Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
El caso “Parqueadero Padilla” revela la complicidad estructural entre paramilitarismo, empresarios y Estado, un entramado que perpetuó violencia, despojo y concentración de poder. Un modelo criminal de país que aún hoy pervive. Recuperar el tejido social y construir poder popular son claves para desafiar este legado y garantizar justicia, equidad y vida digna en Colombia.
Un Centro de Poder Paramilitar
El Parqueadero Padilla, ubicado en Medellín, fue más que un espacio físico: representó un engranaje esencial en la maquinaria paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
Este lugar sirvió como centro de operaciones financieras y logísticas de una organización que, bajo la fachada de la seguridad, consolidó el control territorial mediante el terror. