Por: Hugo Prieto. Contrapunto
No hay democracia participativa, si el mundo popular se organiza siguiendo la lógica leninista de la verticalidad, si se profundiza el modelo rentista. No hubo una transformación cultural profunda que cambiara la lógica de riqueza infinita
Por: Fernando Stratta, Miguel Mazzeo. Contrahegemonia
Economía popular y democracia están indisolublemente relacionadas. Se trata de la misma relación que existe entre la socialización de la riqueza y la socialización del poder.
Por: Luís Kunta Kinte
Los recientes acontecimientos contra el gobierno de Bolivia, ratifican la puesta en marcha de una contraofensiva imperial en el continente, para reversar los procesos democráticos y revolucionarios..
Por: Natalia Sierra - Carlos Pérez Guartambuel
Gracias a los hermanos que nos escuchan en Abya Yala y otros continentes.
Por: Eduardo Azumendi
Koldo Saratxaga arremete contra el sistema educativo actual que "no educa en la libertad, sino en el miedo" y perpetúa un modelo de relaciones humanas basadas en el poder.
Por: Editorial Revista Kavilando
Comunicación, memoria y libertad. Nuevo volumen de la Revista kavilando v6 número 2.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
