El hambre no aparece de un día para otro, se construye cuando una sociedad pierde, progresivamente, las condiciones materiales para producir sus alimentos, cuando aumenta la dependencia de mercados externos, se encarecen los insumos, se concentra el control de las semillas, se deterioran las fuentes de agua y se debilitan los derechos de quienes trabajan la tierra.
Territorio TECAM Colombia
Por: Alfonso Insuasty Rodriguez*
La derogatoria de áreas protegidas para producir alimentos, el debilitamiento de la Reforma Rural Integral, la presión minera sobre territorios agrícolas y la desprotección de los saberes campesinos configuran un escenario de creciente vulnerabilidad alimentaria. Colombia enfrenta, además, un fenómeno de El Niño de intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.
Desde esta perspectiva, las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella permiten identificar una convergencia de políticas que puede comprometer la soberanía alimentaria colombiana. Así, al examinar cómo se están desmontando protecciones, producción propia, desconociendo realidad de contexto, se van acumulando riesgos que podrían conducir a una alimentación más costosa, insuficiente y nutricionalmente deficitaria.
Es preciso recordar que, en 2022, en el Gobierno de Iván Duque, cerca de 15,5 millones de personas en Colombia enfrentaban inseguridad alimentaria moderada o grave, según los resultados divulgados por el DANE y la FAO. La cifra reveló una crisis que no podía explicarse únicamente por la disponibilidad de alimentos: también intervenían la pobreza, la desigualdad territorial, los ingresos insuficientes y las dificultades para acceder a una alimentación adecuada (DANE & FAO, 2024).
Estos datos muestran la magnitud de una vulnerabilidad que puede agravarse cuando se deterioran las condiciones económicas, productivas y climáticas.
La tierra para los alimentos, disponible para otros intereses
Una de las decisiones más preocupantes es el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), instrumentos de ordenamiento territorial que buscaban preservar suelos estratégicos frente a la expansión de actividades incompatibles con la producción agrícola.
El Ministerio de Agricultura derogó declaratorias en La Guajira, Sabana Centro, Córdoba y el suroeste antioqueño. Una reciente investigación de CAMBIO encontró que en antiguas áreas protegidas existen solicitudes mineras de oro, cobre y plata que se superponen con más de 10.000 hectáreas. El 5 de noviembre, el mismo medio reportó 35 solicitudes mineras en áreas de Antioquia, Córdoba y Tolima.
El Gobierno argumenta que las APPA presentan dificultades jurídicas y restringen competencias territoriales, sin embargo, el resultado concreto de derogarlas es retirar una protección especial a suelos destinados a producir alimentos para darle paso al trámite de crecientes solicitudes mineras, ahora bien ¿quiénes podrán acceder a esos territorios?, ¿qué intereses económicos resultarán beneficiados?, ¿Quiénes?
La preocupación adquiere otra dimensión cuando se consideran las denuncias públicas sobre posibles conflictos de intereses y relaciones empresariales del presidente y personas de su entorno con actividades extractivas.
Debilitar la Reforma Rural Integral y al sujeto campesino
La segunda dimensión es el ataque a la Reforma Rural Integral, punto uno del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el Gobierno solicitó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas retirar este componente del mandato de verificación internacional. Aunque esto no elimina jurídicamente el compromiso estatal, sí reduce el alcance del seguimiento externo sobre una transformación fundamental para superar la desigualdad rural.
A ello se suma el cuestionamiento del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, incorporado mediante el Acto Legislativo 01 de 2023. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que dejaría de utilizar la palabra «campesino», proponiendo otras denominaciones, esta controversia no es menor, el campesinado no es solamente una categoría ocupacional, sino un sujeto histórico, político, cultural y territorial.
La descalificación de sus formas de nombrarse, organizarse y producir también tiene consecuencias, cuando se desprecia su identidad y se subordinan sus conocimientos a una concepción empresarial del campo, se debilitan las bases sociales de la soberanía alimentaria.
