Sentencias ordenan restituir tierras, investigar a bananeros y pedir perdón en Urabá y Suroeste (Antioquia)

Observatorio K.

Por: Kavilando Redipaz*

El Tribunal Superior de Antioquia ordenó la restitución de tierras en la zona de influencia de Puerto Antioquia, municipio de Turbo, así como la investigación de empresarios exportadores de banano por la presunta financiación de grupos paramilitares y despojo de tierras. Por otra parte, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Antioquia le ordenó a la Fuerza Pública ejecutar un acto público de reconocimiento y petición de perdón a 13 familias campesinas de Montebello, por asesinato, desplazamientos y falsos positivos en acciones articuladas con el paramilitarismo.

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Campesinos despojados, empresarios bananeros y Fuerza Pública son los protagonistas de dos históricas sentencias que ordenan restitución de tierras, acciones de reparación y aportan significativamente a la verdad y la no repetición.

La primera sentencia fue proferida por la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. Este compulsó copias a la Fiscalía para investigar penalmente a los propietarios de las empresas bananeras Uniban, Banacol, Bananeras de Urabá S.A. y a los empresarios Rosalba Zapata y Felipe Arcesio Echeverry Zapata por el presunto delito de concierto para delinquir en la financiación voluntaria de grupos paramilitares. Los hechos indican que se gestó toda una trama del despojo, en la que resultaron beneficiadas estas importantes empresas exportadoras de banano en Colombia.

Esta sentencia también ordena la restitución de 11 predios a familias campesinas en la vereda California, corregimiento de Nueva Colonia, del municipio de Turbo. Estos terrenos están ubicados en la zona de influencia del megaproyecto de Puerto Antioquia, que actualmente presenta líos por el conflicto de interés del actual Gobernador de Antioquia, la familia Gaviria y varios importantes empresarios bananeros, pues son inversionistas en la construcción de este mega proyecto (Montoya, 2020). Por ello, fue necesario el nombramiento de un gobernador ad hoc, acción que se realizó a través del decreto 526 del 2020 (7 de abril) por la ministra del Interior, Alicia Arango, fue nombrado el viceministro de Relaciones Políticas de Colombia, Daniel Andrés Palacio, quién actuará además, como presidente del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) en las decisiones y acciones atinentes al proyecto Puerto Antioquia en el Urabá antiqueño, que contempla la construcción de obras en el puerto Pisisí y Darién (Blu Radio, 2020).

La segunda, a través de sentencia, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Antioquia le ordenó al Ejército Nacional realizar un acto público de reconocimiento y petición de perdón a 13 familias del predio “La Galleta”, ubicado en el municipio de Montebello, por la probada violación de derechos humanos en asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento y amenazas realizadas en esta región. Este ejercicio de terror se gestó en primera instancia contra los miembros de la Sociedad Agropecuaria Horizontes, y luego contra trabajadores y la población en general.

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La Sociedad en mención estaba integrada por personas desmovilizadas de la Corriente de Renovación Socialista – ELN, el 9 de abril del año 1994, como parte de la implementación de los acuerdos de paz que se celebraron entre algunos insurgentes y el Gobierno Nacional, en septiembre de 1993, y en virtud de la Ley 77 de 1989. Así, nació esta Sociedad, ubicada en el Predio denominado “La Galleta”, en la vereda Palmitas del municipio de Montebello en el Suroeste de Antioquia. A modo de plante inicial y como parte de lo acordado, la Asociación fue beneficiaria de un subsidio para compra de tierras por parte del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA (hoy Agencia Nacional de Tierras), en diciembre de 1997. Así, sus asociados adquierrieron el predio “La Galleta”, tal como lo referencia la sentencia.

Según lo señala la sentencia, entre 1998 y 2000 la Sociedad fue importante para la economía de Montebello, pues en el predio “La Galleta”, se emplearon aproximadamente cincuenta (50) campesinos que vivían cerca de esta finca, y que trabajaban en la producción de productos como mandarina, aguacate, limón, maracuyá, maíz, fríjol, tomate, naranja, sandía, yuca y plátano, que abastecían gran parte del municipio. Adicionalmente, esta sociedad, igualmente estaba negociando y se encontraba en estudio de aprobación de proyectos productivos como “la granja autosuficiente”, que beneficiaría a 128 personas y “veredas de desarrollo”, que cubría seis (6) frentes de desarrollo; construcción de escuelas y vías, formación para el empleo.

El Ejército, en asocio con el grupo Paramilitar Bloque Metro, gestaron en el año 2000 toda una ola de terror y zozobra; una persecución contra esta empresa, sus propietarios, trabajadores y la población. Vale decir que, a la fecha, ya se cuenta con dos condenas penales sobre este caso.

En los hechos se resalta los homicidios de José Evelio Gallo Gallo y Ubernei Giraldo, cometidos por parte de la IV Brigada del Ejército, y cuyos cuerpos fueron luego desaparecidos de la morgue donde se encontraban. Así mismo se suma la desaparición de Jairo Hernando Sánchez Gil y el asesinato de otros trabajadores de la empresa y pobladores de la región. Por algunos de estos casos, que además fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y presentados como guerrilleros, el Estado deberá pedir perdón y el Centro Nacional de Memoria Histórica, por medio de comunicaciones públicas, deberá resarcir los derechos de éstas personas y aportar a la verdad.

Se trata de un importante avance, luego de casi 20 años de una larga lucha jurídica y política por la verdad y la reparación para ambos casos beneficiarios de las sentencias, pero, las condiciones hoy, no nos permiten afirmar aún, que exista en Colombia condiciones de no repetición. Una tarea que aún espera de la acción decidida de los entes estatales y de la sociedad en general.

Gerardo Vega, director del Fundación Forjando Futuros, junto con el abogado Julio César Cuastumal, se refirieron en rueda de prensa, realizada el pasado 12 de mayo, a ambas sentencias. Estas corresponden a casos que han acompañado y liderado, alertando sobre la lentitud en los procesos de aplicación de justicia, reparación, restitución e investigación por parte de la Fiscalía. Ellos resaltaron además, la necesidad de llevar los casos de financiación al paramilitarismo por parte de terceros, ante la Corte Penal Internacional ante la inoperancia local, buscando que se pase de la fase de observación a la de indagación en este tribunal internacional.

*Alfonso Insuasty Rodríguez. Docente investigador, Universidad de San Buenaventura, Medellín, integrante de la Redipaz y el Grupo Autónomo Kavilando.

Notas.

Blu Radio. (8 de abril de 2020). Antioquia tendrá otro gobernador para decidir en obras de la familia de Anibal Gaviria. Obtenido de Blu Radio: https://www.bluradio.com/nacion/antioquia-tendra-otro-gobernador-para-decidir-en-obras-de-la-familia-de-anibal-gaviria-antq-247339-ie5117000

Montoya, C. (6 de abril de 2020). ¿El Gobernador de Antioquia, comprará las fincas de los financiadores de su campaña? Obtenido de Contagio Radio: https://www.contagioradio.com/el-gobernador-de-antioquia-anibal-gaviria-comprara-las-fincas-de-los-financiadores-de-su-campana/

Zuluaga Cometa, H. A., & Insuasty Rodríguez , A. (2018). Antioquia: laboratorio y expresión regional de movimientos armados y el pos acuerdo en Colombia. Revista Copala, Año 3(5), 139-159. Obtenido de https://app.box.com/s/oh2a8m3en1m8fcemqk2av4nhlfsufmaf

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