Por: ConvivamosLa auto-construcción barrial como alternativa de reparación territorial, en tanto éstos barrios fueron poblados por personas y comunidades víctimas de sucesivos desplazamientos provocados por el persistente conflicto armado que vive Colombia. Ésta, es una propuesta liderada por las organizaciones barriales en el borde urbano rural de las comunas 1 y 3. Medellín.Mimbre es un programa que se emite a nivel nacional por el Canal Institucional, producto de los acuerdos de paz.La reparación territorial es una de las propuestas que le presentamos a la ciudad, para que sea tenida en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023Desde este programa se quizo dar a conocer la experiencia en la autoconstruccion barrial como alternativa de reparación territorial, liderada por las organizaciones barriales en el borde urbano rural de las comunas 1 y 3.Esta es la experiencia de los procesos barriales en Carpinelo y Bello Oriente. MedellínLa reparación territorial es una de las propuestas que le presentamos a la ciudad, para que sea tenida en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023¡Porque el derecho a la ciudad para las víctimas desde la reparación territorial, es posible!
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El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
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