En la misma dirección debe examinarse la política de tierras, no basta con contabilizar hectáreas entregadas o formalizadas, es necesario establecer si continúa la adjudicación efectiva, si se protegen los predios restituidos y si las comunidades recuperan condiciones reales para producir.
Las denuncias del senador Iván Cepeda y Felipe Hartman sobre posibles beneficios a personas vinculadas con el despojo, usurpación de bienes entregados a los campesinos, acciones violentas en fincas entregadas o retornadas a sus dueños nos dan cuenta de un mal estructural que avanza.
Semillas: dependencia económica y pérdida de autonomía
La controversia sobre las llamadas «semillas de costal» expresa otro conflicto de fondo, las semillas nativas y criollas no son residuos de una agricultura atrasada, constituyen patrimonio biocultural, diversidad genética y conocimiento acumulado por generaciones de comunidades campesinas e indígenas.
La regulación sanitaria y de calidad de semillas puede cumplir funciones legítimas, la Resolución ICA 15141 de 2024 establece requisitos para semillas producto del mejoramiento genético, pero, no debe confundirse esa regulación con una prohibición general de las semillas nativas. El problema aparece cuando los requisitos técnicos se convierten en barreras que favorecen a quienes tienen capacidad financiera y tecnológica para cumplirlos, mientras se desconocen los sistemas comunitarios de conservación e intercambio.
La dependencia de unas pocas empresas proveedoras puede aumentar los costos, reducir la diversidad agrícola y limitar la capacidad de los productores para guardar y reproducir sus semillas. El lenguaje despectivo del ministro no es un asunto superficial: contribuye a deslegitimar saberes y prácticas que sostienen la reproducción de la vida. Es una forma de violencia simbólica y epistémica cuando convierte el conocimiento campesino en algo que debe ser desplazado. Así se inmovilizan avances como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y seguido herramientas como la jurisdicción agraria, entre otras.
Insumos costosos, importaciones y dependencia alimentaria
La producción agrícola también depende del precio de fertilizantes, combustibles, transporte y otros insumos. Cuando estos aumentan, los pequeños productores tienen menos capacidad para absorber los costos. El resultado puede trasladarse al precio de alimentos básicos o traducirse en menor inversión, reducción de áreas sembradas y pérdida de rentabilidad.
El DANE dispone de una serie oficial de precios de insumos agropecuarios que permite seguir este comportamiento. La evaluación del impacto de las decisiones económicas del Gobierno debe hacerse con esas series y no únicamente con declaraciones generales.
En materia comercial, el TLC con Estados Unidos estableció contingentes de importación para productos sensibles, entre ellos el arroz, el contingente inicial de arroz estadounidense fue de 79.000 toneladas, con incrementos anuales del 5 %. La apertura progresiva aumentará la competencia sobre los productores nacionales, especialmente si no cuentan con medidas equivalentes de protección, financiación y asistencia técnica, como ahora lo es.
El mismo examen debe hacerse sobre la leche y los derivados lácteos, no es suficiente afirmar que las importaciones favorecen deliberadamente a empresas norteamericanas, pero sí es legítimo preguntar si se está protegiendo la producción nacional y el ingreso de quienes producen alimentos o profundizando su vulnerabilidad frente a grandes cadenas internacionales.
El agua y el fenómeno de El Niño: una amenaza inmediata
La dimensión climática vuelve más urgente este panorama, el IDEAM declaró oficialmente el fenómeno de El Niño el 8 de octubre de 2026, su pronóstico estima un 83 % de probabilidad de intensidad fuerte a muy fuerte hasta marzo de 2027. El fenómeno puede reducir precipitaciones, afectar caudales, presionar los sistemas de abastecimiento y ocasionar pérdidas en cultivos y medios de vida.
En estas condiciones, la gobernanza del agua no puede limitarse a respuestas de emergencia, se requieren planes territoriales de abastecimiento, protección de cuencas, almacenamiento, riego comunitario, apoyo a pequeños productores y prevención de pérdidas agrícolas.
