Ecoregion Bosque de Galilea, pronunciamiento sobre audiencia pública rendición de cuentas UT..

Linea Territorio y despojo

Por: Firmantes

Pobladores del oriente del Tolima y defensores del BOSQUE DE GALILEA reafirmamos el compromiso de buscar una ruta de nuevo relacionamiento territorio Galilea – Universidad del Tolima, a través del diálogo enmarcado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

 

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Foto: Leidy Arévalo Villamor

ECOREGIÓN BOSQUE DE GALILEA SE PRONUNCIA SOBRE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

06 de febrero de 2023

Pobladores del oriente del Tolima y defensores del BOSQUE DE GALILEA reafirmamos el compromiso de buscar una ruta de nuevo relacionamiento territorio Galilea – Universidad del Tolima, a través del diálogo enmarcado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuatro generaciones protagonistas de la historia del oriente y la lucha ambiental del Tolima, recibimos a la Universidad Pública Regional en rendición de cuentas en el municipio de Villarrica, el 1 y 2 de febrero de 2023, convencidos que la verdad, la participación y la transparencia en la información son el camino para la reconfiguración de la relación entre la universidad pública y la región.

Antecedentes

Mapa Galilea A2 Propiedad de la tierra v3

Mapa: Nicolás Vargas, Geógrafo. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi

La Audiencia se lleva a cabo seis meses después de la solicitud elevada por la comunidad a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, para que promoviera a la Universidad del Tolima (UT) a cumplir con el compromiso adquirido el 10 de mayo de 2022 en Ibagué, en audiencia de seguimiento al Plan de Manejo del Parque Natural Regional Bosque de Galilea y los conflictos que se presentan con el proyecto de bonos de carbono (REDD+) y el ordenamiento socioambiental de Galilea. Ocasión en la que se citó a diferentes entes como Cortolima, Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional de Tierras, entre otros. También se citó a la UT, buscando entender su relacionamiento con el bosque, de acceder a información precisa, contextualizada y sustentada que explicara el origen de los predios que terminaron acreditándola como propietaria de una parte del bosque, así como de su relacionamiento con la Fundación Amé y la Fiducia que manejan el negocio de bonos de carbono.


En la audiencia del 10 de mayo del 2022, la UT no logró subsanar varias de las preguntas hechas por la ciudadanía y por eso se comprometió con la comunidad a venir hasta el territorio para dar esas respuestas y ofrecer verdad y transparencia sobre sus actuaciones e intereses en Galilea como parte de la reparación de la relación comunidad – UT.

Frente a este objetivo, el Comité Promotor realiza este pronunciamiento, que hace un balance de la Audiencia desarrollada en Villarrica la semana pasada, un inventario de los compromisos adquiridos, destacando nuestra convicción en la defensa de los bienes comunes, de lo público y de los derechos territoriales de los pobladores del Oriente. Para nosotros, es el inicio de un diálogo que esperamos cambie realmente el marco de relacionamiento de la UT con el territorio, no sólo es por la defensa del Bosque de Galilea sino también de la Universidad Pública que, como el bosque, es patrimonio de todas y todos los tolimenses y de todas y todos los colombianos.

Verdad como fundamento de un diálogo respetuoso con el territorio

Gran expectativa en todo el Oriente del Tolima, en el departamento, en el país y a nivel internacional generó la audiencia. Se llegaba el día de poder esclarecer la colcha de retazos que se ha generado en relación a quienes ostentan el título de propietarios del bosque, quiénes lo usufructúan y para qué propósitos; el compromiso de la UT de aclarar y entregar información pertinente y precisa sobre este entramado y hacerlo en el territorio, alimentaba la esperanza de alcanzar justicia territorial y ambiental con los pobladores del Oriente del Tolima.

La Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones Unidas, la Parroquia de Villarrica, miembros del Concejo Municipal, la Veeduría a la Gestión Pública y Ambiental del Bosque de Galilea, junto con periodistas, organizaciones campesinas y ambientales del Tolima y Boyacá, investigadores de las universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, San Buenaventura Medellín y Universidad Autónoma de México; representantes de Unidades de Trabajo Legislativo y la dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente se hicieron presentes para participar y acompañarnos.

