos, carnes y pescados.
Estas cifras constituyen indicadores que exigen respuestas públicas verificables, la caída manufacturera, el aumento del desempleo y la persistencia de las presiones inflacionarias plantean preguntas urgentes sobre la política productiva, la generación de empleo y la protección de los ingresos populares. La evaluación de la gestión no puede descansar en el espectáculo mediático ni en promesas: debe contrastarse con resultados y con sus efectos concretos sobre la vida cotidiana.
A ello se suman las preocupaciones por la capacidad institucional para responder a emergencias climáticas, atender a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto y garantizar la continuidad de las políticas sociales. En educación, pensiones y derechos laborales, la pregunta democrática sigue siendo si las decisiones amplían las garantías sociales o trasladan sus costos a quienes menos capacidad tienen para asumirlos.
Neoconservadurismo, religión y disputa por los derechos
La orientación neoconservadora del Gobierno abre, además, una disputa cultural y política. Las creencias religiosas forman parte de la libertad de conciencia y merecen respeto; el problema aparece cuando se utilizan como fundamento exclusivo para imponer decisiones públicas a una sociedad plural.
En un Estado constitucional, las políticas deben justificarse mediante razones públicas, evidencia, respeto por los derechos fundamentales y deliberación democrática. Ninguna creencia particular puede sustituir esos criterios ni convertirse en mecanismo para restringir derechos de mujeres, diversidades sexuales, jóvenes o comunidades históricamente excluidas.
La democracia no exige renunciar a las convicciones personales, exige impedir que una convicción religiosa o ideológica se transforme en instrumento de subordinación de quienes no la comparten.
Algo similar ocurre con la información, la desinformación, la manipulación de cifras y la descalificación de las voces críticas deterioran la deliberación pública. Gobernar implica explicar las decisiones, reconocer los errores y someter el ejercicio del poder al escrutinio ciudadano. La comunicación oficial no puede reemplazar la rendición de cuentas, ni el espectáculo sustituir la política pública.
De la movilización al paro: la disputa apenas comienza
Las centrales obreras y los movimientos sociales han planteado dar continuidad a las acciones de protesta, con la perspectiva de una nueva jornada nacional en noviembre. Esa posibilidad expresa que el 14 de octubre no necesariamente constituye un episodio aislado, sino el comienzo de una disputa más amplia sobre el rumbo del país.
Colombia tiene una memoria reciente que no debe olvidarse, el estallido social de 2021, durante el gobierno de Iván Duque, mostró cómo las reformas impopulares, la desigualdad, la precariedad y la respuesta represiva pueden converger hasta producir una crisis de legitimidad. Las circunstancias actuales son diferentes, pero la experiencia deja una advertencia, la inconformidad social no desaparece porque el poder la minimice; puede acumularse cuando sus causas permanecen sin respuesta.
Ahora bien, dicho estallido se dio finalizando el gobierno de Duque, con una pandemia de por medio; este malestar expresado en la movilización del 14 de octubre de 2026, ante un mal gobierno, se da en apenas dos meses de gobierno, es otra diferencia.
En distintas sociedades, las movilizaciones contra la austeridad, los recortes sociales, la precarización laboral y las restricciones a derechos fundamentales han mostrado que la calle continúa siendo un escenario central de disputa política. Colombia no está aislada de esas tensiones.
El desafío de los movimientos populares consiste en convertir la indignación en organización consciente, plural y sostenida; articular las demandas laborales con las luchas territoriales, ambientales, educativas y por la paz; y fortalecer mecanismos de información alternativa, formación política y control ciudadano. La movilización pacífica, la deliberación pública y la organización colectiva son herramientas legítimas para exigir transformaciones.
La autoridad no sustituye la legitimidad
El 14 de octubre dejó una advertencia temprana al Gobierno, la legitimidad democrática no se sostiene únicamente en el resultado electoral, la fuerza pública, el control de la agenda mediática y la teatralización de la acción de un personaje. Requiere resultados, respeto por los derechos, transparencia y capacidad de escuchar a quienes cuestionan las decisiones oficiales.
Un Estado democrático no puede reducirse a un aparato represivo ni convertirse en administrador de los intereses de los sectores más poderosos. Su función es garantizar derechos, equilibrar poderes, proteger a las mayorías y asegurar que las diferencias se tramiten sin violencia ni exclusión.
Si el Gobierno responde a las demandas sociales con estigmatización, restricciones a la protesta y debilitamiento de las garantías colectivas, puede profundizar el conflicto que pretende contener. Si, por el contrario, abre espacios reales de diálogo, ofrece información verificable y rectifica las medidas que vulneran derechos, todavía puede evitar una escalada de confrontación.
La tarea del movimiento social no es esperar pasivamente una rectificación, es mantenerse organizado, documentar las decisiones públicas, defender los derechos conquistados y construir alternativas desde los territorios y las mayorías populares.
La primera movilización ya puso sobre la mesa el conflicto. Lo que sigue dependerá de la capacidad del Gobierno para escuchar y de la capacidad del pueblo para organizarse. Porque la paz, la justicia social y la democracia no se garantizan mediante la obediencia, se construyen con derechos, participación y poder popular.
*Docente invesigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ y Grupo Kavilando.
______________
