Colombia: ¿Quiénes son los invasores de tierras?

Recuperaciones de tierras indígenas y campesinas y el plan de reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro.

El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está ante el dilema de la tierra. Presionado por la derecha política y la burguesía agraria integrada a las cadenas extractivas transnacionales, dio 48 hs para que indígenas y campesinos se retiren de las tierras recuperadas. Indígenas y campesinos le responden que no son ellos los invasores.

Durante toda la historia de Colombia, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas vienen recuperando tierras en permanente tira y afloja, primero, con los latifundistas criollos y, más recientemente, con las cadenas transnacionales del agronegocio legalizado o ilegal. Su calendario de luchas no se ha alterado con la asunción del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Más bien observan como un aliento a sus objetivos las promesas de apoyo de los nuevos mandatarios a la reforma agraria. En las últimas semanas, ha habido recuperaciones en el Valle del Cauca, en Huila y en César. En César, por ejemplo, el domingo 21 de agosto, campesinos ocuparon una finca que explota ganado y palma africana en el municipio de Curumaní. También hay un proceso de recuperación de Santa María, en el municipio de Astrea. En el Valle del Cauca, hubo recuperaciones indígenas en fincas de caña, en los municipios de Caloto, Guachené y Miranda.

El 30 de agosto, el gobierno colombiano presentó una declaración pública, con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y los ministros de Defensa Iván Velázquez y de Agricultura Cecilia López Montaño. El comunicado condena las ocupaciones de predios y recuerda el compromiso con la Reforma Agraria, afirmando que “las propiedades que se encuentran en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se destinarán a los colombianos más vulnerables, quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores”. También identifica las regiones donde ha habido recuperaciones desde la asunción del gobierno: Valle del Cauca, Huila y César. Y advierte que la policía actuará para impedir las ocupaciones y desalojar las que ya han ocurrido, dando un plazo de 48 horas para que los ocupantes se retiren. Francia Márquez, visiblemente contrariada, pide que “los que están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados” que se abstengan de hacerlo.

Así, el gobierno responde a las quejas, por ejemplo, de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) que lanzó un video en el que su presidente José Félix Lafaurie Rivera invita a los ganaderos del Sur del César a reaccionar a las recuperaciones.

El 31 de agosto, tanto el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), como la organización campesina Coordinador Nacional Agrario (CNA) piden que el gobierno reconsidere la orden de desalojo. El CRIC dice en su comunicado: “Invitamos a los diferentes representantes del gobierno a que no deslegitimen las luchas reivindicativas, y a que sean revaluados los paradigmas modernizantes colonialistas”. El CNA dice que la orden es un “cheque en blanco para que las fuerzas de seguridad agredan a las víctimas del despojo”. “[…] no somos los invasores [dicen], estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional, y que ningún gobierno ha hecho gestiones para impedirlo. Por lo tanto, nos toca hacerlo por nuestros propios medios, aunque nos cueste la vida y la libertad”. Y esperan las 24 horas que faltan para cumplir el plazo, para que esos “verdaderos invasores” se retiren de las tierras.

Sobre este avispero de la tenencia y uso de la tierra, vale la pena recordar las intenciones del gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro para implementar la Reforma Rural Integral[1] (RRI). Nada nuevo. Sería la implementación del ítem número uno del acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el año 2016. Además, se tendrán tres enfoques para esta reforma rural: 1) convertir a Colombia en potencia agroalimentaria, 2) cumplir lo pactado en el acuerdo de paz de La Habana[2] y 3) articular la protección de la naturaleza.

Pero, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Porque la realidad, según los profesionales que hicieron parte del acuerdo de paz en materia de tierras, pone muchas dificultades para la implementación del punto uno. En el Fondo de Tierras[3] hay cerca de dos millones de hectáreas, el 10% de estas se pueden disponer para la adjudicación, pero no se han podido adjudicar por diferentes razones que no han sido evaluadas. Ahora, el 90% de los dos millones de hectáreas, están ocupados, poseen problemáticas también a evaluar o presentan la necesidad de pasar por un proceso de recuperación de baldío. Para este conjunto de cuestiones se requieren jueces agrarios que todavía no han sido ni siquiera nombrados.

El acuerdo de paz tiene la meta de adjudicar tres millones de hectáreas a cargo del Fondo de Tierras. Por lo que a la problemática anterior se le suma la búsqueda del millón de hectáreas faltante con condiciones que permitan su adjudicación. Y junto a esta falta de tierra hay que agregarle la cuestión del minifundio como obstáculo en los siete millones de hectáreas que deben ser formalizados. Cada minifundio, como pequeña propiedad campesina, consta de no más de cinco hectáreas productivas. Pero sólo en el 60% de las hectáreas pendientes de formalización aparece información del uso de dos hectáreas por unidad económica. Entonces, no se tiene información de qué se está haciendo con las hectáreas faltantes y tampoco se conoce quién o quiénes las tienen[4].

Indígenas y campesinos no esperan. Nunca han esperado. Continúan recuperando tierras para vivir.

[1] Reforma Rural Integral es un conjunto de acuerdos políticos, normativos e institucionales que buscan el cambio estructural del campo colombiano para garantizar las condiciones de buen vivir y bienestar de las comunidades rurales.

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[2] El nombre completo de lo que se conoce como acuerdos de La Habana es “acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Está conformado por seis puntos: reforma rural integral, participación política: apertura democrática para construir la paz, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, mecanismos de implementación y verificación. La instalación de la mesa fue en Oslo, Noruega, en octubre del 2012. Durante su desarrollo, se trasladó a Cuba, en noviembre del mismo año. Se concluyó en noviembre del 2016, en el teatro Colón de la ciudad de Bogotá, con la firma del ex-comandante guerrillero Rodrigo Londoño “Timochenko” y el ex-presidente Juan Manuel Santos.

[3] El Fondo de Tierras es la institución creada por mandato de los acuerdos de La Habana para la implementación del punto uno, que habla sobre la RRI. La función de esta entidad es reunir y adjudicarle la tierra al campesinado y comunidades rurales mencionados en el punto uno. Depende del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

[4] Esta información fue tomada de https://www.semillas.org.co/es/lo-ultimo/reforma-agraria-de-petro-no-sera-la-de-los-anos-60-sino-la-del-acuerdo-de-paz

tomado: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/09/05/colombia-quienes-son-los-invasores-de-tierras/

NOTAS: