¿Qué se esconde tras las persecuciones a las organizaciones sociales?

Linea Territorio y despojo

Desde finales del mes de abril, y durante todo el pasado mes de mayo, se ha suscitado un intenso debate entre las organizaciones sociales y de derechos humanos en torno a la grave situación de persecución estatal y mediática que, durante todo el año, se ha venido desarrollando en torno a la actividad que estas organizaciones realizan en las comunidades, en aras de la defensa de los derechos de los sectores y movimientos sociales. El debate ha surgido a partir de un comunicado de prensa de la agencia IPC, donde se devela que, según informes de inteligencia de la IV brigada y el CTI, los partidos políticos Alianza social indígena y Polo Democrático Alternativo, además de un número bastante grande (más de 30) de organizaciones sociales, de derechos humanos, movimientos estudiantiles y sociales, serían supuestamente organizaciones fachada de las FARC, y de su brazo político, el partido comunista colombiano clandestino (PC3).

 

El asunto no sería de por si raro, habida cuenta de una tradición reiterada, por parte de los medios de comunicación privados, y del Estado, de señalar a las organizaciones opositoras al sistema económico-político-militar del país, como miembros de un supuesto “entorno terrorista”, que realizan actividades de propaganda, organización y deslegitimación del Estado, y, en los últimos años, del gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. A fin de cuentas, la aplicación de la estrategia de “guerra de cuarta generación”, que consiste en el uso de los medios de comunicación como transmisores de un mensaje sesgado políticamente para señalar, amedrentar y atacar a la oposición política, y la aplicación del derecho penal de autor, para imputar cargos delictivos con base en supuestos, y en ciertos rasgos coincidentes de ideas políticas, es una cosa de aberrante rutina en la historia de nuestro país desde hace mas de 20 años.

 

Lo que preocupa, es el carácter sistemático y generalizado con que se viene realizando desde comienzos de este año, los sectores contra los cuales va dirigida esta campaña, el momento económico-político en que se desarrolla, signado por una crisis estructural del capitalismo global y nacional, altísimos índices de desempleo, desplazamiento masivo, recrudecimiento de la violencia en varias ciudades del país y una casi definitiva privatización de la economía, con el referendo (adulterado) del agua y la ley de TICS, como corolario de un desastroso manejo de la economía nacional, por parte de la oligarquía colombiana enquistada en el poder del Estado.

El contexto global: la crisis económica y sus repercusiones.

Actualmente, La economía global sufre una gravísima crisis estructural, reflejada en la caída de los precios de las viviendas de Estados Unidos, en primer lugar; pero, como la crisis iniciada alrededor del sector inmobiliario se sustentó en el desarrollo de una burbuja especulativa, en base a las famosas “hipotecas subprime” (también conocidas como “hipotecas basura” o “hipotecas ninja”), la crisis inmobiliaria ocasionó correlativamente el abrupto colapso de megabancos transnacionales y de todo el sector financiero del capitalismo global; por último, lo que es peor todavía, lo anterior hizo contagió a la economía mal llamada “real” (como si la otra, la especulativa, fuera “irreal” en sus efectos sobre la deuda de los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo), es decir, la economía industrial y de servicios, las únicas que pueden crear legítimamente plusvalía en el actual sistema económico capitalista globalizado. Como consecuencia de esto, al escenario al que asistimos es al de una crisis de sobre-acumulación y de sobreproducción a escala mundial, cuyos orígenes remotos provienen de principios de los años 70, y cuyos efectos se sienten de manera durísima sobre las economías de América Latina, y particularmente sobre la economía colombiana.

 

En Colombia, las cosas no han sido mejores. Por el contrario, las cifras son alarmantes y, cuando menos, catastróficas. En su “Informe sobre la coyuntura económica, laboral y sindical en 2008- 2009”, la Escuela Nacional Sindical, manifiesta lo siguiente:

1. “En 2008, la cifra de empleados cayó 5.6% en el sector privado, y 6.7% en el gubernamental. En contraste, subió el número de personas en actividades caracterizadas como informales y de rebusque, especialmente los ocupados en la categoría “cuenta propia”, que de 2007 a 2008 crecieron en 14,6%; y los ocupados sin remuneración en empresas, aumentaron 6.9% en el mismo período. 

2. Los trabajadores cotizantes al régimen contributivo de salud son apenas el 45.2%. Además, alrededor del 70% de los trabajadores no están afiliados a cesantías, cajas de compensación, fondo de pensiones y riesgos profesionales. Indicadores asociados a la alta informalidad y múltiples formas de precarización y flexibilización laboral, las cuales generan mecanismos para evadir los derechos de protección integral a los que debe acceder el trabajador. Igualmente, y respecto al estado de la economía colombiano en lo que va del presente año, reproducimos un apartado del “informe de las centrales sindicales a la 98 conferencia internacional del trabajo”

 

3. “Según datos del DANE, en el primer trimestre del año 2009 se registro un 12.9 % de desempleo, 0.8 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. La presentación de estas cifras generó una gran polémica al registrar un aumento de 429.000 colombianos ocupados simultáneamente con una caída de 12,8 por ciento en la producción industrial y de 4,1 por ciento en el comercio. El director del Observatorio de la Seguridad Social del Externado señala con toda la ironía posible que Colombia encontró la fórmula para aumentar el empleo en medio de grandísimas dificultades económicas”.

 

Como se puede ver a simple vista, el panorama del país es desesperanzador, y no sólo por el estado actual de cosas, sino porque, además, frente a la situación presentada, vemos a una dirigencia económica y política inmutable frente a la debacle de la clase trabajadora, más preocupada con el problema de la reelección, del aumento de sus riquezas como clase y de la “lucha contra el terrorismo”, que en orientar el rumbo de la economía por el camino de la soberanía, la democracia y la justicia social.

Panorama nacional: un país que se derrumba progresivamente.

La crisis económica global, en medio de la cual nos encontramos, no hace más que reproducir el escenario en que se desenvuelve la vida económica, política, social y cultural de nuestro país, desde los tiempos de la violencia, inaugurada “oficialmente” con el asesinato de Gaitán en 1948. Si algo caracteriza a nuestra burguesía nacional, es su carácter irracional, despiadado, terrorista, irresponsable y funcional a los intereses de potencias extranjeras. “Nuestra” burguesía nunca ha sentido el más mínimo complejo de culpa por arrastrar en la vorágine del terror y la miseria social al conjunto de las clases desfavorecidas de la nación.

Como secuela de la violencia inveterada en que vivimos, nuestras ciudades albergan a más de 4.500.000 desplazados, el narcotráfico ha devenido la solución económica (ilegal e inmoral, pero permitida y fomentada desde la cúpula del poder político) a la profunda desigualdad socio-económica en que vivimos, la cultura se ha transformado en un asunto modas, los campus universitarios han devenido un cementerio de ideas, el campo colombiano la excusa para privilegios de las fuerzas armadas, bajo la bandera de los “falsos positivos”, las comunas de las ciudades entes de vigilancia, control y terror sistemático, etc.

En fin, la vida del país ha transcurrido, durante los últimos 20 años, como un ciclo de terror, desesperanza, autoritarismo, desempleo, incultura y desarraigo constantes. Todo esto, acompañado de unos medios de comunicación privados, que fungen el papel de altoparlantes de la burguesía, promoviendo valores de consumo imposibles en nuestro país, a no ser insertándose en las formas de economía ilegal, muy especialmente en el narcotráfico. Es decir, vivimos en un país cuyos medios, detentadores del poder sobre la opinión pública, promueven intereses económicos directamente funcionales a formas de economía ilegal y, además, para decir una verdad de Perogrullo, inmorales desde todo punto de vista.

 

Un país cuyo desarrollo marca el paso de la ilegalidad, del terror y de la inmoralidad, no puede ser más que un país que marcha directamente al abismo, no puede ser más que un país que se derrumba progresivamente. La medida de dicho derrumbe se halla en la “para-política”, fenómeno detrás del cual se esconde la hegemonía de la nación por los sectores más despiadados de la burguesía colombiana, amparados en la figura semiautoritaria, semiestupida, y excesivamente brutal, del actual presidente, Álvaro Uribe Vélez.