La falta de preparación puede traducirse en menor oferta de alimentos, aumento de precios y dificultades de acceso para los hogares más pobres.
La política tributaria también decide qué comemos
La discusión fiscal debe incorporar el derecho a la alimentación; una reforma que aumente la carga tributaria sobre alimentos básicos o saludables podría afectar de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. También merece escrutinio cualquier propuesta que reduzca impuestos a productos ultraprocesados mientras encarece alimentos frescos.
Por otra parte, se ha denunciado, en medios como Vorágine, que la llamada ley de salvamento grava alimentos básicos con IVA pero reduce la carga sobre embutidos, siendo Nutresa la mayor productora de este tipo de cárnicos. El debate es álgido y está abierto.
¿Cuándo podría sentirse una crisis alimentaria más grave?
Colombia no parte de cero, según DANE y FAO, en 2025 el 21,1 % de los hogares experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, y el 3,4 % inseguridad grave, en Chocó, la primera alcanzó el 56,8 % y la segunda el 17,9 %. Son cifras que muestran que hay territorios donde la crisis ya tiene expresiones severas.
No es científicamente posible fijar una fecha para una hambruna nacional a partir de las decisiones examinadas, pero sí, pueden anticiparse ventanas de riesgo. Entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027, la combinación del fenómeno de El Niño, eventuales pérdidas de cosechas, presión sobre el agua y encarecimiento de alimentos podría profundizar la inseguridad alimentaria, especialmente en hogares rurales, periferias urbanas y departamentos históricamente vulnerables.
En los meses siguientes será fundamental vigilar los precios de la canasta básica, las áreas sembradas y las cosechas, el costo de fertilizantes, los niveles de embalses y acueductos, la disponibilidad de leche y arroz, la desnutrición infantil y los indicadores oficiales de inseguridad alimentaria. Si esos indicadores se deterioran simultáneamente, el país deberá activar respuestas extraordinarias.
El hambre no es una fatalidad climática ni una consecuencia inevitable del mercado, también depende de decisiones políticas, defender la tierra para producir alimentos, la Reforma Rural Integral, las semillas propias, el agua y los derechos campesinos es defender el derecho de toda la sociedad a alimentarse.
La soberanía alimentaria no puede quedar subordinada a los intereses mineros, financieros, comerciales o corporativos. Cuando se debilita la capacidad de los pueblos para producir y decidir sobre sus alimentos, se compromete la vida misma.
* Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, parte de REDIPAZ y grupo Autónomo Kavilando.
Referencias
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026, 21 de mayo). Inseguridad alimentaria a partir de la escala FIES: información 2025. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/escala-de-experiencia-de-inseguridad-alimentaria-fies
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2024, 23 de octubre). Resolución 15141 de 2024. https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2024/202400015141
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2026, 8 de octubre). IDEAM confirma el fenómeno de El Niño y UNGRD articula la preparación nacional para afrontar sus efectos. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/ideam-confirma-el-fenomeno-de-el-nino-y-ungrd-articula-la-preparacion-nacional-para-afrontar-sus
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2026). Lista de resoluciones. https://www.minagricultura.gov.co/normatividad/resoluciones
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (s. f.). Preguntas frecuentes: Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Origen1/2_4_7_7_1_USA_%20Preguntas_Frecuentes_APC.pdf
CAMBIO. (2026, 1 de noviembre). De tierras para alimentos a solicitudes de oro, cobre y plata: lo que encontró CAMBIO tras el desmonte de las APPA. https://cambiocolombia.com/pais/articulo/2026/10/la-cruzada-de-de-la-espriella-contra-las-appa-y-los-intereses-mineros-que-se-cruzan-en-el-camino
Green Peace. (2026, 29 de octubre). Revocar la protección de la Amazonía colombiana es un grave retroceso social, ambiental y climático https://www.greenpeace.org/colombia/noticia/campanas/bosques/revocar-la-proteccion-de-la-amazonia-colombiana-es-un-grave-retroceso-social-ambiental-y-climatico/
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