Por Laurence Hamel-Roy y Katia Atif* (ATF)
Someter al sector de la construcción al Programa de obligaciones contractuales (Programme d’obligation contractuelle - POC), que la ATF lleva reclamando desde principios de los años 80, es también la vía que permitiría al Gobierno adoptar las medidas más estructurantes en materia de acceso a la igualdad laboral en el sector
Este artículo se basa en el dictamen de ATF en el marco de las consultas sobre el proyecto de ley 51, Ley de modernización del sector de la construcción (Modernisation de l’industrie de la construction). Denuncian las disposiciones de este proyecto de ley como prueba del enfoque instrumental del gobierno respecto a los grupos infrarrepresentados en la industria: mujeres, aborígenes, inmigrantes, minorías visibles o étnicas y personas con discapacidad. A largo plazo, corre el riesgo de socavar la consecución de la igualdad de oportunidades de empleo en las obras de construcción.
***
La industria de la construcción es un importante sector de empleo en Quebec, ya que genera directamente más de uno de cada veinte puestos de trabajo[1]. La industria de la construcción también ha estado en el centro de los esfuerzos de recuperación económica desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
En los últimos años se han desplegado varias iniciativas para fomentar el crecimiento del sector y su productividad, en particular para atraer a nuevos trabajadores a la industria. En este sentido, los grupos históricamente excluidos, incluidas las mujeres, han recibido una atención constante y sostenida, gracias a la aplicación de diversos programas y flexibilidades dedicados a facilitar y acelerar su entrada en la industria. En 2023, Action travail des femmes (ATF) publicó los resultados de un amplio estudio que documentaba estas iniciativas y criticaba el enfoque utilitarista adoptado con respecto a las mujeres. Además, no tenía suficientemente en cuenta el problema histórico de su permanencia en la industria[2].
oEl proyecto de ley nº 51 es una continuación de estas iniciativas. Varias de las modificaciones legislativas y reglamentarias propuestas pretenden paliar la "escasez de mano de obra", esta vez facilitando el acceso a "personas representativas de la diversidad de la sociedad quebequense", a saber "pueblos aborígenes, inmigrantes, minorías visibles o étnicas y personas con discapacidad". Esta atención aparentemente virtuosa a los grupos históricamente excluidos del sector de la construcción no debe confundirnos. Las intenciones del Ministro de Trabajo y su preocupación por la productividad de las empresas del sector de la construcción se exponen claramente en el análisis del Ministerio sobre el impacto de la normativa:
Las medidas que han contribuido a atraer a las mujeres a la industria de la construcción deberían hacerla más atractiva para las personas que representan la diversidad de la sociedad quebequense. La inclusión de estos nuevos grupos ampliaría la reserva potencial de trabajadores y satisfaría la demanda de mano de obra de la industria de la construcción. Las propuestas no supondrían ningún coste adicional para las empresas[3].
Combinadas con las medidas introducidas en el marco del acuerdo Quebec-Ottawa celebrado en 2021, que eximen a los empresarios de obtener una evaluación del impacto en el mercado laboral (LMIA) para la mayoría de los oficios de la construcción (y, por tanto, de demostrar el fracaso de sus esfuerzos de contratación a nivel local), las modificaciones reglamentarias previstas en el PL 51 tienen todo lo necesario para extender la alfombra roja a la contratación de trabajadores temporales y, sobre todo, a su explotación descarada -en nombre de la diversidad- en las obras de Quebec.
Este enfoque, que equipara los beneficios de la diversidad con la rentabilidad, es muy problemático. En efecto, subordina los derechos fundamentales de igualdad laboral de las personas afectadas a imperativos económicos a corto plazo y, en consecuencia, supedita la consecución de la igualdad real a consideraciones comerciales que, en última instancia, pueden contribuir a la fragmentación de las luchas sociales. Las mujeres y los demás grupos a los que se dirige el PL 51 merecen algo mejor que una política que les asigna el rango de ejército de reserva.
Después de las mujeres, "personas que representan la diversidad"...
