Víctimas del desarrollo Medellín. informe entregado a la Relatora Especial DESCA - Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Firmantes.

En el año 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió un informe sobre las violaciones a los derechos humanos causados por el llamado desarrollo en la ciudad de Medellín, hoy 5 años después, la situación ha empeorado, por ello un grupo de académicos en articulación con organizaciones sociales “victimas del desarrollo en Medellín” entregaron, el pasado 27 de junio, un nuevo informe a la Comisión.

 

 

 

LOGOS INFORME DH

VÍCTIMAS DEL DESARROLLO: EL CASO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

INFORME ENTREGADO A SOLEDAD GARCÍA MUÑOZ, RELATORA ESPECIAL DESCA – COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

MEDELLÍN 2019

 

Contexto general del informe

Desde el año 2014 la Comisión Interamericana se ha informado sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades urbanas en el marco de proyectos de desarrollo en Colombia, particularmente, en la ciudad de Medellín, varios informes académicos[1] enviados a la Comisión y una audiencia temática sobre la cuestión, son algunos de los esfuerzos que ha realizado la sociedad civil y las comunidades que se reconocen como víctimas de estos procesos. La información presentada a comisionados y relatores, resaltó el impacto en el goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, como son: el debido proceso administrativo, información y participación y propiedad privada, entre otros.

 

 

 

El interés de la comunidad académica por el tema continúa intacto, es así como se han realizado diferentes investigaciones que permiten develar el aumento de las vulneración, violaciones a los derechos humanos, impactos en la salud física y mental de las comunidades, la fragmentación del tejido familiar, social, comunitario; todo, relacionado con procesos de reasentamiento, desalojos forzosos y expropiaciones en el marco de la ejecución de obras de desarrollo urbano. De ahí que, este informe, tenga como objetivo denunciar ante la Comisión Interamericana que las conductas estatales que ponen en riesgo y vulneran derechos humanos no han cesado y, por el contrario, se producen de manera sistemática en cada una de las obras de desarrollo impulsadas por la Administración Municipal de la ciudad de Medellín, Colombia, generando desplazamiento intraurbano y pobreza[2] así como daños psicológicos en la comunidades y personas que se ven obligadas a ceder sus propiedades ante el “interés general”, dejándolos sin la posibilidad de construir un proyecto de vida.

Este informe, contiene entonces resultados de diferentes investigaciones (todas con trabajo directo con comunidades) y esfuerzos académicos de investigadores adscritos a la Universidad de Antioquia[i] (UdeA), Universidad de San Buenaventura[ii] (USB), Universidad Autónoma Latinoamericana[iii] (UNAULA), la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ) y el Grupo Autónomo de investigación y Editorial Kavilando[iv], en articulación con la Concejal de Medellín, Luz María Múnera. El informe además presenta resultados del libro sobre los impactos generados por las obras de “Desarrollo en Medellín”.

¿Desarrollo y derechos humanos?

Las amplias competencias del nivel municipal le permiten ostentar a las administraciones locales un papel más activo en lo que tiene que ver con las políticas de desarrollo social y económico, sin embargo, el amplio margen de actuación produce efectos contraproducentes en el ejercicio los derechos en los niveles locales, que pueden llegar a desbordar la capacidad de respuesta de los entes territoriales individuales. De manera que, la heterogeneidad de implementación de la competencia en los municipios produce diversos efectos en mayor y menor escala, según los niveles de urbanización y densificación de las ciudades, incluso según el patrón de desarrollo. De ahí la necesidad de establecer unas pautas generales mínimas a nivel regional y nacional para responder a las diversas problemáticas que pueden resultar de la implementación de estos planes o políticas de desarrollo urbano.

La implementación de proyectos de infraestructura de gran escala impulsados por los diferentes gobiernos nacionales en los últimos años no responde a prerrogativas de sostenibilidad ambiental, equidad económica y social y, por el contrario han intensificado la práctica de nuevos modelos de desarrollo amenazando gravemente el goce y disfrute de los derechos humanos de las comunidades asentadas tanto en zonas rurales y urbanas. Particularmente, la ciudad de Medellín, se ha convertido territorio de explotación urbanística, en una ciudad en constante construcción y reconstrucción, según las visiones de los gobiernos de turno, promoviendo considerablemente el auge del desarrollo urbanístico y la renovación urbana.

Estás transformaciones socio-económicas, ambientales y políticas van de la mano con la concentración de crecimiento económico, tecnológico y de servicios en la ciudad. Manteniéndose de esta manera el desequilibrio entre la distribución de los recursos, evidenciándose “carencias en materia de infraestructura y presencia de la institucionalidad estatal, acceso a servicios básicos y goce de DESC”[v] en territorios ubicados por fuera de los cascos urbanos principales.

