CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQ

Linea Territorio y despojo

EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO  Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, quiere hacer públicas las siguientes reflexiones.

Antecedentes:

1.      El día 12 de mayo del presente año, fue ampliamente divulgado por algunos medios de comunicación social, un documento de la Agencia de Prensa IPC (Instituto Popular de Capacitación), que da cuenta  de un informe de inteligencia  preparado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), en coordinación con la IV Brigada del Ejército, en el cual se señala, entre otras, a algunas organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales, defensoras de los derechos humanos,  de hacer parte del organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC).

 

2.       A partir  de dicho informe, “Desde el pasado 3 de abril y por cuenta de la reapertura del proceso penal han sido vinculadas 13 personas, de ellas 4 comparecieron libremente para definir su situación jurídica. Otras 4 han sido capturadas en las últimas semanas. Todos están sindicados del delito de rebelión”[1]. 

3.      Al parecer dicho informe ha tenido como sustento principal, dos testigos que fungen como desmovilizados y “Lo particular de la versión de ambos testigos en este proceso es que ratificaron los informes de inteligencia militar sobre las presuntas relaciones de las organizaciones no gubernamentales y estudiantiles con el PC3, sindicando a profesores de diversas Facultades, en particular de de Derecho, así como a investigadores del Instituto de Estudios Regionales (Iner) y a las directivas universitarias, entre ellas al actual rector Alberto Uribe Correa y varios de sus vicerrectores”[2]. 

4.      Según el informe de prensa de la Agencia de Prensa IPC, “Los abogados defensores están a la espera que se determine el procedimiento por el cual se debe continuar con la investigación, pues hasta el momento se ha hecho bajo las normas consignadas en la Ley 600 de 2000, que le permite a la Fiscalía actuar sin el control de un juez de garantías […] Los juristas que asisten a los procesados pretenden que el proceso se tramite siguiendo los postulados de la Ley 906 de 2004, toda vez que los hechos que se investigan tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006”[3]. 

5.      El día 16 de mayo del presente año, se conoció un pronunciamiento público de la Corporación Jurídica Libertad, donde se denuncia que está circulando por internet, un documento en el cual se han impostado el logotipo de la institución y las firmas de dos de sus integrantes y donde se señala a personas y organizaciones sociales como integrantes de las Farc y del Eln”[4].
6.      Es de público conocimiento que tres jueces de la República declararon ilegales las capturas contra varias personas que fueron aprehendidas en los predios de la Universidad de Antioquia,  el día 20 de marzo del presente año. 

Frente a estos hechos, queremos afirmar lo siguiente: 

1.     EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, REITERA su compromiso con los valores del Estado Social y Democrático de Derecho y, por lo tanto, censura cualquier práctica que lesione derechos fundamentales tales como el derecho a la asociación, a la libre expresión de las ideas, a la libre militancia en cualquier partido político, al disenso, a la libertad de cátedra y al debido proceso, entre otros. Nos parecen censurables e incompatibles con esos valores, prácticas como las de valerse de testigos interesados; que se persigan, como si fueran conductas punibles, actividades tan loables y necesarias como la defensa y promoción de los derechos humanos y que se censuren personas por ejercer libremente su profesión.  EL CLAUSTRO, afirma la legitimidad del Estado para perseguir y juzgar los hechos punibles, siempre y cuando se haga respetando los principios y valores constitucionales. 

2.     Nos parece, igualmente, que prácticas como el reciente allanamiento a las instalaciones universitarias, sin respetar las formas legales, como lo han reconocido varios jueces de la República, constituyen un atentado contra la autonomía universitaria y un grave riesgo para los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Un Estado de Derecho no puede tolerar, que por razones de eficiencia, y con el pretexto de combatir algunas manifestaciones de criminalidad, se ponga en duda el buen nombre y la integridad física y moral de todos los universitarios y mucho menos que autoridades que no son legalmente competentes para ello, promuevan y ordenen allanamientos indiscriminados e ilegales. 

3.     Consideramos que las máximas autoridades universitarias, le prestarían un gran servicio a la autonomía universitaria, si mostraran una posición clara y contundente frente al procedimiento que dio como resultado la captura ilegal de algunas personas en sus predios el día 20 de marzo de 2009.  

4.     A nuestro juicio, procesos penales montados sobre dichos y medios de prueba sin fundamento, y donde se confunde actividades legítimas con hipótesis delictivas, además de atentar contra el Estado de Derecho, crean una gran zozobra en la comunidad universitaria y perturban gravemente el funcionamiento de la Universidad, que en el caso de nuestra f
acultad, tiene su fundamento en el “Espíritu crítico y el compromiso social”.

 

Medellín, 18 de mayo de 2009.

Notas.

[1] Informe de Prensa IPC. Ver. http://www.ipc.org.co/page/index.php?option=com_content&task=view&id=1433&Itemid=30
[2] Ibídem.
[3] Ibídem.
[4] Pronunciamiento Público de la Corporación Jurídica Libertad, del 16 de mayo de 2009.

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