DENUNCIA PÙBLICA NACIONA E INTERNACIONAL

1. El principal impacto de la construcción de la represa Pescadero Ituango ha sido la agudización del conflicto armado en la zona, en la disputa por un territorio en el que ha todos los grupos legales e ilegales con sus distintos intereses se les ha olvido que en medio están las comunidades, los enfrentamientos entre la fuerza pública y la insurgencia prácticamente todas las semanas, bombardeos, aumento de accidentes e incidentes por minas antipersonal y por consiguiente las hectáreas sembradas de estos artefactos lo que dificulta la movilidad de la población y pone en riesgo la producción agropecuaria, voladura de torres de energía eléctrica, con graves afectaciones para el comercio, quema de buses de transporte público, vehículos y maquinaria del proyecto, aumento de la delincuencia común y casas de vicio en los municipios de la zona de incidencia del proyecto hidroeléctrico.

1. El blog http://colombialibresiempre.blogspot.com/ publicado en el pasado mes de junio de 2011 en la internet en el que se expusieron listados con datos personales de más de 2000 pobladores de la región los cuales son señalados (as) de tener algún nexo con el grupo armado  FARC-EP, además de otros líderes y lideresas pertenecientes a organizaciones sociales del Municipio, entre ellos 15 mujeres de la Asociación  de Mujeres Ideales y el representante legal de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Ituango. De igual forma en este blog aparece publicada la base de datos de los campesinos que fueron desplazados de sus territorios en el año 2009.

Al respecto en el mes de Julio, 405 pobladores de Ituango que aparecían en esta lista enviaron derechos de petición a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, donde solicitaban se les comunicara si en contra de alguno de ellos había un proceso de investigación, la respuesta de la fiscal Mónica Gutiérrez Berin- Fiscal 8 especializada de Unidad Nacional contra los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, a tan sólo 250 derechos de petición, aproximadamente, de los 405 enviados, fue la misma para todos: “hasta la fecha y examinada la evidencia física, elemento material probatorio e información legalmente obtenida, no se puede inferir que existan razones para endilgarle la calidad de indicado; no obstante lo anterior, se precisa que uno de los fines de la indagación es hallar a los probables responsables de la conducta o conductas investigadas,” que hace referencia al desplazamiento forzado en junio de 2009 de más de 1000 pobladores.

De acuerdo con la respuesta de la Fiscal 08 Especializada, se llama la atención sobre el hecho de que esta funcionaria señala que si bien no están siendo investigados, se “precisa que uno de los fines de la indagación es hallar a los probables responsables de la conducta o conductas investigadas” cuando estos señalamientos contra los líderes, liderezas de organizaciones sociales y campesinos parten de un Blog que de manera ilegal publicó información que está sólo en manos del Estado (base de datos de población desplazada de 2009, y las  bases de  de datos y nóminas de instituciones del estado, solicitadas en ese año por funcionarios del Das y el CTI ) y que en el mismo, se señala de  pertenecer a grupos insurgentes.

Pese a que 32 grupos poblacionales entre habitantes de diferentes sectores del municipio y  organizaciones sociales en el mes de julio solicitaron por medio escrito al gobernador de Antioquia el restablecimiento de los derechos vulnerados descolgando la información que se presentaba en el blog, además de las investigaciones necesarias y hasta tanto no se esclarezcan  los hechos se brindara seguridad para las personas afectadas y las actividades que adelantan, esta petición no ha sido respondida a ninguno de los grupos y por el contrario, 3 meses después este portal sigue funcionando.

Este tipo de hechos afecta gravemente la labor de defensa de los derechos humanos, pues ponen en grave riesgo la vida de los líderes, liderezas, campesinos, campesinas y organizaciones sociales que en la actualidad se están organizando para defender el derecho al territorio, ya que en el Municipio se viene desarrollando el proyecto Hidroeléctrico Pescadero- Ituango.

1. Se denuncia que en la actualidad ocho (8) comerciantes de Ituango vienen siendo judicializados, por “concurso para delinquir y rebelión”, los cuales se encuentran con medida de aseguramiento domiciliario. En el escrito de acusación del Fiscal 29 especializado de Medellín se señala que: “la gran influencia que el frente 18 de las FARC tiene en la región de Ituango y sus alrededores ha hecho que mucha gente de dichas poblaciones se les integre o les colabore para el mantenimiento de sus actividades las que incluyen ataques a la fuerza pública bajo la modalidad de atentados terroristas con minas antipersonal y explosivos con tecnología que han incorporado de otros grupos terroristas en el mundo y que aquí operan  con celulares que son de fácil manejo por el campesinado, al igual que prácticamente que el 100% de la población campesina se haya dedicada al negocio del tráfico y de estupefacientes de forma directa o transportando los insumos que se requiere para ello en toda la cadena de producción que va desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización y vigilancia del producto final. Algunas actividades ilícitas no han sido de fácil control amén de la falta de normatividad y control, de parte del estado se puede citar aquí que se ha observado y hace parte de los hechos de esta investigación que personas se encargan de abrir negocios que permitan la comercialización de los precursores tanto para los explosivos, como para los alcaloides con la simple inscripción en la  cámara de comercio de la región y un certificado de ausencia del proceso penal por narcotráfico, pero se logró establecer que si bien los productos tiene apariencia de legales el destino final es para la organización terrorista de las FARC lo cual es una actividad que las personas están haciendo de forma consciente y voluntaria.”