Estos proyectos, se ha venido adelantando sin tener en cuenta una planeación y concertación previa con las comunidades directamente afectadas, evidenciando la ausencia de lineamientos específicos que contengan la ruta de garantía de derechos de la población en el marco de proyectos de desarrollo. Es preocupante que las directrices aplicadas por el Estado en aspectos relacionados directa o indirectamente con el reasentamiento de población se enmarquen en directrices de instituciones internacionales de financiación a proyectos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo. Pues estas no solo son insuficientes, sino que desvinculan al Estado de su obligación de acompañar y vigilar estos procesos, sobre todo cuando las relaciones de poder entre empresas y comunidades es desproporcional y puede llevar a la vulneración de derechos humanos.

Al respecto, la Comisión Interamericana, ha advertido la conexión estrecha entre el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y los megaproyectos de infraestructura, renovación urbana y turismo. En cuales predominan problemáticas relacionadas con la ausencia de consulta con las comunidades y el uso de la fuerza e ilegalidad para realizar expropiaciones y usurpaciones[vi]. Lo que implica la movilización involuntaria de comunidades que en su mayoría ya habían sido víctimas de desplazamiento forzado por causa del conflicto, de modo que los impactos sociales y culturales son aún mayores si se tiene en cuenta que en Colombia el número de víctimas desplazadas por el conflicto asciende a un poco más de seis millones de personas.

Lo que viven las comunidades[vii]

Las investigaciones realizadas han tenido un interés por aproximarse a la experiencia de las comunidades que están siendo afectadas por proyectos de desarrollo en la ciudad de Medellín. En función de ello, se estableció contacto directo con líderes y lideresas de proyectos en ejecución, a saber: Cable Picacho, Puente Madre Laura, Tranvía de Ayacucho, Vereda El Naranjal, Barrio El Naranjal, Parque Bicentenario.

Se logró establecer en la investigación, el nivel de afectaciones y revictimización en tanto la mayoría de afectados por las obras han sido familias desplazadas por la violencia armada en Colombia. La ejecución de estos proyectos, que como consecuencia implica para las familias desalojar, en la mayoría de oportunidades de manera forzadas sus viviendas y barrios habitados por décadas, permite corroborar, cómo se afecta gravemente el tejido social, la estabilidad económica de las personas y comunidades, pérdida del trabajo en tanto deben destinar tiempo a la defensa de su territorio y de su propiedad. La pérdida del sentido de futuro se relaciona directamente con afectaciones en la salud física y mental, pues la resistencia, lucha y finalmente pérdida de todo lo que concebían como vida, desaparece, aumenta la presión y el sufrimiento de las personas propietarias, tenedoras o poseedoras.

Los resultados demuestran, además, que efectivamente existe un desempeño más bajo en las funciones ejecutivas, específicamente en la parte de flexibilidad mental y planeación, aumentan así mismo, los síntomas de ansiedad, hostilidad, somatizaciones y depresión en las personas que han sido desplazadas en la ciudad por proyectos de desarrollo en Medellín.

Pero los efectos de la ejecución de estos proyectos, no solo afectan a individuos, sino también, la esencia misma de la institucionalidad, en tanto golpea el ejercicio de la democracia, pues limita en sí mismo las dinámicas de participación efectiva derivado esto, del carácter impositivo del modelo de desarrollo que no permite una efectiva participación en la proyección, planeación de ciudad, ejecución, implementación, la institucionalidad confunde la socialización de algo dado, con participación efectiva (Borja Bedoya , Barrera Machado, & Insuasty Rodriguez, 2017). Esto repercute necesariamente en el debido proceso, y con ello, el cumplimiento de los compromisos internacionales y la norma constitucional, que, si bien de un lado, establece la prevalencia del interés general, este no puede estar por encima de derecho humanos fundamentales.

Vale resaltar que, en la ejecución de los proyectos de desarrollo que se mencionaron más arriba, se encontró:

  • Ausencia de censos estandarizados, claros y ordenados que prioricen grupos de especial protección constitucional.
  • No hay garantías de un justo pago de los predios, detectando incluso, cómo a ciertos propietarios se les ofrecía más o menos por su vivienda, sin tener en cuenta las condiciones reales de la misma, ocasionando con ello desigualdad a la hora de realizar la oferta y la compra de los inmuebles, impactando en conflictos horizontales entre los vecinos, que resquebrajan lazos de confianza tejidos durante años, y por ende capacidad organizativa.
  • En todos los casos, se encontró que el pago de la vivienda que se utilizará para el beneficio del proyecto, no logra cubrir el precio de una vivienda digna en la ciudad, que permita mantener las condicione de vida que tenía la familia.
  • El pago de la vivienda no se realiza en el mismo momento en que las familias son desalojadas de sus viviendas, incluso, en varios casos, las casas se demolieron, sin todavía pagarse violando incluso lo establecido por la Sentencia C 750/15, donde la Corte estimó que, por regla general, no puede existir una expropiación sin indemnización previa, desembolso que debe ocurrir antes del traspaso del dominio del bien del privado al Estado. Las autoridades expropiadoras tienen la obligación de consultar los intereses de la comunidad y del particular afectado con el fin de cuantificar la indemnización justa.
  • Se evidencia el uso de mentiras, engaños, tratos humillantes, amenazas de parte de entidades descentralizadas como el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, encargada y delegada por el Municipio, de la gestión social en casos de expropiación.
  • El derecho a la protesta también se ve menguado, pues cuando las comunidades quieren reclamar sus derechos, Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios realiza represión de las manifestaciones y se registran también amenazas de grupos ilegales.