Nosotros los pobladores de la región, algunos organizados en la Red de Vigías del Bosque de Galilea, somos quienes en defensa del bien común, logramos arrebatarle el Bosque al proyecto petrolero de Petrobras “Villarrica Norte”, en 2019. Lucha ambiental y territorial que hemos continuado porque con la declaratoria del Parque Natural Regional, se evidenció un negocio soterrado que amenaza los derechos territoriales, sociales, ambientales, políticos y económicos de todas y todos los pobladores de la ecoregión que abarca más de 5 municipios y los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila, para los cuales el Bosque es fundamental como fuente de agua, oxígeno y mitigación del cambio climático.

La audiencia se desarrolló a través de tres bloques de preguntas sobre los predios, vínculos y proyectos que relacionan a la UT con el Bosque de Galilea. En el primero, se buscó abordar todo lo relacionado con los predios que la Universidad recibió en donación de la Cooperativa Coopgalilea, que para el 2003 serían 16 mil 700 hectáreas, pero que a la fecha terminan siendo efectivas sólo 3.277 Ha en Galilea, en 75 predios, con una extensión compartida en común y proindiviso de 756 Ha, estas últimas distribuidas en 18 predios en copropiedad con empresas privadas. Sin ninguna explicación sobre las otras 13 mil hectáreas, ni sobre el hecho que varias de las empresas privadas que certificaron esa donación no saben ni siquiera dónde queda Galilea, lo que conlleva a varias preguntas para la claridad de esos títulos, teniendo además presente que los pobladores históricos de Galilea, incluso sus fundadores y en todos los casos sobrevivientes del conflicto armado y de la estigmatización del Estado, no tenemos títulos.

Denunciamos que en 1998 el Bosque fue subdividido por la Cooperativa Galilea en 219 lotes, en un polígono de 16.700 hectáreas, como los que usualmente emergen en los proyectos extractivistas. Que, su justificación de la propiedad recae en la apropiación de los GÓMEZ HURTADO en los mismos años que le declararon la guerra a los campesinos sin tierra que protagonizaron luchas agrarias desde el SUMAPAZ a GALILEA, y a quienes luego la Caja Agraria les adjudicó tierras. Preocupación sobre este polígono que nos ha generado el traslape de predios de la UT, empresas y Fundación AMÉ con el de los campesinos.

En el segundo bloque las preguntas buscaban, una vez más transparencia de parte de la UT, sobre la relación de la Universidad con la Fundación Amé que ostenta el rol de administrador del proyecto de bonos de carbono REDD+ y de otras empresas satélites como Ecocarbono y un Fideicomiso Ambiental, así como del posible aprovechamiento indebido de sus funcionarios y de sus cargos, y de la información científica y académica para esos negocios verdes, siendo entre otros elementos muy confusos, la participación del exdecano de la Facultad de Ingeniería Forestal Rafael Vargas (Q.E.P.D), pieza clave en todo este tejemaneje relacionado con el Bosque, siendo necesario mencionar que, luego de ser funcionario de la UT durante las gestiones que facilitaron la donación, pasó a ser representante legal de la cuestionada Fundación Amé, cargo que tuvo hasta 2018.

Finalmente el tercer bloque, centraba su atención en los proyectos que se han derivado del relacionamiento UT- empresas, principalmente, el proyecto Reed+ “Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé”, responsable Fundación Amé. Constituido con los predios en el Fideicomiso Fondo Ambiental y los predios de la UT. Proyecto que inició en 2018 y se prolonga a 2040, que, además contempla un retroactivo de compensaciones económicas para los beneficiaros del proyecto (empresas - UT), que ya fueron pagadas por empresas como Terpel, Chevron, Davivienda, Grupo Seratta, y hasta petroleras, entre otros. Según esto, por las acciones desarrolladas por UT- Fundación Amé, para “evitar la deforestación de los bosques de Galilea” entre 2010 – 2018.

Esta última, información que se hace pública en esta audiencia desde la dirección de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente. Los beneficiarios del proyecto han recibido sumas de miles de millones por los pagos de créditos por 372.000 toneladas de carbono, a través del “mecanismo diseñado en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático de compensación económica para los territorios por la conservación del carbono que capturan los bosques en pie” y, del cual “el gobierno de Colombia apropio un esquema de salvaguardas ambientales y sociales”, orientado a garantizar los derechos de todos quienes habitamos el bosque, como de todos los involucrados en el proceso. Sin embargo, nunca fuimos consultados, e informados sobre la relación de afectaciones o beneficios para con los campesinos que pertenecemos al Bosque.