Este tipo de señalamientos por parte de funcionarios del Estado son sumamente graves ya que afectan  directamente a toda la población de Ituango, al ser señalados como narcotraficantes, colaboradores de la insurgencia. No es posible con estos señalamientos expresar la necesidad de organización social que se requiere para enfrentar los efectos del proyecto hidroeléctrico, ni para nada relacionado con el Estado, mucho menos veedurías ciudadanas (En Ituango sólo ha habido una veeduría ciudadana y sus integrantes tuvieron que huir del municipio por amenazas a sus vida) puesto que esto significaría asumir una posición  contraria al Estado y por tanto reforzar dichos señalamientos en una sociedad polarizada.

Afecta no sólo el derecho al buen nombre referenciado en la constitución de Colombia sino que afecta la vida personal y laboral de todos los implicados ya que por ejemplo para los comerciantes se les suprime la posibilidad de acceder a créditos, contratos, proyectos y otros donde se pide “no estar involucrados con grupos al margen de la ley, ni tener antecedentes penales”, por otro lado limita el desplazamiento por todo el territorio de la región dada la polarización en algunas zonas, donde cargar con el estigma de ser de Ituango es prácticamente cargar la lapida encima. Es de anotar que la corrupción y la ineptitud de los organismos de investigación los señala y acusa sin pruebas contundentes con el único propósito de mostrar resultados a cualquier costo provocando con esto la congestión judicial, el desgaste de los ciudadanos y los jueces en procesos que se mantienen apunta de medios de comunicación por la intervención de altos funcionarios. La desconfianza en la fuerza pública y los organismos de control son producto de las acciones corruptas y mal intencionadas de las mismos y no por la real simpatía con grupos armados al margen de la ley, en el blog antes mencionado se publican informes de los organismos de investigación que dan cuenta de esto, además, a pesar del incremento en el número de agentes de la policía, el ejército y la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio los robos y daños a establecimientos comerciales y viviendas no disminuye, la creación de frentes de seguridad de forma fraudulenta por parte de la policía, la cual recolecta información de los comerciantes con el fin de “actualizar la base de datos de la policía” y luego aparecen como miembros del “frente de seguridad del municipio de Ituango” involucrando la población civil con el conflicto armado.

1. En el caso de los pequeños mineros y mineras artesanales del rio Cauca, no ha sido distinto, denunciamos el censo minero por sus claros vicios, realizado sólo en las playas y lugares de fácil acceso y sin tener en cuenta la condición cultural de trashumancia y las múltiples formas de ser minero o minera, denunciamos la manera como han sido desalojados violando sus derechos, a su forma de vida, a su empleo, al buen trato, a la compensación económica establecida en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico.  Han sido engañados y engañadas en múltiples ocasiones por la empresas que ha estado a cargo del proyecto y las autoridades locales han estado del lado de la empresa, incluso jueces, personeros e inspectores de policía expresan abiertamente su afinidad con el proyecto.  En el primero de los desalojos realizado el día 16 de diciembre del año 2010 en las playas del sector conocido como Tenche Ituango, mediante orden de desalojo proferida por el inspector de policía del municipio de Ituango, 19 ranchos fueron destruidos por la fuerza pública y con gases lacrimógenos y a empujones la fuerza pública despojó de su trabajo y forma de vida a 22 personas más sus familias, este fue el primer paso en la historia de abusos que las comunidad minera viene sintiendo a raíz de la construcción del proyecto hidroeléctrico.  Ya desde el mes de mayo del año 2010 cuando no se incluyeron entre 10 a 12 personas de este sector todos salieron con la promesa de ser incluidos en el censo en los siguientes días, los demás firmaron el contrato de reconocimiento de medida transitoria por cese de actividad económica y comenzaron a recibir mensualmente $700.000, que hasta hoy más de un año después sigue siendo transitoria, Las personas excluidas al no percibir ingresos deciden volver a trabajar en estas playas a las que por la condición nómada de los mineros y mineras ya habían llegado otras personas, estos fueron los desalojados a quienes no obstante habérseles violando el derecho al debido proceso, los jueces local y del circuito de Ituango, dijeron todo se hizo en orden, desde la misma recepción de la tutela se escucharon de los funcionarios expresiones como “ustedes sabían que se ib a construir la represa porque no se fueron” se solicita a las instancias nacionales revisar todos los procesos referidos al tema puesto que hay serios indicios de parcialidad por parte de la justicia local y departamental a favor del proyecto.

