Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
En Colombia no es un fenómeno del pasado, su re adaptación a nuevas realidades urbanas y territoriales representan un desafío crítico para la paz y la justicia social en el país.
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Su presencia y avance en diferentes regiones, devela no solo su continuidad, sino su transformación y adaptación.
Se trata de un actor que sigue operando en las sombras del conflicto colombiano, perpetuando ciclos de violencia, control territorial, exclusión social, un fenómeno anclado a un modelo económico neoliberal extractivo persistente.
Continuidad y Evolución
El paramilitarismo en Colombia ha dejado de ser un vestigio de un conflicto armado que se pensaba en vías de resolución.
A pesar del proceso de sometimiento de grupos paramilitares y el Estado de Colombia (2005) y la posterior firma del acuerdo de Paz firmados entre el Estado y las FARC-EP (2016), los grupos paramilitares han pervivido adaptándose, reconfigurándose según las dinámicas del siglo XXI.
Su presencia, especialmente en las regiones más vulnerables pero económicamente estratégicas, está lejos de desaparecer y, por el contrario, ha tomado nuevas formas de control territorial y violencia estructural.
EL informe “Hoy como ayer, el paramilitarismo. Caravana por la vida la paz y la permanencia en el territorio”(2024) revela cómo el paramilitarismo ha logrado no solo sobrevivir sino evolucionar, desplazándose de los territorios rurales a las zonas urbanas, consolidándose como un fenómeno transnacional y multifacético.
Metodología.
La Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en los Territorios fue una iniciativa que buscó visibilizar y documentar la situación de comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, se escogieron 5 por su espcial situación: Arauca, sur de Bolivar, Antioquia, Chocó, Sur Occidente.
Realizada entre el 23 de julio y el 23 de agosto, la caravana reunió a defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y miembros de la comunidad internacional para observar y verificar las condiciones de vida de las poblaciones, así como las violaciones a sus derechos.
A través de encuentros, testimonios y actividades de sensibilización, la caravana tuvo como objetivo exigir al Estado colombiano el reconocimiento de su responsabilidad en la crisis humanitaria y promover acciones concretas para garantizar la protección y los derechos de las comunidades afectadas.
El análisis derivado de la Caravana por la vida y la permanencia en el Territorio, se basó en una metodología cualitativa, combinando investigación de campo, análisis documental y recopilación de testimonios directos de las comunidades afectadas.
Este enfoque se justificó por la necesidad de comprender las dinámicas locales de violencia y el impacto del paramilitarismo en un contexto complejo. Las etapas metodológicas fueron las siguientes:
Se realizaron visitas a las comunidades, donde se llevaron a cabo entrevistas y grupos focales con líderes comunitarios, mujeres y defensores de derechos humanos.
Estas interacciones permitieron captar la percepción directa sobre lo violencia y sus efectos, la respuesta del Estado y la sensación de inseguridad prevalente.
Se revisaron informes y documentos oficiales, incluyendo las políticas de seguridad del gobierno y estudios académicos. Un aspecto clave fue la evaluación de informes del Ministerio de Defensa, que evidencian la invisibilidad del paramilitarismo en las estrategias de seguridad pública.
La investigación se enmarcó bajo un enfoque de derechos humanos, dando especial atención a la interseccionalidad de las experiencias de las comunidades, con énfasis en las voces de mujeres y otros grupos vulnerables.
Resultados.
Continuidad del Fenómeno: Adaptación y Reposicionamiento
El informe evidenció que, lejos de desmantelarse, el paramilitarismo se ha reposicionado en Colombia, especialmente en regiones con recursos naturales estratégicos.
La reconfiguración de estos grupos ha sido facilitada por la complicidad de actores estatales y privados, que han instrumentalizado la violencia para sus propios fines económicos y políticos.
La violencia paramilitar no solo busca control territorial, sino que también actúa como un mecanismo de acumulación de capital en un contexto de desigualdad estructural.
En regiones como Antioquia, Chocó, Sur Occidente, Sur de Bolívar, Arauca la violencia continua sin una respuesta estatal efectiva, profundizando la fractura social.
