Por Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes. IPC
La injerencia de grupos ilegales que se estarían apropiando parte del Presupuesto Participativo en Medellín (calculado en 151 mil millones para 2016), es uno de los problemas que más preocupa a analistas y concejales
Por: VerdadAbierta
Una reciente sentencia de la Corte Constitucional tiene implicaciones directas en la formulación de las demandas de restitución de tierras y le pone un nuevo reto a los jueces. Sus decisiones serán guía de próximos fallos que involucren a empresas mineras
Por: Raúl Zibechi. La Jornada
Una nueva derecha está emergiendo en el mundo y también en América Latina, región donde presenta perfiles propios y una nueva e inédita base social. Para combatirla es necesario conocerla, rehuir los juicios simplistas y entender las diferencias con las viejas derechas
Por: IPC
Los desalojos serían adelantados por el ESMAD de la Policía en el corregimiento El Tigre del municipio de Chigorodó. Entre las familias retornadas hay 43 niños y niñas.
Por: Pazifico Noticias
Contrario a lo mostrado por el gobierno y las élites económicas del país, el grupo de investigación en violencia, Gicovi, señaló a través de un estudio que en el norte del Cauca, aún hay secuelas de la incursión de los grupos paramilitares en esta región
Por: Eufrasio Guzmán Mesa*
Ya la universidad privada desplaza con amplitud y seguridad a la pública y obtiene los mejores resultados
Por: Al garete*
El mayor promotor de autobuses en el mundo, hoy como alcalde, le promete a la ciudad un metro inviable. ¿Alguien le cree?
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