En el municipio de Briceño, a partir del 25 de enero de 2011, fueron notificados alrededor de 150 mineros del sector conocido como Capitán, mediante resolución de la alcandía municipal.  En los considerandos de dicha resolución se usa una declaración juramentada de un minero censado, cuyos extractos se tergiversan al sacarse de contexto. La comunidad minera interpuso un recurso de reposición el cual también falló en su contra y fueron desalojados el 1ro de junio de 2011, la orden la emitió el Alcalde de ese municipio, señor Libardo Muñoz, quien conoce a la mayoría de los desalojados, pues son nativos y residentes en esa localidad y su decisión, según le ha expresado a algunos se debió a la fuerte presión ejercida por el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

El día 18 de agosto de 2011, fueron notificados alrededor de otros 120 mineros y mineras ubicados en el sector conocido como Plan de Icura, la ultima de la playas del municipio de Briceño en la que el barequeo como forma de vida y de trabajo se viene ejerciendo, en la entrega del documento se expresó por parte del personero de Briceño que debido a que había guerrilla en la zona no iban a dar los nombres de los funcionarios que asistían, situación que aunada a las amenazas recibidas por parte del ejercito para no realizar movilizaciones sociales con relación a la represa realizadas en esta playa el 19 de mayo de 2011, se torna preocupante por el alto riesgo de falsos positivos a los que se ven sometida la comunidad minera. Además afirmó el personero que él no tenía nada que ver con los mineros y mineras de los demás municipios como Toledo y San Andrés de Cuerquia.  Ante esto la comunidad minera se dirigió a la personería de San Andrés y la personera no los atendió argumentando que no había nada que hacer, en repetidas ocasiones la personera de este municipio se ha negado a atender las denuncias y a dar asesoría a esta población.

Esta situación es más grave aún si se tienen en cuenta los múltiples incumplimientos a acuerdos realizados con la consorcios y la empresa constructora ante los peligros que corren por la construcción de la vía sustitutiva, precisamente en la parte alta de esta playa, movimiento de tierra y roca y la contaminación de agua para el consumo de la población minera has sido los principales atropellos, el día 21 de Junio de 2011 ante la encargada de gestión social y el ingeniero residente del consorcio Pescadero I, además del coordinador ambiental y un ingeniero de la interventoría al proyecto, se presentaron los mineros y mineras de este sector a exponer estos riesgos y afectaciones y el acuerdo fue no continuar con l obra hasta tanto no se solucione la situación, además el área social de EPM realizaría un acercamiento en 15 días, acercamiento que aún hoy no se ha dado, y sobre el primer compromiso las obras fueron reanudadas el día 8 de septiembre, al realizar el reclamo correspondiente la empresa la respuesta es que el asunto ya se había negociado con los 5 mineros censados que estaban en la zona.

La mayoría de los mineros y mineras ocasionales de las veredas enviaron su documentación para ser incluidos en el citado censo, la respuesta fue que mediante investigaciones se había determinado que no tenían ningún tipo de derecho, estas investigaciones han sido invalidadas por las comunidades por encontrar diferentes errores en ellas como el sexo de uno de los propietarios, a quien le fue respondida su petición como mujer y no como hombre, las supuesta propiedad de tierras en otros departamentos, entre otros argumentos.

Ahora, después de asistir el Panel sobre política minero energética convocado por organizaciones nacionales y locales, se les amenaza con la exclusión del censo y por tanto pérdida de derechos como afectados, supuestamente “por asistir a eventos en contra de la represa”, esto ocurrió el día miércoles 14 de septiembre en reunión realizada en el municipio de Ituango a cargo de Jesús Ávila, Administrador de Empresas y María Nolis Vélez, Trabajadora Social, representantes del Operador social de la Obra en ejecución por parte de Empresas Públicas de Medellín. En clara violación a los derechos de asociación, libre expresión, formación y abordajes desde diferentes perspectivas de la realidad que nos aqueja.

Población municipio de Ituango.

Asociación de Pequeños Mineros Afectados por Hidroituango ASOMITUANGO

Asociación de Comerciantes del Municipio de Ituango ASCOMI

Asociación de Pequeños Ganaderos de Ituango ASOGADI

Asociación de Mujeres Ideales de Ituango AMII