TOQUE DE QUEDA

Linea Territorio y despojo

SOBRE LA RECIENTE IMPOSICIÓN DE UN NUEVO “TOQUE DE QUEDA” EN LAS COMUNAS DE MEDELLÍN.

En los últimos días han salido en diversas comunas de la ciudad de Medellín panfletos amenazantes contra “prostitutas”, “viciosos”, “prepagos”, “sidosas” y demás personas que, consabidamente, entran en las prácticas de lo que, consuetudinariamente, y en una siniestra interpretación de los males de la sociedad, se ha dado en llamar “limpieza social”.

Este término, que bebe del más retrogrado y atrasado darwinismo social y sociológico (el de Herbert Spencer y cia.), ha sido el arma privilegiada del sicariato organizado o paramilitarismo para legitimarse al interior de las sociedades urbanas. Ha sido una práctica recurrente de la extrema derecha el recurrir a métodos de legitimación basados, no en el desarrollo de procesos formativos y organizativos en las comunidades sociales, impulsando movilizaciones reivindicatorias de derechos, sino en la eliminación sistemática de pluralidades políticas, sexuales, sociales y de género, amparados en un imaginario social conservador, religioso y fanático que, no habiendo conocido la experiencia cultural de la modernidad, aún sigue identificando “diferente” con “peligroso”.

 

En un primer nivel, el panfleto mencionado da cuenta de una verdad de Perogrullo sostenida desde hace mucho tiempo por la organizaciones de derechos humanos: que el paramilitarismo no fue realmente desmovilizado, sino que tan solo cambió las modalidades de acción antiguas (boleteo, asesinatos abiertos, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, control de área) por formas encubiertas que, garantizándole pleno sostenimiento de la dominación territorial, les añadía la ventaja no despreciable de mimetizarse ante la comunidad internacional, y al Estado, la de arrojar lejos de sí el oprobioso título de generador de una política global, consistente en atacar las disensiones sociales exterminando a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas.

 

Durante algunos años, al amparo del proceso de “san José de Ralito” y de la “ley de justicia y paz”, el Estado, pero más aun la alcaldía de Medellín, pretendieron negar ese secreto a voces, según el cual las estructuras paramilitares seguían funcionando en extensas zonas del país, en general, y en la ciudad de Medellín, en particular. Esta fue la joya con que la alcaldía quiso adornarse el año pasado, durante la cumbre de la OEA, e incluso todavía reflejada en carteles, pasacalles y vallas que hablan de una violencia que no debe volver a la ciudad, como si alguna vez se hubiese ido. Ahora, frente a la evidencia tozuda de los hechos, negadores absolutos de teorías e hipótesis erróneas, se pretende presentar a estas estructuras como “emergentes”, como la confirmación contemporánea de la vieja teoría aristotélica de la generación espontanea.

 

Frente a esta interpretación, cabe exponer esta otra. El rebrote manifiesto del accionar paramilitar en Medellín tiene dos líneas convergentes de interpretación. De un lado, la lucha de viejas y nuevas organizaciones de narcotraficantes que compiten por el poder territorial en diversas zonas de la ciudad, sumadas al innegable accionar de la alcaldía en contra de la “oficina de Envigado”; y, del otro, a la atomización de la estructura paramilitar de la ciudad tras la extradición de “don Berna” a los Estados Unidos, lo que ha conllevado a la fragmentación de la misma y al deseo de mandos medios de esa organización de hacerse con el pleno poder de sus zonas de influencia. La convergencia de estas dos líneas de interpretación se pone de relieve en la política de alianzas que cada una de las fracciones paramilitares establece con uno u otro sector del narcotráfico para desarrollar sus objetivos de poder territorial y político.

 

De esta doble situación surge, para cada fracción paramilitar en pugna, la necesidad, el interés y la vocación a buscar legitimidad social, haciendo para ello de las minorías sexuales, de las trabajadoras de la calle y de las personas en situación de diferenciación social, el objeto privilegiado de su accionar autolegitimador: la eliminación de “los otros”, en tanto que “escorias sociales”, nos legitima a “nosotros”, como organización, frente a una comunidad que no admite las diferencias y que, en tal caso, ve con ojos aprobatorios políticas de exterminio contrarias a cualquier tipo de humanismo y violatorias en grado sumo de los derechos humanos. Más claro aun: ustedes (la comunidad) y nosotros (los grupos paramilitares) somos uno, contra los otros (“prostitutas”, “viciosos”, “sidosas”) que son la amenaza real.

