Por: Camilo Sanchez.
La Federación Nacional de Cafeteros afronta un año de vértigo a raíz de una investigación de la Contraloría por un hueco que involucra fondos públicos y que asciende a 120 millones de dólares
“Ese proceso no ha avanzado”. Con este escueto mensaje resumió a este diario el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el estado de elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el todopoderoso gremio privado del sector en Colombia. Los hechos se remontan a mediados de diciembre, cuando el hoy exdirector Roberto Vélez recibió una precipitada llamada de la Secretaria Privada del presidente para comunicarle que Gustavo Petro abogaba por un relevo en el cargo que desempeñaba desde 2015.
Varias fuentes del gremio coinciden en que Vélez, pereirano de 62 años, se erigió en una figura conciliadora tras años de grescas y desacuerdos entre regiones productoras del centro y el sur del país. Pero al mismo tiempo fue el responsable de unas omisiones administrativas que hoy investiga la Contraloría General. Se trata de una auditoría fiscal por posible pérdida patrimonial en los contratos de venta de café a futuro, un sistema diseñado para proteger al vendedor frente a las caídas bruscas de precios y al comprador de las subidas repentinas, en el que se fija un precio meses o años antes de entregar un producto.
Según un informe publicado en diciembre por la Contraloría, se calcula que esos contratos produjeron pérdidas acumuladas de 500 mil millones de pesos (120 millones de dólares), que afectarían a dos actores. Por un lado, al Fondo Nacional del Café, que es una cuenta parafiscal con recursos públicos del Gobierno, gestionada por la Federación para la investigación y comercialización del grano en el mundo, entre otras funciones. Por el otro, centenares de pequeños caficultores y una treintena de cooperativas.
Los productores y la Federación negociaron, entre finales de 2020 y 2021, compras de café a un promedio de 950.000 pesos por carga de 125 kilos. Aquellos negocios, según la Contraloría, no quedaron establecidos en contratos firmados, sino que se acordaron por chat o de forma verbal.
Pero la cotización internacional del grano casi se duplicó, debido a las afectaciones climáticas en las cosechas brasileras, y a la hora de entregar los sacos acordados miles optaron por incumplir con las entregas y vender por otro lado, al nuevo precio. La Federación redobló su apuesta con nuevos contratos a precios más altos y a través de las mismas cooperativas que venían atrasadas en la ejecución de los acuerdos.
El problema no solo se agudizó, sino que creó una onda especulativa en el mercado. Los especialistas Eduardo Lora y Felipe Robayo la etiquetaron como “La crisis del ‘subprime’ en el sector cafetero” en un artículo del diario financiero Portafolio que hacía alusión a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, que en 2008 detonó una crisis económica global.
Óscar Gutiérrez, director de la organización campesina Dignidad Agropecuaria, recuerda que desde febrero de 2021 había lanzado advertencias sobre el “tumbis anticipado”: “Los contratos se negociaron a un precio de 1.30 dólares la libra cuando los miembros de la Federación estaban advertidos, por la información suministrada por uno de los gremios cafeteros más grande de Brasil, que debido a la anormalidad climática iban a tener una caída bárbara”.
Para Gutiérrez había elementos suficientes para anticipar el alza en los precios: “En el ministerio de Hacienda, en Planeación, en la Federación, estaban enterados. Incluso se saltaron la reglamentación aprobada para la compra de café a futuro. Luego, cuando el precio de la libra subió a 2.30 o 2.40 dólares, la gente se sintió engañada y el enredo ya fue mayúsculo”.
El sentimiento de fraude en los cafetales colombianos se tradujo en una cadena de incumplimientos que llegaron hasta los compradores en la Bolsa de Nueva York, donde la Federación se había comprometido a vender miles de sacos que había comprado. Los compradores estadounidenses exigieron la entrega del café, o el pago de la diferencia entre el precio pactado y el que tenía en ese momento. Ahí se abrió el gran hueco.
Como concluye Lora, “esto dejó una ola de problemas a los cuales no se les ha hecho frente. La Federación y el Fondo Nacional del Café están embolatados. La reputación internacional en entredicho y una cooperativa quebrada (Andes)”.
No resulta extraño, pues, que la atmósfera en el 90 Congreso Cafetero en Bogotá, a inicios de diciembre, fuera de desconcierto. La noticia de la llamada desde la Casa de Nariño irrumpió como un vendaval pocas horas después de los discursos pronunciados por los ministros Ocampo, de Hacienda, y Cecilia López, de Agricultura, que daban un parte positivo de la gestión de Vélez.
Consumada la dimisión, los medios centraron el foco informativo en la reiterada injerencia del presidente en las agremiaciones privadas. En el caso de la Federación, que aglutina a unas 550.000 familias cafeteras, con una singularidad: esa entidad privada administra fondos públicos. Desde mediados del siglo XX hay un maridaje con el Estado, que le otorga al Gobierno sillas en la junta directiva, además de la facultad de veto en la elección del gerente.
Para el exministro de Agricultura y de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, esas relaciones no son motivo para justificar los canales utilizados por la administración Petro: “la Federación Nacional de Cafeteros no es una dependencia de la Casa de Nariño. Una característica tradicional de la política cafetera ha sido la concertación con el Gobierno. Pero, naturalmente, un mensaje presidencial, prácticamente ordenando la remoción del gerente, es ciertamente una expresión arrogante y abrasiva”.
Según el cronograma previsto, el Comité Nacional de Cafeteros se reunirá el próximo lunes para definir la terna de candidatos que presentará el Gobierno.
Guillermo Trujillo, empresario cafetero y columnista del diario económico La República, indica que el momento para el cambio de dirección es “muy malo”. Recuerda que el precio de referencia de la libra de café en la Bolsa de Nueva York, tras un año récord en 2022, viene en picada: “Bajó casi un dólar, de 2,40 dólares en agosto pasado a 1,54 el 20 de enero”.
Explica que si bien se trata de un gremio difícil de manejar por su tamaño y los intereses encontrados entre departamentos productores, las pérdidas por las ventas a futuro muestran un “desdén administrativo”. Se pregunta por qué no hubo un cupo individual máximo por productor y porque nunca se certificó la capacidad de producción de cada oferente “Ni siquiera hay un pagaré de por medio”, concluye.
Eduardo Lora coincide: “La Federación se enloqueció y empezó a ofrecer negocios muy grandes a futuro. Y no hizo ni contratos, siquiera. Solo hay unos pactos verbales o a través de WhatsApp de una ligereza total. Fue un pésimo manejo del riesgo por parte de un gerente que, en teoría, conoce del negocio”.
Encima de ese lío, la próxima administración enfrentará la reducción de la cosecha. Según las estadísticas oficiales publicadas en la página de la Federación, tras lograr una producción sostenida de 14 millones de sacos entre 2015 y 2019, cayó a 11 millones. Juan Camilo Restrepo, que ha sido asesor y gerente comercial de la Federación, alerta sobre el panorama internacional: “Se vislumbra este año la salida de una cosecha gigantesca en Brasil, de cerca de 62 millones de sacos, prácticamente el 50% del consumo mundial. Eso, más el aumento de las exportaciones de Vietnam, va a debilitar el precio. Al nuevo gerente le va a tocar estrenarse en una crisis”
A la espera de la designación del nuevo timonel de la Federación, Eduardo Lora concluye que la situación también expresa la complejidad de la arquitectura institucional del gremio. Según el economista, hoy es un proyecto cooptado que explota al pequeño caficultor: “Es un sistema de extracción rentística para que los miembros de la federación vivan bien y tengan recursos para pagar sus propias torpezas”.