La locomotora minero energética del Gobierno del presidente Santos, cuyo objetivo principal es entregar la soberanía sobre nuestros territorios a las multinacionales mineras, sin importarle la afectación que sufran los pobladores de las zonas otorgadas en concesión, ha producido una creciente resistencia, en primer lugar en las zonas de minería tradicional, por la persecución a que se ha sometido a los mineros informales, para entregar limpias las zonas otorgadas a las multinacionales, y en segundo lugar por los diferentes sectores sociales, como los ambientalistas, los productores agropecuarios, el comercio y todos los que se sienten afectados.
Esta Decisión, le da facultades al ejecutivo, según Artículo 5. Numeral- 2), para ejecutar acciones contra la minería ilegal por parte de las autoridades nacionales competentes, de conformidad con su legislación interna, tales como “el decomiso o incautación de los bienes, maquinaria y sus partes, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de la minería ilegal, así como la neutralización, destrucción, inmovilización, inutilización o demolición de bienes, maquinaria, equipos e insumos, cuando por sus características o situación no resulte viable su decomiso, traslado o, desde el punto de vista económico, su administración”. El editorial de El Tiempo del pasado 15 de septiembre da a entender que la intención del gobierno es que estas facultades no sean discutidas ni aprobadas en el Congreso de la República.
Es por eso, como lo reconoció el exministro Mauricio Cárdenas, y el actual ministro de Minas Federico Rengifo, que la política oficial es la de tratar como criminales a los mineros artesanales y a los pequeños y medianos empresarios de la minería. Porque para este gobierno los mineros ilegales, son todos los que no cuentan con un título minero o una licencia ambiental, y por gracia de esta norma se nos podrá destruir nuestra maquinaria y herramientas de trabajo, como lo están haciendo, aún a aquellos que la Ley protege, a los barequeros, la policía nacional en sus ya famosos operativos les destruye las bateas. Y la mayoría de nuestros mineros no cuentan con estos permisos, pues las normas están diseñadas para que no cumplan con los requisitos exigidos, lo que les impide formalizarse.
Estas medidas están dando pie a desafueros jurídicos, como es el caso de Urrao, donde detuvieron a unos mineros supuestamente en fragancia y la Juez
y el Fiscal de turno en la audiencia de legalización de captura, argumentaron que estos mineros no representaban un problema para la sociedad, ni eran mala gente, pero que ellos tenían que un sembrar un precedente ante los mineros de la región y ante el país, porque la minería ilegal es un delito; no valió que ellos demostraran los trámites de formalización minera, al igual que la forma de mitigar el supuesto daño ambiental que estaban haciendo y que tenían planes de manejo para ejecutar los trabajos correspondientes al cierre de la mina. Quedó claro que el objetivo es mostrar resultados así esos mineros no estuvieran violando la Ley, porque además, el acuerdo firmado por el Gobierno con la Confederación esta vigente aún.
Es una completa desproporción tratar a los mineros informales como delincuentes y narcotraficantes. Esto viola derechos democráticos tan elementales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Hemos dicho reiterativamente que gobierno tiene el deber de individualizar las personas que tengan nexos con organizaciones al margen de la ley y no puede acusar y sancionar de manera general a todos los mineros del país.
Estas medidas que el gobierno pretende implementar están diseñadas para favorecer a las multinacionales que ven en los mineros nacionales un obstáculo para consolidar su monopolio. Multinacionales que, bajo la apariencia de la legalidad de los permisos y licencias con los que cuentan, se han destacado por violar la ley, al evadir el pago de impuestos y de regalías, deteriorar el medio ambiente y maltratar a las comunidades y a sus trabajadores. Este es el tipo de favorecimientos que demuestran que en Colombia es mejor ser un empresario extranjero que nacional.
Por estas razones, hacemos un llamado a todas las organizaciones, a difundir ampliamente este comunicado y a pronunciarse cada una, frente a esta nueva arremetida que pretende el Gobierno Nacional implementar, en contra de nuestro sagrado derecho al trabajo, en defensa de nuestras minas y territorios, de nuestra soberanía, denunciar e informarnos de manera inmediata sobre cada uno de los abusos que cometan con uno que sea de nosotros, para poder denunciar ante la comunidad nacional e internacional dichos abusos que se cometen, en nombre de la legalidad.
Exigimos al gobierno que se abstenga de aplicar de esta norma de la Comunidad Andina de Naciones, y le solicitamos que cumpla con el acuerdo firmado el 27 de julio de este año, con la continuidad de las mesas de negociación con el fin de que se adelante un debate serio y democrático.
Fraternalmente,
RAMIRO RESTREPO G.
Presidente
LUZ STELLA RAMIREZ G.
Directora Ejecutiva