 

Pero, en un segundo nivel, es de importancia política primordial entender que, cuando se conciben las diferencias sociales como antagonismos, lo que se está operando, a nivel ideológico, es una mistificación que tiene por objeto encubrir las causas reales que estructuran las desigualdades sociales realmente importantes: las  económicas y políticas, que configuran la explotación y la dominación.

 

¿Acaso algunos partidos neofascistas en la Vieja Europa y en Estados Unidos no hacen uso ideológico de los “inmigrantes”, de los “fundamentalistas” y de los “negros” para encubrir la dominación omnímoda del sistema de mercado? ¿No estamos asistiendo actualmente a políticas discriminatorias en Europa que ubican al inmigrante como delincuente, asesino y escoria social, sea este musulmán, colombiano o de cualquier otro país? Y por analogía ¿En las operaciones de limpieza social no se trata de ubicar en el papel de delincuente, “escoria” y “mal de la sociedad” a quien, a decir verdad, es la primera de las víctimas de la forma en que esta se haya organizada?

 

He aquí un ejemplo arquetípico del problema de la ideología: una representación mistificada de la realidad, que se hace funcional, por su misma naturaleza, a las estructuras de poder político y económico vigentes. El miedo que la sociedad tiene por las diferencias, diferencias producidas en un sistema económico social explotador y expoliador, termina siendo aprovechado por estas organizaciones sicariales para facilitar su imperio criminal.

 

El Estado, frente a esto, responde, por acción u omisión, avalando y hasta promoviendo este orden de cosas, puesto que, mientras el orden de las contradicciones sociales se mantenga en esta diferencia “posmoderna” de roles sociales, las reales contradicciones, que se estructuran en torno a un sistema de mercado globalizado, son dejadas de lado, y mientras esto ocurra, su hegemonía (en el sentido gramsciano del término) no corre ningún peligro, algo que le es de valiosísima importancia en un momento de crisis económica global que golpea fuertemente a los países desarrollados, y que empieza a sentirse con mucha fuerza en nuestra frágil industria-maquila.

 

El estado no puede prescindir del paramilitarismo por dos razones, a saber: por un lado, ejerce en mecanismo de regulación de las desigualdades sociales, controlando los brotes de inconformidad social que buscan vertebrarse organizativamente; y por el otro, porque los grupo paramilitares ejercen una labor ideológica (inconsciente, pero no por ello menos efectiva) de vital importancia para encubrir el orden fundamental de las contradicciones sociales, y mistificarse a sí mismo como la esfera de la “universalidad”, donde las contradicciones sociales son resueltas y las diferencias dejadas de lado frente al “bien común”.

 

Las preguntas que imperan en el momento, las que requieren de un debate social abierto, y a las que hemos intentado responder esquemáticamente, son estas: ¿Cuáles son las razones del nuevo brote manifiesto del accionar paramilitar, y cuales sus posibles alcances? Y esta otra ¿Qué rol juega el Estado en el re-surgimiento manifiesto de dichas agrupaciones y su despliegue por toda la ciudad?

 

De las respuestas a estas preguntas dependen las estrategias de denuncia, formación, organización y movilización social en torno a una agenda de derechos humanos positiva, esto es, progresista. Comprender esto significa comprender que el paramilitarismo, en tanto política de estado, es un acertijo de esfinge que no tiene solución si no se apunta a los fundamentos: a la necesaria democratización de una vetusta y anquilosada estructura política y económica de nuestro país, y a una profunda reforma cultural, regida por el principio kantiano de la “mayoría de edad” como paradigma del hombre emancipado. Ambos ordenes de reforma sustancial, en tanto que apuntan al ideal de la modernidad radical, de una modernidad que, consciente de sí misma, apunta a cumplir su ideal a través de su propia negación, a través del giro dialectico que consiste en poner su ideal sobre una base material firme, configuran el orden de tareas estratégicas del arco político progresista, si realmente tiene vocación transformadora y democrática.

 

GRUPO DE TRABAJO ESTUDIANTIL EN DERECHOS HUMANOS CONTRACORRIENTE.

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