Por: Dignidad Agropecuaria
En dos décadas Colombia dejó de sembrar 1’400.000 hectáreas de tierras productivas.
Territorio Y Despojo
Necesitamos nuevos indicadores para los extractivismos
Por: CLAES Uruguay
En ningún país de América Latina se muestran los verdaderos indicadores económicos que incorpora el costo de los daños ambientales y sociales de las actividades extractivas.
El valor del territorio
Por: Especial Revista Semana
El territorio lo es todo para las comunidades étnicas: la comida, la vivienda, las fuentes de supervivencia, la tradición, la dignidad. Aquí están las historias de los desterrados, los arrinconados, los ignorados y los amenazados por defender su bien más sagrado.
Nadie huye por placer
Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez
“Como no vamos a tener miedo, si todo el tiempo amenazan con que nos van a deportar, nos mandan razones y luego vienen funcionarios”.
Durante el 2015 Contraloría encontró mil irregularidades por un billón de pesos
Por: Mauricio Orjuela
En el año anterior la Contraloría General de la República le siguió el rastro a a la ejecución de recursos públicos por 295,2 billones de pesos en medio de 483 procesos de auditorías a 226 entidades públicas y mixtas.
El porvenir que San Carlos prefiere evitar
Por: Marcela Madrid Vergara. El Tiempo
Un nuevo proyecto hidroeléctrico preocupa a los campesinos de este municipio antioqueño
¿Para dónde va la restitución de tierras a indígenas y afros?
Por: Verdad Abierta
Lo que está ocurriendo en Guaviare deja abiertos varios interrogantes sobre la forma como la Unidad de Restitución de Tierras está reaccionando a la presión política en los territorios, y si la solución es debilitar el trabajo de la Dirección de Asuntos Étnicos
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Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
Revista Kavilando
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