En medio de la violencia armada las autoridades persiguen y desalojan a comunidades pescadoras y barequeras de los municipios de Ituango y Briceño Antioquia

Linea Territorio y despojo

Por: Rios Vivos

Todo lo anterior ocurre en medio del terror sembrado por los actores criminales en la zona, grupos al margen de la ley han amenazado y desplazando a la población rural, ayer salieron desplazadas varias familias de Santa Ana y hace poco más de 500 personas estuvieron en el casco urbano de Ituango desplazadas y tuvieron que retornar a las  veredas sin ningún tipo de garantía por parte de las autoridades.

 

 

barequeros ituango

Boletín N° 1

15 de marzo de 2021, Cañón del río Cauca Antioquia Colombia

En medio de la violencia armada las autoridades persiguen y desalojan a comunidades pescadoras y barequeras de los municipios de Ituango y Briceño Antioquia afectadas por Hidroituango En este momento la comunidad de barequeros y pescadores ubicados aguas abajo del muro de Hidroituango están siendo atacados por la Policía y acorralados por el Ejército Nacional.

Dos tanquetas entraron a la zona desde muy temprano, han destruido alrededor de 12 viviendas en jurisdicción de Briceño sector Capitán, aunque no dieron aviso a las autoridades de la alcaldía de este municipio. Con la misma maquinaria que destruyen las montañas y el río están destruyendo las viviendas.

Muchas familias están escondidas en las montañas huyendo del ataque, el Ejercito le disparó a algunas de las familias que huían, se escuchas las granadas aturdidoras y se observan gases lacrimógenos. Al parecer estas granadas generaron un incendio, se ve fuego en la zona no sabemos que lo generó pero tiene en riesgo a la población y al ecosistema.

Con los gases lacrimógenos y el fuego los pocos animales que quedan después del desastre de Hidroituango también están huyendo. 

En Ituango llegaron a las playas de Tesalia a desalojar a la población, la primera vivienda fue la de Juliana Sucerquia Ortiz de 17 años de edad que se encontraba con su madre adulta mayor, dos agentes de la Policía le dijeron que tenía que salir, sin mediar palabra la doblegaron maltratándola y haciendo sentir asfixiada por la presión que ejercieron con sus manos en contra su cuerpo, por la fuerza la sacaron de la zona, la dejaron adolorida y sin permitirle sacar los bienes de la familia, fue llevada al centro de salud de la obra Hidroituango.

Todo esto le ocurrió en frente de la personera de Ituango Irene Legarda quien no hizo nada al respecto para defender los derechos de la menor, claramente esta funcionaria del Ministerio Público no está para proteger los derechos de los ciudadanos sino al servicio de la empresa EPM para defender sus intereses y estar en contra de la comunidad.

Desde el día de ayer domingo 14 de marzo de 2021, llego el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) a los campamentos de EPM (Empresas Públicas de Medellín), quienes les brindan alojamiento, alimentación y todas las comodidades, las comunidades y lideres sociales hicieron las llamadas a todas las autoridades sin recibir respuesta que aclarara lo que ocurría.

En ningún momento la comunidad recibió notificación de autoridad judicial alguna sobre el desalojo, no se conocía la fecha del mismo ni hubo plan de reasentamiento en clara violación al debido proceso.

Todo lo anterior ocurre en medio del terror sembrado por los actores criminales en la zona, grupos al margen de la ley han amenazado y desplazando a la población rural, ayer salieron desplazadas varias familias de Santa Ana y hace poco más de 500 personas estuvieron en el casco urbano de Ituango desplazadas y tuvieron que retornar a las  veredas sin ningún tipo de garantía por parte de las autoridades.

En la madrugada del día de hoy un bus de transporte público fue incinerado en la vía que conduce de la obra hacia Ituango a escasos minutos de la cabecera municipal. No obstante lo anterior las autoridades se dedican a perseguir a las comunidades humildes que buscan su sustento en el río y no a los criminales que atacan, extorsionan, desplazan, intimidan y comenten crímenes en contra de la población.

La comunidad de pescadores y barequeros arriesga su vida en esta zona porque EPM se ha negado a reparar y compensar la perdida de los medios de vida y de subsistencia de esta población y no tienen otra manera de sobrevivir.

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