Aunque en el país no se les ha valorado lo suficiente, han sido cruciales en la consolidación de nuestra maltrecha democracia.
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“Las cárceles de Colombia son basureros humanos”
El vocero de la delegación de paz de las FARC denunció la profunda crisis carcelaria colombiana. Reclamó de nuevo la presencia de Simón Trinidad en los diálogos al denunciar las condiciones inhumanas de su reclusión
Asamblea del Comité de Santurbán define 100 mil voces por el agua
Con un sí rotundo, un grupo de más de 100 líderes de Bucaramanga y su área metropolitana, aprobaron la realización de la jornada de movilización de las 100 mil voces por el agua. Es así como este viernes 15 de marzo, esperan llenar de colores y alegría las calles de la ciudad, con la marcha-carnaval que ya es tradicional.
Congresistas y académicos demandan gabela tributaria de Grandes Mineras y Petroleras que le cuesta al país 2 billones de pesos al año
La DIAN les extendió a las empresas privadas un beneficio que la ley contempla únicamente para entidades públicas.
Legislador que denunció a Uribe ante la CPI, reveló desde el municipio de Melgar (Tolima) se estaba preparando el atentado en su contra.
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, puso en conocimiento al fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y al ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, sobre un presunto plan que se estaría fraguando para atentar en su contra.
Avanza otro ataque contra la industria nacional
Aprobación de TLC por gobierno coreano es una pésima noticia para Colombia.
Arauca: Se cumplen 16 días de movilización pacífica
Hoy 5 de febrero es el día numero 16 de nuestra movilización pacífica de exigencias al Estado y a las transnacionales explotadoras del recurso petrolero, y se continúan.
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La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
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