EL DERECHO A LA PROTESTA

Observatorio K.

Boletín de Prensa No 1288 de septiembre de 2011, en cumplimiento de la misión constitucional, la Personería de Medellín acompañó a los estudiantes universitarios en el libre ejercicio de movilización ciudadana  y manifestación pública el pasado miércoles 7 de septiembre, como parte de la jornada nacional de protesta contra la Ley 30 de Educación Superior.

De acuerdo con el reporte de esta Agencia del Ministerio Público, en la movilización, en la que se calcula participaron cerca de 10.000 estudiantes y docentes, en contra de la Reforma a la Ley 30, el Esmad con el propósito de disolver la marcha lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, lo que causó la respuesta de los manifestantes quienes lanzaron piedras, artefactos explosivos y el cierre de vías.

Esta situación produjo concentración de gases en la zona residencial, generando pánico colectivo en los habitantes del sector de la Iguaná y alrededores de la Universidad Nacional, quienes presentaron crisis de nervios, lesiones respiratorias en 22 personas, 14 de ellos  niños, niñas y amas de casa, que tuvieron que ser conducidos en vehículos de la Personería a centros hospitalarios.

Tres miembros de la Policía y un funcionario de la personería también resultaron lesionados, otras tres personas retenidas.

Hechos como los ocurridos hacen reiterar a la Personería de Medellín la necesidad de que la Administración Municipal, a través de la entidad competente, disponga de manera preventiva de ambulancias y personal de asistencia, en este tipo de marchas tan concurridas, que permitan actuar oportunamente cuando se presenten hechos lamentables como los antes mencionados.

La Personería de Medellín hace un llamado para que se establezca un diálogo entre los diferentes estamentos de la Universidad, la fuerza pública y los organismos de control, para que hechos violentos como los registrados el miércoles en el recorrido de la marcha no se repitan.

Y en caso de ocurrir, se manejen de manera adecuada con el fin de evitar la vulneración de los derechos de quienes participan en manifestaciones públicas, de la población civil del entorno y evitar daños en bienes públicos y privados como los ocurridos en el transcurso de la movilización contra sedes bancarias, comerciales y demás.

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