Por: Jair Trujillo. elcolectivocomunicacion
Desde el 18 de febrero de este año se encuentra en el despacho del alcalde del municipio de Marmato, Caldas, una notificación de desalojo de las minas “El Ceibal” y “El Palo”, las cuales reclama la multinacional Gran Colombia Gold, por poseer títulos sobre ellas
Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes. Agencia SubVersiones
Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
Por: Equipo de Prensa Jorge Robledo
A $923 mil millones anuales asciende la defraudación; Nos cobran como costos, impuestos que no pagan y reposiciones de equipos que no hacen;
Por: ciudadanos ciudadanas.
Plantón ciudadano el próximo jueves 26 de mayo en la plazoleta de la Alpujarra, alzar la voz por el curso que tomó el Plan de Desarrollo, contempla quitarle hasta el 50% de los recursos a secretarias como juventud y cultura para la secretaria de seguridad, entre otras
Por: Natalia Orduz, LaSillaVacia
Los campesinos deben ceder el disfrute de sus predios restituidos frente a la actividad minera y punto. ¿Esta es la posición oficial de la Unidad de Restitución de Tierras?
Por: la Iguana Tv
El corto documental, bajo la técnica de pizarra animada, explica lo que realmente ocurre en Venezuela. ¿Habrá usted escuchado que algo ocurre en Venezuela?
Por: Domitila Barrios, Bolivia
“Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la burguesía ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro”
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