Hasta la presentación del PL 51, las mujeres constituían el único grupo para el que la Commission de la construction du Québec (CCQ) había previsto anteriormente normas reglamentarias diferentes en virtud del artículo 123.1 de la Ley relativa a las relaciones laborales, la formación profesional y la gestión de la mano de obra en el sector de la construcción (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction), capítulo R-20. Estas disposiciones[4] han sido objeto de una atención sostenida por parte de la ATF durante varios años debido a sus efectos desiguales, y a veces incluso contraproducentes, sobre el acceso a la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres en el sector de la construcción. Sin embargo, es precisamente su extensión sistemática a las "personas representativas de la diversidad de la sociedad quebequense" lo que propone el PL 51.
A modo de recordatorio, en 2024, las mujeres representarán menos del 3,8% de la mano de obra total en las obras de construcción[5]. Como reconoce la Comisión de la Construcción de Quebec (Commission de la construction du Québec - CCQ), el lentísimo aumento de su tasa de representación está directamente relacionado con los problemas de discriminación y acoso, que hacen que estén sobrerrepresentadas entre los trabajadores que abandonan el sector en los primeros cinco años: en 2017, el 52% de las mujeres que se habían incorporado al sector desde 1997 lo habían dejado al cabo de cinco años, frente al 32% de los hombres[6].
Sin embargo, la mayoría de las medidas puestas en marcha desde la adopción del primer Programa de igualdad de oportunidades para las mujeres (Programme d’accès à l’égalité pour les femmes - PAEF) en 1996 siguen centrándose en el acceso de las mujeres a la industria, sin tener en cuenta la calidad de los puestos de trabajo, las condiciones laborales que pueden obtener una vez allí o los problemas de retención que encuentran.
Por ejemplo[7] la supuesta ventaja que permite a las mujeres entrar en el sector de la construcción y ejercer el oficio de su elección sin haber obtenido un Diploma de estudios profesionales (DEP) en cuanto la oferta de mano de obra para ese oficio en una región determinada es del 30% o menos. Los hombres sin diploma, en cambio, tienen que esperar a las "vacantes de reserva" que se producen cuando esta tasa es del 5% o menos. El efecto de esta medida es disuadir a la mayoría de las mujeres que desean incorporarse a la industria de seguir una formación profesional, a pesar de que el DEP es un factor de retención demostrado tanto para los hombres como para las mujeres. El aumento de la proporción aprendiz/jornalero concedido a los empresarios que contratan aprendices mujeres tiene efectos similares. Introducida para permitir a los empresarios aumentar el número de aprendices en sus obras, esta flexibilidad legislativa relega una vez más a las mujeres a la condición de mano de obra de reserva, además de socavar la calidad de la supervisión y la transferencia de competencias. Al mismo tiempo, hace más difícil que las mujeres asciendan en el escalafón y adquieran el estatus de oficial (y sus beneficios salariales). Por último, no hay que olvidar el Folleto de referencia para la construcción (Carnet référence construction), una plataforma electrónica creada con la loable intención de promover la contratación de mujeres entre los empresarios que buscan mano de obra. Al limitarse a hacer más visibles las candidaturas de las trabajadoras en las listas de referencias laborales, el Carnet no sólo no ofrece ninguna garantía a las candidatas de que serán contratadas para puestos interesantes, sino que contribuye a mantener el prejuicio de que las mujeres gozan de una posición privilegiada en el sector y refuerza el sentimiento de hostilidad hacia ellas.
Estos pocos ejemplos demuestran que la introducción de intervenciones centradas en el acceso no puede, por sí sola, neutralizar los prejuicios sistémicos que dificultan el progreso profesional y la permanencia en el sector de las mujeres trabajadoras de la construcción. Muchas de estas medidas también tienen un efecto perjudicial en la integración de las mujeres en los equipos de trabajo, ya que alimentan el mito de que las mujeres gozan de privilegios especiales en la industria y, de paso, que no merecen su puesto de la misma manera que sus colegas masculinos. Lejos de haber demostrado su utilidad en términos de igualdad en el empleo, estas medidas contribuyen en realidad a mantener a las trabajadoras en una situación precaria y en perpetua circulación.