datos informe

Desalojos forzosos

Las denuncias de las comunidades resaltan una serie de acciones y omisiones estatales en el desarrollo de los desalojos lo que hace que estos tengan el carácter de forzosos. Pese a que la Corte Constitucional ha establecido unas medidas específicas tendientes a establecer la licitud de estos procedimientos en Colombia, estos siguen ordenándose por la administración desconociendo los requisitos mínimos establecidos por este Alto Tribunal. En sentencia T-239 de 2013, la Corte estableció que: todo procedimiento de desalojo debe respetar las garantías del derecho al debido proceso y contemplar las siguientes medidas:

a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;

b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;

c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;

d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;

f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento;

g) ofrecer recursos jurídicos;

Lamentablemente, las comunidades manifiestan que ninguna de estas medidas se tiene en cuenta a la hora de realizar los desalojos y por el contrario advierten que el uso de la fuerza y las amenazas son los instrumentos más comunes a la hora de realizar los desalojos. Además, las comunidades, generalmente solo conocen del proceso cuando llega la policía y la maquinaria para derribar los inmuebles.

Objetivo de investigadores y comunidades en el marco de estos proyectos.

Ante esta realidad, se hace urgente hoy, agotados los mecanismos internos de justicia, acudir a mecanismos internacionales de protección, impactar con mayores y neutrales investigaciones en éste campo, fortalecer procesos autónomos de formación que impacten en una mayor capacidad organizativa de las comunidades afectadas por el desarrollo urbano y su real articulación como movimiento, para constituirse en poder real y decisivo, eso sí, evitando a toda costa la cooptación de liderazgos. Lo anterior con dos propósitos concretos: reclamar el respeto de los derechos de las comunidades – a corto plazo - y construir un proyecto de vida urbano colectivo que se parezca a lo que somos como pueblo, como comunidades, como sociedad.

Solicitud

Solicitamos a la Comisión Interamericana, en particular a la Relatora en DESCA, realizar un seguimiento a las obras de desarrollo impulsadas por la Administración Municipal de la ciudad de Medellín, en particular, los procesos relacionados con la negociación de predios, desalojo de comunidades, daños ambientales, daños a la capacidad productiva y adquisitiva de los habitantes, daños emocionales, familiares y al tejido social y el daño irreparable a las viviendas demolidas sin todavía ser negociadas con los propietarios, como ocurre en los proyectos de: Tranvía, barrio San Luís, Vereda El Naranjal del corregimiento de San Cristóbal, Cable Picacho, La Paralela. Sabemos que las medidas cautelares se otorgan a sujetos, los inmuebles de estas comunidades una vez derrumbados, difícilmente podrán ser reconstruidos y habitables por las familias, quedando estás es situación de pobreza.

 

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 NOTAS.

[1] Estos informes fueron elaborados y presentados por la Universidad Católica del Oriente, Universidad de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia en colaboración con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota, entre 2014 y 2015.

[2] Pese a que la ciudad de Medellín es reconocida a nivel internacional por sus múltiples atractivos tecnológicos, de desarrollo y vanguardia, continua siendo una de las ciudades más violentas del país, con niveles de pobreza y pobreza extrema que cada vez van en aumentos.

[i] Astrid Osorio Álvarez, coordinadora del semillero en Movilidad Humana, desarrollismo, cambio climático y nuevas violencias. Del Grupo de Investigación en Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[ii] Alfonso Insuasty, docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, integrante de REDIPAZ, Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Daniela Londoño, Joven investigadora COLCIENCIAS, Universidad de San Buenaventura, integrante de REDIPAZ. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Daniela Barrera, investigadora Grupo GIDPAD. REDIPAZ. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Eulalia Borja Bedoya, investigadora Grupo GIDPAD. REDIPAZ. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[iii] José Valencia. Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana, integrante de REDIPAZ. Contacto. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Hector Alejandro Zuluaga Cometa, investigador y aspirantes a magister Universidad Autónoma Latinoamericana. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[iv] Norela Mesa Duque, investigadora Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Diana Marcela Palechor, investigadora Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Eliecer Escobar, investigador Grupo Autónomo de Investigación y Editorial Kavilando. Integrante UTL Concejala Luz María Múnera. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[v] CIDH Informe verdad, justicia y reparación párr. 610.

[vi] CIDH. Informe sobre Verdad Justicia y Reparación. Páginas 652 y 653

[vii] Sustentado en el Libro resultado de Investigación: Mesa Duque , N., Borja Bedoya, E., Insuasty Rodriguez, A., Barrera Machado, D., Londoño, D., Sanchez Calle, D., . . . Valencia Grajales, J. F. (2019). Víctimas del desarrollo en Medellín: progreso y moradores en disputa. Medellín: Kavilando. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20190318011450/0.pdf

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