 

Las contradicciones sociales fermentan la lucha social.

 

El ciclo de desigualdad, protestas sociales, represión y terror generalizado, no ha hecho más que agravarse durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez, por cuanto, durante su administración, no sólo la escalada de privatizaciones ha sido tendencialmente superior a gobiernos anteriores, sino que también las medidas de contención militar, cobijadas bajo el velo encubridor de la “seguridad democrática”, se han cualificado en cantidad, calidad y resultados contra la población civil y los movimientos sociales.

Durante sus casi siete años de gobierno, Álvaro Uribe a privatizado empresas clave de la economía y el bienestar social del país, tales como ECOPETROL, TELECOM, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, BANCAFE etc. Montado en el caballo de Troya de la “guerra contra el terrorismo”, ha desarraigado zonas campesinas ricas en recursos minerales, acuíferos, hidrocarburos, propicias para el negro negocio (social y ambiental) de los agrocombustibles. En defensa de la oligarquía financiera, realizó el saqueo más grande de la historia nacional, muy superior incluso al de CAJANAL: desmanteló a las famosas “pirámides” y se aseguró un botín económico gigantesco, imposible de acumular en estos tiempos de crisis económica, mientras a los inversores robados les envió el brazo “heroico” de las fuerzas militares para el control del “orden público”. Estos pocos hechos esbozados dan cuenta de las agudas contradicciones sociales generadas en los últimos años, por una políticas burguesa, neoliberal y decididamente oligárquica, que apuntala los beneficios de los capitalistas, nacionales y extranjeros, en perjuicio de la estabilidad laboral y social de millones de colombianos.

 

Como consecuencia, la dinámica de protesta social, pese a su fragmentación y falta de sostenibilidad, se ha reactivado a lo largo del país, bajo formas a veces insospechadas: la huelga de la USO en defensa del petróleo colombiano, los paros de transportadores por la política de peajes y precios de los combustibles, el paro de corteros de caña que se alzan contra formas de contratación laboral peores que el servilismo del régimen feudal, el paro judicial y, la más asombrosa revuelta popular de los últimos años: la revuelta de los inversores de las pirámides arriba mencionadas. Este nivel de confrontación contra el estado y orden económico capitalista, y su recurrencia en el tiempo, dan cuenta de una profunda brecha social, generada por políticas económicas clasistas, que enfrentan, consciente o inconscientemente, al conjunto de las clase y capas pobres de la sociedad, con el Estado y la oligarquía que detenta su domino.

La dialéctica histórica y los temores de la oligarquía.

Indiscutiblemente, y pese a lo antes señalado, la estructura económico-política del país presenta un cuadro de estabilidad sostenido. Ello, no tanto porque las acciones del Estado no generen animadversión, propaganda y movilización populares, como por el carácter sistemático de la represión, el aumento gigantesco y desorbitado de las fuerzas militares, así como por la hegemonía ideológica casi absoluta e incontestable, visto el estado actual de los movimientos sociales y populares.

La sociedad colombiana ha sufrido en los últimos 20 años un proceso de despolitización vertiginoso, cuyas causas van desde el exterminio sistemático y planificado del sindicalismo, del movimiento campesino y demás sectores sociales, pasando por el desarrollo masivo de una propaganda incitadora del consumismo y estilo de vida de países superdesarrollados, hasta un control absoluto y sesgado de la información, factores todos que actúan sobre la conciencia social y política en sentido alienante y permisivo con el status quo.

Esto no obstante, la dialéctica histórica, el desarrollo de los procesos económico-políticos y las reacciones que generan en la sociedad, han demostrado suficientemente que una situación tal no puede sostenerse indefinidamente, más aún, que cualquier tipo de control autoritario y populista, por mas carácter estable que presente, siempre se estrella con el muro de la realidad que genera el capitalismo, un muro que consiste en arrojar a la enorme masa de la población a la lucha política contra el estado y las clases dominantes, quebrando la estabilidad y transformando el panorama en un cuadro de tenaz lucha de clases.