La presenta tabla presenta algunos puntos clave que podrían contextualizar mejor la situación del paramilitarismo en Colombia, basándome en las características de cada región:
Tabla 1: Relación por territorios visitados.
Región | Características del Paramilitarismo | Factores Subyacentes | Impacto en las Comunidades | Recomendaciones/Acciones Necesarias |
Antioquia | - Presencia de grupos como el Tren de Aragua y cárteles mexicanos, intensificando el conflicto armado ejercen control poblacional | - Enfoque en la producción y tráfico de drogas. | - Violencia relacionada con el narcotráfico y extorsión. | - Creación de espacios de confianza entre las comunidades y el Gobierno para abordar la violencia y violaciones de derechos humanos. |
- Extorsión y violencia en áreas urbanas y rurales. | - Impunidad y corrupción local. | - Las comunidades locales enfrentan amenazas constantes. | - Fortalecimiento de la presencia estatal y de seguridad pública efectiva. | |
Sur de Bolívar | - Focos de violencia y control territorial por parte de grupos armados. | - La región es punto de conexión estratégica entre varias áreas del país. | - Desplazamiento forzado y vulnerabilidad social. | - Implementación de políticas de seguridad que protejan los derechos humanos y promuevan el desarrollo local. |
- Intensificación de los conflictos por el control de recursos naturales (oro, tierras). | - Intereses económicos de grandes capitales. | - Las comunidades están atrapadas entre la violencia armada y las dinámicas extractivas que destruyen sus medios de vida. | - Políticas públicas que aborden el conflicto por recursos y eviten la explotación ilegal. | |
Arauca | - Enfrentamientos continuos entre grupos armados ilegales (Ej. ELN, disidencias de las FARC). | - Foco de conflicto debido a su ubicación geopolítica (frontera con Venezuela). | - Aumento de la violencia y desconfianza en las instituciones estatales. | - Desarme de los actores armados ilegales y mejora de las condiciones de seguridad en la región. |
- Inseguridad y control territorial en áreas rurales. | - Economía basada en la explotación petrolera y recursos naturales. | - La población civil se ve atrapada en una guerra entre grupos armados que afectan sus derechos fundamentales. | - Promoción de acuerdos de paz locales y desmilitarización. | |
Chocó | - Violaciones de derechos humanos en el Alto Baudó y otras áreas. | - Paramilitarismo sigue siendo una amenaza latente en la región. | - Desplazamiento forzado, asesinatos selectivos y desplazamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas. | - Investigación sobre la responsabilidad del Estado en hechos de violencia. |
- Aumento de la violencia a pesar de los esfuerzos del gobierno. | - Débil presencia del Estado en áreas rurales. | - Desprotección y falta de respuestas claras del Gobierno ante la violencia. | - Monitoreo y denuncias efectivas para garantizar la protección de las comunidades. | |
Suroccidente | - Violencia estructural vinculada a factores históricos, económicos y sociales. | - Conflictos territoriales y económicos relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico y el control de tierras. | - Exclusión social y pobreza estructural que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades a los grupos armados ilegales. | - Programas de desarrollo económico local que promuevan la paz y la inclusión social. |
- Continuación de dinámicas de violencia del pasado, pero con nuevas formas de control y coerción. | - Desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. | - Crisis de confianza en las instituciones públicas y falta de apoyo de políticas de seguridad. | - Inclusión de las comunidades en la toma de decisiones políticas y la creación de mecanismos de paz sostenible. |
El paramilitarismo fortalece su presencia urbana.
En las ciudades, los grupos armados han fortalecido y extendido su dominio mediante extorsión, amenazas y control social.
Este fenómeno se manifiesta especialmente en zonas como Medellín, área metropolitana el Valle de Aburra, el sur de Bogotá, Cúcuta y otras áreas periféricas, donde el paramilitarismo se entrelaza con las economías locales.
Las comunidades urbanas, muchas veces desprotegidas por el Estado, se encuentran atrapadas en un ciclo de violencia diaria.