La propuesta del PL 51 de ampliar sistemáticamente el ámbito de aplicación de estas medidas, concebidas en un principio para favorecer la presencia de mujeres, a las "personas representativas de la diversidad" - en modo "talla única" y sin diagnóstico previo - plantea por tanto importantes problemas. Como denunció la ATF en su escrito presentado ante la Comisión de Economía y Trabajo, este enfoque no sólo rompe con los principios que se supone deben guiar la aplicación de medidas reales de acceso a la igualdad (evaluación del sistema de empleo en relación con cada grupo destinatario, identificación de los obstáculos específicos de cada uno de ellos, determinación de objetivos realistas y deseables, etc.), sino que, sobre todo, atestigua el papel cosmético que el Ministro de Trabajo otorga a la "diversidad". No sólo las palabras "igualdad" o "discriminación" no aparecen en ninguna parte, ni en el escrito que presentó al Consejo de los ministros ni en el análisis de impacto reglamentario elaborado por su departamento, sino que la moción para que el análisis de la ATF fuera escuchado en consultas específicas durante el estudio del proyecto de ley fue firmemente rechazada por los comisarios de su partido[8].
Al basarse únicamente en el interés de los empresarios por contratar a personas que considera que forman parte de la diversidad de Quebec en respuesta a la escasez de mano de obra, el proyecto de ley 51 no ofrece ninguna garantía duradera de su acceso a un empleo en igualdad de condiciones ni de su capacidad para hacer frente a los efectos de las fluctuaciones económicas del sector. En este sentido, las medidas de "diversidad" del proyecto de ley 51 son una prueba inequívoca de la intención del Ministerio de prever la explotación de una mano de obra desechable. Están deliberadamente diseñadas para satisfacer las necesidades específicas creadas por una industria sobrecalentada a la que el propio gobierno ha contribuido, como ilustra el reciente desarrollo de la industria de las baterías[9].
A la deriva, la inmigración al rescate de la diversidad
La visión instrumental de la diversidad que tiene el gobierno se hace aún más evidente por el hecho de que se cuida de precisar la definición de "personas inmigrantes" como "personas representativas de la diversidad de la sociedad quebequesa": residente permanente o extranjero. Esta definición es, por una parte, restrictiva, ya que excluye a los inmigrantes naturalizados que viven en el territorio, y, por otra, extremadamente inclusiva, ya que considera inmigrante a toda persona bajo la jurisdicción de otro Estado que reside en territorio canadiense. Incluye, por tanto, a las personas con estatuto de inmigrante no permanente, incluidas las contratadas por empresas a través del Programa de trabajadores extranjeros temporales (Programme des travailleurs étrangers temporaires - PTET).
Desde hace varios años, el Ministro de Trabajo tiene en el punto de mira a esta posible mano de obra. No hay más que recordar sus declaraciones en el lanzamiento de la Operación laboral (Opération main-d'œuvre) en 2021[10]. Por tanto, no es de extrañar que el PL 51 prevea medidas para adaptar la legislación a los deseos de las empresas. Al convertir implícitamente a los trabajadores temporales en "inmigrantes" y, de paso, en "representantes de la diversidad" en virtud de la ley, el PL 51 elimina las últimas limitaciones legislativas al uso del PTET.
Gracias a los cambios reglamentarios mencionados, estos trabajadores contratados internacionalmente podrán incorporarse al sector de la construcción a partir del momento en que la disponibilidad de mano de obra registrada por la CCQ sea igual o inferior al 30% para el oficio en cuestión, independientemente de las cualificaciones que posean o de su reconocimiento oficial. También podrán desplazarse más fácilmente por la provincia, gracias a las disposiciones del Proyecto de ley 51, que conceden criterios de movilidad regional preferente a las mujeres y a las personas que representan la diversidad, con todos los riesgos de reacción que ello conlleva.
Sin embargo, el PTET es notorio por sus efectos perniciosos en las condiciones de vida y de trabajo que impone a los trabajadores que vienen a trabajar a Canadá con un permiso de trabajo cerrado, como ocurre también en el sector agrícola. Como vienen denunciando desde hace años organizaciones locales de defensa de los derechos, como el Centro para trabajadores y trabajadoras inmigrantes (Centre des travailleurs et travailleuses immigrants - CTTI), el hecho de que el permiso de trabajo esté vinculado a un único empleador refuerza la vulnerabilidad de los trabajadores ante diversas formas de explotación y violaciones de derechos que organizaciones como la Comisión de normas, igualdad, salud y seguridad en el trabajo (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - CNESST) luchan por frenar[11]. Por eso, en octubre de 2023, el relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud instó al gobierno federal a mejorar el acceso a la residencia permanente[12].