Este marco de ruptura de la estabilidad por los resultados de crisis económicas es el que actualmente comenzamos a vislumbrar, pues los efectos de la crisis en la economía nacionales están resultando devastadores para la supervivencia de la enorme masa de la población colombiana, y en momentos de conflicto armado, incipiente re-constitución del movimiento sindical y social, desvelamiento de casos de corrupción, parapolítica y prevaricato generalizado etc., conllevan el quiebre de la seguridad del capital y abren la vía para una nueva ola de lucha social y política, para un nuevo auge de la lucha anticapitalista, de la lucha de clases.

Las clases dominantes saben esto a la perfección, siendo esta la razón por la que, pese a gozar de una amplia hegemonía social política, económica, no se sienten seguras de su poder, y preparan por todos los medios medidas de choque que les permitan conservar la tutela y el manejo del Estado y, con el del conjunto de la vida del país.

Las organizaciones sociales: he ahí el fantasma que recorre las mentes de la oligarquía.

De este marco de análisis surge, de manera lógica, el plano interpretativo en que se distingue claramente el estado actual de persecución a las organizaciones sociales y de derechos humanos. En la óptica del Estado burgués, el trabajo comunitario, social, político, de denuncia, que llevan a cao dichas organizaciones, resulta potencialmente subversivo para los intereses de la burguesía, y su pronta y efectiva represión aparece como una tarea de primer orden, en vistas a consolidar y preservar la dominación de clases existente.

Si un  fantasma recorre a Colombia, en particular las mentes de los burócratas y plutócratas del país, ese fantasma es el de las organizaciones sociales, populares, de derechos humanos. La actual crisis resulta un explosivo muy peligroso, si prende la mecha de la organización social en una población cada vez mas empobrecida y reprimida. El exterminio, o por lo menos el desprestigio global de dichas organizaciones, viene a ser una tarea primordial en la agenda del gobierno, toda vez que de él depende mantener el actual estado de cosas. Ahora bien, puesto que, en vista a la creciente presión de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país, por partes del estado y las fuerzas paramilitares, el decantarse por las vías jurídicas, haciendo uso de la propaganda masiva, de falsos testigos, de la intimidación y el chantaje, resultan ser herramientas poderosas para llevar a cabo su objetivo.

 

Esto es, el Estado está haciendo uso de una triple estrategia para mantener controlada a la sociedad y para reducir o eliminar a las organizaciones sociales: la primera, muy constantemente desarrollada por los medios, la constituye la aplicación sistemática de la doctrina del schock, ejecutando acciones de bandera falsa o exagerando el ambiente de inseguridad del país para obtener réditos en prestigio y legitimidad en su política de “seguridad democrática” La segunda estrategia se encaminan a acciones de guerra psicológica contra la población, conocidas como “guerra de cuarta generación”, para generar matrices de pensamiento afines al status quo. La última de las estrategias (blancas, es decir, por fuera de la aplicación del terrorismo estatal), la constituye la propaganda constante de desprestigio de las organizaciones sociales llevada a cabo por los medios de comunicación, en vistas a identificar en un plano ontológico los movimientos sociales con “organizaciones terroristas” y socavar así su legitimidad y arraigo social.

¿Se puede ver la luz al final del túnel?

Los procesos históricos, como todo proceso de larga duración, son discontinuos, zigzagueantes y, en ocasiones, impredecibles. El cambio de curso que pueda tomar el estado de cosas social, político, económico del país, depende, en gran medida, de a conciencia que sobre dicho estado tengan las organizaciones sociales, y de la planificación sistemática de sus acciones en vistas a tres órdenes de tareas prioritarias: la formación de una autentica conciencia de clases en las capas más empobrecidas, la organización socio-política, y la orientación constante de la sociedad civil organizada para la lucha política contra el Estado represivo y expoliador al que nos hallamos sometidos.

La historia, como siempre, le dará la última palabra a quienes tengan la serenidad del juicio para pensar las condiciones actuales, y la audacia para actuar decididamente en aras de una auténtica transformación social, democrática y progresista.

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