Por: ONIC
Las Autoridades Tradicionales del pueblo Gunadule del departamento, que habitan el resguardo Caimán del municipio de Necoclí, preocupadas por las constantes detonaciones al parecer de dinamita, que se han registrado en los últimos días muy cerca de su resguardo
Por: Contagio Radio
A través de un comunicado, la comunidad indígena Emberá Karambá y comunidades campesinas del municipio de Quinchía en Risaralda, denunciaron que la multinacional Anglo Gold Ashanti ha puesto en "inminente riesgo de desplazamiento" a más de 77 familias que habitan el territorio ancestral
Por: Verdad Abierta
VerdadAbierta.com dialogó con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras para conocer el balance que hace de la política bandera del gobierno de Juan Manuel Santos justo cuando ajusta cinco años de implementación y las expectativas que tiene frente a los cinco años que le restan.
Por: Octavio Prensa
Auto de formulación de cargos e inició del procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa Metro y dos empresas contratistas más, emitió el Ministerio de Trabajo contra el Metro de Medellín por tercerización laboral ilegal.
Por: Iván Gallo. Las 2 Orillas
Dos de ellas, las represas de Ranchería y el Quimbo fueron ordenadas por Álvaro Uribe, y el ‘manglecidio’ de la Ciénaga puso al país en el ranking mundial de desastres
Por: CM&
El Alto Tribunal solicitó al Gobierno designar recursos para establecer los impactos ambientales ocasionados al territorio Nasa por la explotación de hidrocarburos en ese territorio
Por: Mario Zamudio Palma. Pacifista
Hombres armados de machetes y motosierras han venido llegando a Caquetá en los últimos meses para quedarse con vastas extensiones de tierra baldía. Y la primera víctima de esta incursión ha sido el bosque amazónico
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