En el sector de la construcción en particular, un estudio de Marie-Jeanne Blain y Lucio Castracani, en colaboración con el CCQ y la Mesa redonda de organizaciones al servicio de refugiados e inmigrantes (Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes - TCRI), demostró la existencia de tenues vínculos entre el crecimiento de la inmigración temporal y la aparición de "zonas grises de la industria" donde se rechaza a trabajadores sin permiso de trabajo para realizar tareas ilegales y peligrosas[13]. En otras provincias canadienses se han documentado varios casos de abusos graves de inmigrantes en situación precaria[14]. Esto ha contribuido a justificar la introducción de un programa de regularización para trabajadores de la construcción "indocumentados" en el área metropolitana de Toronto por parte del Gobierno federal en 2019[15].
Estas observaciones no han impedido a las asociaciones de empresarios de Quebec deplorar la "infrautilización" del PTET en comparación con el resto de Canadá y reclamar una mayor flexibilidad para facilitar la llegada de trabajadores inmigrantes que solucionen sus problemas de personal[16]. El temor a que estos trabajadores se conviertan en mano de obra barata fue descartado de plano por el Ministro de Trabajo, Jean Boulet, en octubre de 2023, pocos días después de la declaración del Relator Especial de la ONU[17].
En la actualidad, los trabajadores temporales son una minoría muy pequeña en las obras de construcción de Quebec, el 0,5% según la CCQ, principalmente porque están infrarrepresentados en el sector en comparación con otros sectores de actividad[18]. Sin embargo, los cambios reglamentarios previstos en el proyecto de ley 51 tienen todo lo necesario para extender la alfombra roja a la contratación de trabajadores temporales y, sobre todo, a su explotación descarada -en nombre de la diversidad- en las obras de construcción de Quebec. A ello se añaden las medidas introducidas en el marco del acuerdo Quebec-Ottawa 2021, que eximen a los empresarios de obtener una évaluación del impacto en el mercado laboral (évaluation de l’impact sur le marché du travail - EIMT) para la mayoría de los oficios de la construcción y, por consiguiente, de demostrar el fracaso de sus esfuerzos de contratación a nivel local.
Conclusión: soluciones prácticas
"El último bastión de la masculinidad[19] o "fortaleza de hormigón armado"[20]. Los oficios y profesiones de la construcción constituyen uno de los sectores de empleo más homogéneos de Quebec.
Sin embargo, el PL 51 desaprovecha una oportunidad única para avanzar hacia la igualdad de facto en el sector de la construcción, una oportunidad que, dado el ritmo de la reforma legislativa, podría tardar varios años más en materializarse. Según el artículo 126.0.1 de la Ley sobre las relaciones laborales, la formación profesional y la gestión de la mano de obra en el sector de la construcción (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction) (capítulo R-20), la CCQ debe consultar a la Comisión de Derechos de la Persona y de los Derechos de la Juventud (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse - CDPDJ) cuando elabore sus medidas para promover el acceso, la retención y el aumento del número de mujeres en el sector de la construcción. Sin embargo, como viene observando la ATF desde hace varios años, la CCQ tiene una visión estrecha de esta obligación, lo que explica que muchas de las medidas no hayan surtido los efectos esperados en términos de representación de las mujeres. Una reforma del sector de la construcción basada en la promoción de la igualdad y la participación de todos en la realización de las obras del mañana debería, por tanto, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas del CCQ ante la CDPDJ. También debería poder garantizar que las medidas puestas en marcha en favor de las mujeres y de los nuevos grupos destinatarios se ajustan a los marcos legislativos en materia de igualdad de acceso al empleo y de derechos humanos.
