El caso de la masacre de Mapiripáni, es la evidencia de que la impunidad en Colombia obliga a las víctimas a recurrir a la justicia internacional.

Observatorio K.
  • La responsabilidad de investigar es del Estado Colombiano no de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos
  • Este caso no debe emplearse para buscar deslegitimar a las organizaciones de defensa de las víctimas ni como distracción frente a la grave situación de Derechos Humanos que vive Colombia.
  • La UE debe respaldar públicamente a las víctimas y a sus defensores y exigir medidas efectivas de lucha contra la impunidad en Colombia que alcanza el 98%.
  • Oidhaco respalda el apoyo de la CIDH, la ONU y diversas organizaciones de DD.HH. a los defensores colombianos, porque gracias a su labor, el Estado ha sido obligado a reconocer e indemnizar a las víctimas.
  • Oidhaco solicita al presidente Santos que en lugar de condenar a los defensores de las víctimas, condene las masacres y luche contra la impunidad.

Bruselas, 7 de noviembre de 2011. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CoIDH- como responsable de la matanza de Mapiripán de 1997, en la que paramilitares de extrema derecha en connivencia con el ejército colombiano, asesinaron y descuartizaron a pobladores de este municipio
colombiano. Ante la impunidad, las víctimas, unas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo- CCAJAR-, recurrieron a la CoIDH para buscar justicia. Previo a la representación de ellas por parte de estos defensores de DD.HH., la justicia colombiano tomó testimonio a las víctimas, entre ellas, a una supuesta falsa víctima
que, según su propio testimonio actual, se hizo pasar por víctima sin serlo. Oidhaco lamenta la posible existencia de falsos testimonios, que ponen en riesgo la credibilidad de las verdaderas víctimas y espera del Estado Colombia una pronta investigación que permita la identificación de todas las víctimas de este crimen Sin embargo un tema central
en este caso es la reacción oficial y su impacto en la legítima lucha de las víctimas y los defensores colombianoscontra la impunidad.

El caso ha desatado numerosas declaraciones por parte de funcionarios del gobierno colombiano que, desafortunadamente, desprestigian la labor de los defensores de las víctimas, en este caso el CCAJAR.

El propio presidente Santos, ha tachado a los abogados de este colectivo de “avivatos” y “corruptos” y los acusa de “minar la credibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Oidhaco le recuerda al Presidente colombiano que las víctimas y sus defensores recurren a la justicia internacional dado el grado inaceptable de impunidad que en Colombia llega al 98%. “Si Colombia investigara, juzgara y llevara a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, las víctimas no necesitarían de la justicia internacional”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización. “Así que”, señala el portavoz, “solicitamos al presidente Santos responsabilidad y respeto en sus eclaraciones hacia las víctimas y sus representantes. Desde Oidhaco queremos pedirle también, que en lugar de condenar la labor de defensa de los DD.HH., condene las masacres, las amenazas y luche para erradicar la impunidad en Colombia”.

Es importante decir en voz alta que los defensores, tal como lo ha manifestado la CIDH, para este caso particular, no fueron quienes reconocieron a la supuesta víctima: “la reconstrucción de los hechos se basó principalmente en el acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación –FGN- y en la información y documentación oficial que el Gobierno aportó”. En dicho pronunciamiento la CIDH recuerda que fue la FGN quién
tomó el testimonio a la supuesta víctima, antes de ser representada por los defensores.
La situación de seguridad de las personas defensoras de los DDHH es dramática, como lo subraya Gustavo Gallón – Director de la Comisión Colombiana de Juristas – .“Treinta y ocho defensores de derechos humanos (33 hombres y cinco mujeres), por lo menos, han sido asesinados o desaparecidos forzadamente durante el primer semestre de este año”.
Oidhaco le solicita a la UE que, “teniendo en cuenta las buenas relaciones que mantiene con Colombia, arrope a las víctimas colombianas y a sus defensores, y exija al presidente Santos, como primera autoridad colombiana, que los respete y que tome como bandera de su gobierno la lucha contra la impunidad”.

Oidhaco, apoya y agradece las manifestaciones de respaldo que han tenido el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y las víctimas que representan por parte de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y de organizaciones nacionales e internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos, entre otros.

Igualmente, manifiesta que “la trayectoria de los defensores del CCAJAR, respaldada en treinta años de labor, durante los cuales han representado a numerosas víctimas y conseguido su reparación ante la justicia internacional y local, no puede mancharse por un caso de doble ineficiencia de la justicia colombiana. Primero el Estado Colombiano abandona a las víctimas de esta masacre y luego reconoce como víctima a una persona que, al parecer, no lo es”, advierte Vallies.

i En julio de 1997, cerca de 80 paramilitares de extrema derecha, cuyo jefe mayor era Carlos Castaño, fueron trasladados desde la región de Urabá por vía aérea hasta los Llanos Orientales y luego por vía terrestre y fluvial llegaron a Mapiripán, y cometieron allí una masacre que durante 14 años ha avergonzado a Colombia. Los militares de la región les permitieron actuar. Los asesinos
permanecieron durante cinco días, del 15 al 20 de julio, en el lugar, sacaron a numerosos habitantes de sus casas, los torturaron, los asesinaron y desaparecieron sus restos arrojando al río Guaviare la mayoría, en un acto de una extrema barbarie conocida internacionalmente. El Estado en su momento abandonó a las víctimas sin investigar ni condenar a los responsables, por lo que
ellas tuvieron que recurrir a la justicia internacional. La CIDH en 2005 condenó al Estado  colombiano como responsable de la masacre y lo obligó a indemnizar a las víctimas. Algunos miembros del ejército encontrados culpables, fueron condenados a cárcel.

Déjanos tus comentarios


Código de seguridad
Refescar

Revista Kavilando

portrevKav 13n1

Publicaciones

Slider

Afiliados a

clacso

cc

Visitas