El Gobierno sigue generando "caos informativo" respecto de la Vacuna contra el Covid19

Linea Territorio y despojo

Por: Kavilando

Camilo Enciso director del Instituto Anticorrupción por medio de su cuenta de Twitter solicita al gobierno evitar seguir ahondando las dudas frente a la Vacuna y advierte de la amañada interpretación que el gobierno hace de la Ley de Transparencia.

 

 

vacuna covid

El Instituto Anticorrupción ha hecho ya habían radicado queja disciplinaria en contra del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda y Crédito Público por incumplir el deber de hacer públicos los contratos suscritos con AstraZeneca, Pfizer, el acuerdo multilateral suscrito con el mecanismo COVAX, entre otros.

Ahora, advierten sobre el manejo amañado de la Ley de Transparencia y de estar generando "Caos Informativo" en tanto el día 12 de enero de 2020 en el espacio televisivo permanente, el Primer Mandatorio Duque afirmó que fueron adquiridas 9 millones de dosis a Janssen, en contraste el Ministerio de Salud afirma que son 5 millones una importante diferencia.

Así mismo invocan la Lay de Transparencia sus excepciones para no hacer públicos los contratos, pero según afirma Enciso "parece que no han leído bien la Ley", en tanto dicha Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" en su artúculo 18 y 19 se hace referencia a excepciones atinentes a: - Daño de derechos a personas naturales o jurídicas y expresa en qué casos específicos y - Daños a los itereses públicos, desglosando la norma en qué casos aplica; en ninguno de ellos se justifica que no se haga público el contenido de los contratos.

El Gobierno además invoca la excepción del artículo 19, cuando la información pueda generar daños a intereses públicos y en particular por causas de salud pública pero, eso sería posible si dicho acceso estuviese "expresamente prohibido por una norma legal o constitucional" dichas normas legales, en el caso específico, no existen. Agrega Enciso.

Título III

EXCEPCIONES ACCESO A LA INFORMACIÓN

 Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

 a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011

 b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad.

 c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.

 Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable.

 Artículo 19.Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:

 a) La defensa y seguridad nacional;

 b) La seguridad pública;

 c) Las relaciones internacionales;

 d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el caso;

 e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;

 f) La administración efectiva de la justicia;

 g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;

 h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;

 i) La salud pública.

 Parágrafo. Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.

 

 

 

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