Someter al sector de la construcción al Programa de obligaciones contractuales (Programme d’obligation contractuelle - POC), que la ATF lleva reclamando desde principios de los años 80, es también la vía que permitiría al Gobierno adoptar las medidas más estructurantes en materia de acceso a la igualdad laboral en el sector[21]. La introducción de obligaciones contractuales, en una fórmula específica para el sector de la construcción que tenga en cuenta el pequeño tamaño de muchas empresas y las cadenas de subcontratistas que las vinculan, obligaría de hecho a los empresarios y a sus subcontratistas a adoptar prácticas de reclutamiento y contratación justas con respecto a los grupos infrarrepresentados, so pena de sanciones en caso de incumplimiento. Se trata de una palanca de acción eficaz que daría al gobierno el poder de adoptar medidas sistémicas en el sector, al tiempo que promovería el acceso de las personas históricamente afectadas por la discriminación a los puestos de trabajo más estables y remunerados de la industria. En consonancia con los principios de la Carta de Derechos Humanos y Libertades de Canadá, tales obligaciones podrían contribuir a garantizar una verdadera representatividad de la sociedad quebequense en las grandes obras de construcción financiadas por el Estado y, por tanto, por todos los quebequenses. ¿No sería una auténtica diversidad en las obras un verdadero signo de que la industria está entrando en la era moderna?
La escasez de mano de obra y la crisis de la vivienda no deben distraernos de las consideraciones humanitarias que deben estar en el centro de una política de inmigración solidaria, integradora y fuente de riqueza colectiva. Conceder permisos de trabajo abiertos, regularizar la situación de los sin papeles, facilitar el acceso a la residencia permanente y simplificar los mecanismos de reconocimiento de las cualificaciones y competencias adquiridas en el extranjero deberían, pues, figurar en primer lugar en cualquier iniciativa destinada a favorecer la presencia de trabajadores de origen inmigrante en las obras de Quebec. Los proyectos de infraestructuras que marcarán la próxima década beneficiarán a todos los residentes de la provincia; no hay razón para que las personas que los construyan no sean también reconocidas y protegidas.
___
* Texto de intercambio y alianza internacional entre los medio altarantivo L'Esprit Libre de Canadá y Grupo de Investigación y Editorial Kavilando de Colombia.
**Traducción: Alexandre Dubé-Belzile. Revisión del texto Alfonso Insuasty Investigador Universidad de San Buenaventura y Grupo Autónomo Kavilando.
- Texto original en francés en: https://revuelespritlibre.org/le-pl-51-quand-la-modernite-des-chantiers-rime-avec-diversite-et-instrumentalite
____
Referencias.
[1]Plan d’action pour le secteur de la construction, Québec: Gobierno de Québec, marzo de 2021.
[2] Laurence Hamel-Roy, Élise Dumont-Lagacé y Sophie Pagarnadi, Maintien et stabilisation des travailleuses de la construction au Québec : une industrie à la croisée des chemins, Montreal: Action travail des femmes (ATF), 2023.
[3] Ministère du travail, Analyse d'impact réglementaire : projet de loi modernisant l'industrie de la construction, Québec : Gouvernement du Québec, enero de 2023, p. 25.
[4] En particular, las contenidas en el Reglamento relativo a la expedición de certificados de competencia (r.5) y en el Reglamento relativo al Servicio de Referencia de la Industria de la Construcción (Règlement sur le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction) (r.14.1).
[5] CCQ, "Les femmes plus nombreuses dans l’industrie de la construction", 8 de marzo de 2024, https://www.ccq.org/fr-CA/Nouvelles/2024/journee-des-femmes
[6] CCQ, Les femmes dans l’industrie de la construction - portrait statistique 2022, 2023.
[7] Para más información sobre estas medidas, véase Laurence Hamel-Roy, Élise Dumont-Lagacé y Sophie Pagarnadi, Op. cit.
[8] Estudio detallado del proyecto de ley 51, 28 de marzo de 2024. Véase el Journal des débats de la Commission de l'économie et du travail, Vol. 27, No. 49.
[9] Louis Cloutier, "Filière batterie : la Mauricie manquera de travailleurs de la construction", TVA Nouvelles, 9 de diciembre de 2022, https://www.tvanouvelles.ca/2022/12/09/filiere-batterie-la-mauricie-manquera-de-travailleurs-de-la-construction
[10] Conferencia de prensa sobre la Opération main-d'œuvre del Primer Ministro François Legault, el Ministro de Trabajo, Empleo y Solidaridad Social y Ministro de Inmigración, Francisación e Integración Jean Boulet y la Ministra de Enseñanza Superior Danielle McCanne, 20 de noviembre de 2021.