Se trata de un agravante más, por el hecho de que estas mismas empresas (Cooperativa Galilea, Holcim, Hyundai, Mayagüez, Mundial de Tornillos, Exprés del Futuro, Colmedica, Cafesalud, Seguros del Estado, Urbanizadora David Puyana, entre varios otros) que figuran como donantes de predios del Bosque de Galilea a la Universidad del Tolima, obtuvieron a cambio alivios tributarios por alrededor de $118.000.000.000 (ciento diez y ocho mil millones de pesos) entre 2003 y 2016. Por lo que la DIAN inició una investigación en 2012, de la cual no se conocen los resultados a pesar de solicitar en 2018 esta información.

Toda una situación de conflicto que ha tenido gran falta de transparencia de Cortolima y la UT, quienes adelantaron las investigaciones socioeconómicas, de tierras y biodiversidad en Galilea entre 2014 y 2019 y posteriormente Cortolima 2021-2022, a través de la formulación del Plan de Manejo, así, se ha ocultado y negado en los últimos tres años y en esta misma audiencia, múltiples hechos que comprometen a la Universidad y a Cortolima con estos actores privados desde varios años atrás.

Frente a la metodología de la audiencia y en el desarrollo de la misma los funcionarios de la UT, en cabeza del Dr. Jonh Jairo Méndez Arteaga -Vicerrector de Investigaciones y delegado por el Rector para la audiencia; Andrés Felipe Bedoya - Secretario General, Ethel Margarita - Directora de Oficina de Control Interno, Omar Melo Cruz - Decano de la Facultad de ingeniería Forestal y Boris Villanueva Tamayo, colocaron el acento en su deseo de proyectar nuevas relaciones con la comunidad, insistiendo de diferentes maneras que pensáramos en el presente y el futuro, no obstante la calidad de la información sobre los diferentes cuestionamientos en todos los bloques no fueron proporcionales a las buenas intenciones que, bien valoramos profundamente y por otro lado, como sabemos, en este país la memoria es vital para proyectar la región y el país que anhelamos, porque justamente no queremos que se repitan los hechos que han terminado por colocar a la Universidad Pública en la palestra de los cuestionamientos sobre Galilea.

Como comunidad y pobladores del Oriente hemos resistido a todos los embates de la violencia que nos declaró el Estado con su guerra y abandono; y a los actores armados que nos victimizaron con el conflicto armado. Como comunidades organizadas y acompañadas, hemos dedicado más de 7 años a la búsqueda de la verdad sobre el entramado de intereses que se tejen sobre este territorio, y lo menos que podemos esperar y exigir de la UT, nuestra universidad, es que se coloque del lado correcto de la historia.

¿Qué sigue en el camino hacia una ruta común de trabajo entre la comunidad de Galilea y la UT?

Es importante partir de una línea de base sobre el nivel de información establecida después de la audiencia, que permita avanzar hacia el propósito común de reestablecer la confianza. En esa dirección consideramos infortunada y poco veraz la nota de prensa publicada por la oficina de medios de la UT el día 3 de Febrero, toda vez que dentro del tono de comunicación corporativa se simplifica la riqueza del encuentro que se llevó a cabo, se invisibiliza una vez más a los protagonistas de la historia real de conservación de Galilea y de construcción del territorio, que somos los pobladores del Oriente y como se dice comúnmente, se “limpia” la imagen de la Universidad. Por eso, llamamos a la UT a sus entes directivos y al Consejo Superior como máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, a asumir con honestidad y responsabilidad los compromisos establecidos como resultado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

No nos deja de llamar la atención que el artículo 8 del Estatuto General de la Universidad dice:

ARTÍCULO 8: FINES. Consecuente con su naturaleza y régimen especial, la Universidad del Tolima procura la consecución de los siguientes fines:
a. Buscar la verdad como un propósito fundamental de su quehacer formativo, académico e investigativo (UT, 2020)

