Por: Emilce Luna
El agro fue la principal victima del fuerte recorte presupuestario para el agro en el presupuesto de 2016, ante los bajos precios del petróleo.
La concentración de la tierra en Colombia ha representado históricamente una de las principales razones del conflicto social, político y armado, pues a pesar de que nuestro país se ha definido innumerables veces como principalmente agrícola, no se implementan políticas nacionales de redistribución y apoyo al pequeño y mediano productor.
Así lo confirma el CENSO agropecuario, que arrojó resultados nefastos sobre la condición de los campesinos y campesinas, revelaciones que no fueron razón para evitar el fuerte recorte presupuestario para el agro en el presupuesto de 2016, el cual fue la principal víctima del recorte hecho, ante los bajos precios del petróleo.
El gobierno de Santos evidenció la fatal política que implicó centrar los ingresos de la nación en la renta petrolera, volcando ahora nuevamente la mirada hacia el campo. Esto lo llevó a priorizar un proceso de transformación legislativa, para facilitar la entrega de millones de hectáreas del territorio al gran capital.
Según el presidente Santos, el proyecto de ley ZIDRES busca posicionar a Colombia frente al mundo, como un gran productor de alimentos, además de garantizar la auto sostenibilidad alimenticia del país, en sus palabras esta apuesta representa “la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo”
Con todo el apoyo de la maquinaria de la Unidad Nacional, el 29 de enero del presente año, el presidente firmó la ley 1776, que crea las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), controversial proyecto que el gobierno nacional ha intentado aprobar hace más de dos años y que en la actualidad genera fuertes rechazos.
La principal discusión reside en el uso y la propiedad de los baldíos de la nación, pues en la ley 160 de 1994, se hace explícita la intención de dotar de tierra a los campesinos y campesinas pobres, enmarcada en la idea de generar procesos de reforma agraria que logren una distribución equitativa de la tierra.
Por el contrario, la ley ZIDRES permite que 7 millones de hectáreas distribuidas en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y La Mojana se dispongan para el desarrollo de proyectos agroindustriales de gran envergadura y altas inversiones. Para evitar que esta ley se contradiga con la ley 160 de 1994, la nación no vendería las tierras, simplemente “las arrendaría” una inteligente jugada que busca disminuir las oposiciones.
Lo cierto es que las iniciativas empresariales bajo la lógica de las ZIDRES, requieren grandes inversiones y maquinaria, lo cual evidentemente deja sin piso los pretextos de querer favorecer a los campesinos y campesinas, a lo que el gobierno asegura se le dará salida a partir de una futura reglamentación para garantizar que con los años los trabajadores sean propietarios de las tierras. Para muchos, la ley ZIDRES sólo le da el papel de jornaleros a los campesinos manteniendo la histórica desigualdad.
Aunque legalmente las tierras no dejarían de ser de la Nación, la verdad es que no está claro cuántos años se darían en “arriendo” los terrenos, podría ser varias décadas, lo cual lesiona el derecho de los campesinos a las tierras, abriendo una nueva puerta para que los bienes colectivos de la nación sean entregados a grandes multinacionales extranjeras, quienes son las que tienen la capacidad de invertir en estos macro proyectos.
La ley a la que el ministro Cristo ha denominado “zonas francas para el agro” deja mucho que pensar, pues la falta de procesos participativos para su aprobación, genera aún más cuestionamientos.
Pareciese que de la renta petrolera pasaremos a depender de la renta agrícola, una situación que no soluciona la falta de soberanía nacional, la pérdida de lo público y evidentemente la ausencia de protección y proyección para la economía campesina nacional, autónoma y digna.