Estos grupos funcionan a modo de red de prestación de servicios criminales, gestionan la vida cotidiana y prestan aparentes soluciones a necesidades como el microcrédito, que ofertan a través del llamado “Gota a Gota” o “Paga Diario” un ejercicio de crédito con una alta tasa de usura.
Han avanzado hacia sofisticadas redes de empresas legales. Gracias a este entramado que incluye la influencia electoral y relación con clanes políticos ejercen una gobernanza consolidada, de facto en barrios y comunas.
La invisibilidad del paramilitarismo en las políticas de seguridad del gobierno contribuye a su normalización, generando un vacío de poder y protección en estos territorios.
Negacionismo y Complicidad
A pesar de la evidencia creciente sobre la reactivación del paramilitarismo, la respuesta del gobierno colombiano ha sido insuficiente y, en muchos casos, contradictoria.
La falta de acción decisiva por parte de las autoridades y el silenciamiento del fenómeno al evita nombrarlo en su justa proporción en la política pública, evidencian un problema de negacionismo institucional.
Este vacío de reconocimiento no solo minimiza la magnitud de la violencia, sino que perpetúa un ciclo de desconfianza entre las comunidades y el Estado.
La impunidad, alimentada por la complicidad de ciertos sectores de la Fuerza Pública y el empresariado, permite que los grupos paramilitares sigan operando con una alarmante libertad.
Desafíos Territoriales: Impacto Regional y Consecuencias Sociales
El informe destaca cómo la persistencia del paramilitarismo afecta particularmente a las regiones más empobrecidas y vulnerables del país.
La violencia estructural, las disputas por el control de recursos naturales y la expansión de los grupos armados han causado un incremento en el desplazamiento forzado, la violación de derechos humanos, asesinato creciente de líderes lideresas sociales y la exclusión social.
En estas zonas, los intereses empresariales y las dinámicas de poder local se entrelazan con las acciones de los paramilitares, perpetuando una violencia que afecta a las bases sociales y a la gobernanza local.
Las consecuencias para las comunidades son devastadoras.
El desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, persecución y asesinato de lideres, lideresas sociales y constantes violaciones a los derechos humanos se han convertido en una realidad cotidiana.
Las comunidades más vulnerables, como las afrocolombianas, indígenas y campesinas, así como periferias urbanas se ven atrapadas en un ciclo de miedo y desesperanza.
La denuncia de abusos y el ejercicio de los derechos fundamentales se ha convertido en una acción de alto riesgo, con implicaciones fatales para quienes osan desafiar el orden impuesto por los paramilitares.
La falta de protección por parte del Estado agrava esta situación, dejando a las comunidades desprotegidas y a merced de la violencia.
Este informe plantea demandas urgentes al gobierno colombiano.
Es imperativo que se reconozca al paramilitarismo como un fenómeno estructural y que se adopten políticas públicas para desmantelar estas organizaciones de violencia.
Esto incluye la creación de mecanismos de monitoreo y denuncia que garanticen la protección de las comunidades afectadas, así como una investigación exhaustiva sobre la complicidad de actores del Estado y del empresariado. Además, se debe promover el diálogo con las comunidades para fomentar la confianza y garantizar su participación activa en el proceso de construcción de paz.
El paramilitarismo sigue siendo un desafío crucial para la paz en Colombia.
A pesar de los esfuerzos de desarme y pacificación, este fenómeno ha mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, mutando y expandiéndose hacia nuevas formas de violencia y control social.
La complicidad de diversos actores políticos, militares y económicos ha permitido su perpetuación.
Para avanzar hacia una paz duradera, es fundamental que el Estado reconozca y asuma su responsabilidad en la violencia sistemática que sigue afectando a millones de colombianos
Se realice un plan cierto, sostenido de desmonte del paramilitarismo.
Solo con políticas públicas efectivas y un enfoque de derechos humanos que promueva la justicia social se podrá enfrentar este "fantasma" que persiste en la historia reciente de Colombia.
*Docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, catedrático maestria en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (ITM) parte de la red interuniversiaria por la paz REDIPAZ y grupo atuónomo Kavilando.
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