El Acta resultado de la Audiencia está bajo la responsabilidad de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República y, no pretendemos suplantar esa responsabilidad que por demás estamos seguros responderá a lo sucedido, no obstante en aras de nuestro compromiso desde el Comité promotor, en el balance con la Universidad del Tolima, consideramos que:

1. La Universidad no presentó evidencias concluyentes un desistimiento de las donaciones por parte de la UT, por alrededor de 13.400 Ha, que, explicaría la diferencia entre las hectáreas en propiedad de la Universidad actualmente: 3.277 Ha, y el Acuerdo 007 del 19 de agosto de 2003, suscrito por el gobernador del Tolima Guillermo Alfonso Jaramillo y rector de la UT Héctor Villarraga Sarmiento: “Autorizar la aceptación de la donación ofrecida por la Cooperativa Galilea, de una extensión de terreno aproximada de 16.700 hectáreas, denominada Hacienda Galilea ubicada en la vereda Tres Esquinas, municipio de Villarrica conformada por 219 predios.

2. En los tres asuntos de rendición de cuentas por parte de la UT: predios, vínculos con las fiducias y fundaciones, y, proyectos que relacionan a la Universidad con el Bosque de Galilea, no se profundizó o entregó información relevante o adicional en ninguna de las respuestas en derecho de petición del 24/10/2022 que permitiera claridad sobre estos asuntos.

3. La Universidad reconoce que “no se encuentra evidencia de acciones preventivas en dicho periodo a la hora de aceptar estas donaciones y definir proyectos institucionales que incluyeran a los campesinos colonos en ese contexto”, teniendo presente que entre 1998 y 2016 hasta la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el conflicto armado en este territorio generó un clima proclive al desplazamiento y se presentaron violaciones de derechos humanos e incremento de los conflictos socioambientales.

4. La ciudadanía expone evidencias del relacionamiento UT, empresas, Asoprobosques, Fundación Amé, Ecocarbono, desde 2003 a la actualidad, que principalmente consolidaron el Proyecto Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé (REDD+), que requiere ser profundizado, en tanto recursos y actividades en el territorio entre 2010-2023 son visibilizadas como de la UT, pero además se atribuyen a acciones desarrolladas por la Fundación Amé para evitar la deforestación en los Bosques de Galilea. La posición de la Universidad fue defensiva, sin asumir más allá de la trazabilidad de documentos escritos lo que para ellos dicen es una relación de “acercamientos” e “intención”, con la Fundación Amé, sin obligaciones ni contraprestaciones.

Adicionalmente hemos planteado lo confuso de la relación de la UT con un segundo proyecto Banco Hábitat que, relaciona a la empresa Ecocarbono, de quien su representante legal es Luz Angela Palacios, vicepresidenta de Fundación Amé en 2021. Y, por último, el proyecto Centro de Investigaciones que constituye, por una parte, una proyección liderada por la Facultad de Ingeniería Forestal y proyección social de la UT y, por otra parte, representa una de las actividades principales del proyecto Redd+ junto con el proyecto Banco hábitat del cual existen acuerdos de conservación que aún se desconocen.

Finalmente, sobre los vínculos de los funcionarios, la UT se limitó a señalar que la persona implicada Rafael Vargas Ríos, exdecano de la Facultad de Forestal “prestó los servicios a la institución entre el 9 de agosto de 1994 y el 2 de noviembre de 2007; y posteriormente, del 6 de mayo de 2008 hasta el 6 de junio de 2014, fecha en la que fue aceptada su renuncia. En relación con los actos particulares del señor Vargas, es pertinente señalar que se encuentran fuera del alcance y conocimiento de la institución”.

5. Con relación al proyecto REDD+, la UT sostiene no estar recibiendo recursos directos o indirectos por la venta de créditos de carbono del Proyecto Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé. Resaltaron que “la institución a futuro accederá a los beneficios generados por los bonos de carbono en la fracción correspondiente a los predios que le fueron donados y cuyo objeto son la conservación de los bosques de Galilea”. Al respecto, la UT señaló que hará las averiguaciones correspondientes a saber si con su nombre se han recibido recursos directos o indirectos en cuyo caso pasará a reclamarlos.


Compromisos, ruta para el cumplimiento y seguimiento de acuerdos.

