Por: Silvia Adoue
Este hecho atroz es parte de una serie de ataques coordinados por grupos armados y respaldados por sectores empresariales y políticos. La impunidad y la falta de acción estatal ante estos ataques plantean un grave riesgo para las comunidades indígenas y campesinas en Brasil.
En enero de 2024 Nega Pataxó fue asesinada en la Tierra Indígena Caramuru-Paraguassu, en el sur del estado de Bahia. El ataque dejó muchos Pataxó heridos, entre ellos el hermano de Nega, Naílton Muniz. Los Pataxó Hãhãhãi fueron atacados por 200 propietarios de la región que bajaron de sus camionetas armados y a cara descubierta. La bala que mató a Nega Pataxó salió del arma de un joven de 19 años, hijo de un hacendado. Fue detenido un policía retirado del estado de Bahia. Un mes antes, el joven Lucas Kariri-Sapuyá, de la misma tierra indígena, había sido emboscado y muerto.
Propietarios de tierra reunidos en el ataque a la Tierra Indígena Caramuru-Paraguassu (21/01/2024). Fuente: Conselho Indigenista Missioneiro.
El ataque a cara descubierta forma parte de una campaña de agitación y propaganda de la milicia rural Invasão Zero, y fue convocado en un grupo de whatsapp. La policía del estado de Bahia cercó todas las salidas para los indígenas, fingiendo “mediar” un conflicto. Al día siguiente, hubo bloqueos de carreteras por militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de la región, en solidaridad con los Pataxó y contra la milicia, que ya atacó también, juntamente con policías, áreas de la reforma agraria en el estado de Bahia.
Pero Invasão Zero está organizada en 9 estados, conta con la adhesión de 5 mil hacendados, tiene registro legal, recibe apoyo de varias asociaciones empresariales y tiene un Frente Parlamentario con el mismo nombre, lanzado en octubre de 2023, con la presencia del expresidente Jaír Messias Bolsonaro. La milicia surgió en marzo del año pasado y tiende a reunir nacionalmente grupos informales que ya venían actuando.
La aprobación en el congreso del llamado “marco temporal”, el año pasado, que establece la presencia de población indígena antes de la fecha de la promulgación de la constitución de 1988 para reconocimiento de tierras indígenas, ha sido un estímulo a la acción de esta milicia “para hacer cumplir la ley”. A eso debe sumarse la escasa o nula reacción de las instancias estatales, y la prontitud con que las corporaciones policiales participan, por acción, protección u omisión frente a los ataques de estos grupos paramilitares.
El gobierno del estado de Bahía está en manos del Partido de los Trabajadores desde 2007. El gobernador Jerônimo Rodrigues anunció, un día después del asesinato de Nega Pataxó, la creación de una Compañía Independiente de Mediación de Conflictos dentro de la corporación policial del estado. El gobierno Nacional, accionó a los ministerios de los Pueblos Indígenas, de la Justicia y de los Derechos Humanos, que intervinieron más de 16 horas después, cuando el ataque había sido concretizado.
El gobierno nacional trata la cuestión de esta organización, con promiscuidad entre las policías y grupos armados irregulares como si se tratase de episodios puntuales y localizados. No utiliza instrumentos legales para combatirlos.
En la práctica, el ataque a cara descubierta a Caramuru-Paraguassu opera como incentivo a la organización y coordinación de acciones semejantes, como las que ya ocurrieron en 2023 contra tierras quilombolas, áreas de reforma agraria y territorios indígenas. Es una acción de propaganda que estimula otros ataques. Sin necesidad de cualquier análisis más teórico sobre las transformaciones que vive el Estado en América Latina (Ecuador, Chile, Argentina, México), todos estos datos nos dicen que no podemos contar con las instancias [dizque]republicanas para enfrentar los ataques. Como se dice en Brasil, ahora es “nóis por nóis”(=”nosotros por nosotros”) para defendernos.
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