[11] Véase, por ejemplo, Oona Barret, "Des travailleurs migrants dénoncent du travail forcé dans une usine", Pivot, 1 de agosto de 2023, https://pivot.quebec/2023/08/01/des-travailleurs-migrants-denoncent-du-travail-force-dans-une-usine-quebecoise/.
[12] " Canada : Ancrer la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage dans les droits de l’homme, demande un expert ONU ", Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 6 de septiembre de 2023, https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2023/09/canada-anchor-fight-against-contemporary-forms-slavery-human-rights-un.
[13] Marie-Jeanne Blain y Lucio Castracani, Les obstacles et facteurs de succès à l'intégration et au maintien en emploi des personnes immigrantes dans l'industrie de la construction, Montreal: Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, ÉRASME y Savoirs Partagés, octubre de 2023.
[14] Michelle Buckley, Adam Zendel, Jeff Biggar, Lia Frederiksen y Jill Wells, Migrant Work & Employment in the Construction Sector, Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2016.
[15] Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto (RGT) – Prorogation, Ottawa: Gobierno de Canadá, 18 de diciembre de 2023, https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/politiques-directives-operationnelles-ententes-accords/politiques-interet-public/residence-permanente-travailleurs-construction-sans-statut-rgt-prorogation.html.
[16] Véase, por ejemplo, Jean-Philippe Cliche, "Programme de travailleurs étrangers temporaires en construction", ACQ Construire, 14 de septiembre de 2022, https://www.acqconstruire.com/actualites/2699-programme-de-travailleurs-etrangers-temporaires-en-construction#:~:text=Un%20programme%20sp%C3%A9cifique%20pour%20l,est%20normalement%20de%20deux%20ans y Jean-Sébastien Plourde, "Des talents internationaux pour nous aider à bâtir!", ACQ Construire, 18 de diciembre de 2023, https://www.acqconstruire.com/relations-du-travail/2963-des-talents-internationaux-pour-vous-aider-a-batir.
[17] Francis Halin, "Le ministre Boulet veut plus de travailleurs étrangers en construction", Le Journal de Montréal, 23 de octubre de 2023, https://www.journaldemontreal.com/2023/10/28/le-ministre-boulet-veut-plus-de-travailleurs-etrangers-en-construction.
[18] CCQ, Analyse provinciale des données sur les personnes immigrantes et résidents non permanents, recensement 2021 de Statistique Canada, marzo de 2024.
[19] Geneviève Dugré, Travailleuses de la construction, Montreal: Éditions du remue-ménage, 2006.
[20] Marie-Thérèse Chicha y Éric Charest, Le Québec et les programmes d'accès à l'égalité : un rendez-vous manqué?, Montreal: Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CETUM), abril de 2013.
[21] La aplicación del POC al sector de la construcción ha sido el consenso de las cinco organizaciones sindicales del sector durante muchos años. Al día siguiente de la presentación del PL 51, se reiteró este apoyo en una carta abierta en la que se pedía al gobierno de Quebec que tomara medidas. Laurence Hamel-Roy, Katia Atif y Élise Dumont-Lagacé, "Des mesures de diversité qui tombent à plat et rien de plus pour les femmes avec le PL51", Le Devoir, 14 de febrero de 2024, https://www.ledevoir.com/opinion/idees/807865/idees-mesures-diversite-tombent-plat-rien-plus-femmes-pl51.
*Autorxs:
Laurence Hamel-Roy es doctoranda en el Centro de estudios interdisciplinarios sobre sociedad y cultura (Centre for Interdisciplinary Studies on Society and Culture - CISSC) de la Universidad Concordia, donde dirige un proyecto que traza la historia de las transformaciones legislativas en la industria de la construcción y sus repercusiones en las trayectorias profesionales y activistas de los trabajadores del sector. Katia Atif es Directora de Accion trabajo de mujeres (ATF - Action travail des femmes), una organización de defensa de los derechos de la mujer que lleva casi 50 años apoyando a mujeres de todas las edades y procedencias en sus esfuerzos por acceder a empleos dignos y bien remunerados, sobre todo en los llamados campos no tradicionales.
____