Hemos insistido en referenciar este proceso dentro de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No por capricho, los funcionarios que asistieron a la audiencia y la UT en su conjunto saben ahora, que el Oriente del Tolima es una región que ha sido duramente impactada por el conflicto armado y que todos los actos públicos que terminen por revictimizar a quienes con dignidad hemos resistido y sobrevivido a la guerra, no pueden simplemente ser naturalizados como borrón y cuenta nueva.

Los principales acuerdos interinstitucionales que quedaron aprobados por las partes Contraloría, UT, Comité promotor ciudadano, durante la segunda jornada 2 de febrero de 2023, se relacionan a continuación.

Compromiso general

1. Se crea el Comité de seguimiento con los actores ciudadanos involucrados en la solicitud de rendición de cuentas a la Universidad del Tolima: comunidades, organizaciones, universidades, con la participación de la Defensoría del Pueblo regional Tolima, la Diócesis de El Espinal y la ONU.

Universidad del Tolima

2. Solicitud de pronunciamiento público de la Universidad del Tolima frente a omisión de responsabilidades, falta de transparencia con relación a vínculos y proyectos que se sostiene entre la Universidad y la Fundación Amé, Ecocarbono, Fideicomiso Fondo Ambiental y, aclaración de desistimiento de afirmaciones sobre presencia de actores violentos en el Bosque de Galilea que relacionan a las partes Fundación Amé – UT, evidenciado las páginas 9 y 77, del Informe de verificación 2022 Conservación del Bosque Galilea -Amé, por AENOR España. Facilitado por el Ministerio de Ambiente en soportes a audiencia del 10 de mayo de 2022.

3. Reunión extraordinaria del Concejo Superior de la Universidad del Tolima, con único asunto el tema del Bosque de Galilea respecto al proyecto Redd+ (bonos de carbono) y relacionamiento Fundación Amé, Ecocarbono y Fideicomiso, con atención del comité de seguimiento y participación del Min. Ambiente. La cual será atendida dentro de los próximos 20 días hábiles.

4. Estudio de títulos en el Bosque de Galilea: polígono predios UT, fundación Amé y empresas. A este espacio serán convocados por la Contraloría General y Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima: la Universidad del Tolima, Cortolima, ANT, URT e IGAC, con el fin de poner sobre la mesa toda la información en sus competencias que, permita establecer la ruta metodológica de estudio y análisis de la propiedad en Galilea. La Veeduría solicitará a la Inspección de Tierras de ANT su acompañamiento.

Ministerio de Ambiente y actores implicados

5. Mesa de seguimiento proyecto Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea – Amé. Que será dirigida por el Ministerio de ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático, y que involucra la Dirección de Bosques y Biodiversidad y Subdirección de Participación y Educación Ambiental. Esta mesa de seguimiento está fundamentada en la recopilación de documentos y antecedentes del proyecto REDD+ y evaluación del cumplimiento de las Salvaguardas nacionales e internacionales, como, por ejemplo, salvaguarda derechos territoriales, gobernanza, participación, transparencia de información y distribución de beneficios justos.

Órganos de control

6. La Contraloría General oficiará a Cortolima para entrega del documento técnico elaborado por la Universidad Tecnológica de Pereira, copia completa del contrato Formulación Plan de Manejo y solicitud de atención a las comunidades por el Consejo directivo de Cortolima.

7. La Contraloría General hará traslado del caso Galilea a la Contraloría Departamental para el seguimiento a los asuntos fiscales y recursos públicos que relacionan a la UT y Cortolima, con base en información y evidencias presentadas por la ciudadanía.

8. Solicitud de Cabildo abierto para rendición de cuentas de la Alcaldía de Villarrica y administración municipal en lo relacionado con la gestión y gobernanza del Bosque de Galilea.

Reconocemos el compromiso de escucha y diálogo receptivo y amplio por parte de la Universidad, que constituye el primer paso de una ruta de nuevo relacionamiento territorio Galilea – UT, es decisivo en este momento respetar la palabra empeñada y colocar voluntad política de parte de la UT y sus directivas para llegar al fondo de este asunto y refundar la relación con la región, que merece y exige que su universidad este presente en la construcción de nuevas oportunidades para todos y todas.

Comité promotor ciudadano.
Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea.
Asociación de Juntas de Acción Comunal, Villarrica.
Veeduría a la Gestión pública y Ambiental del Bosque de Galilea.

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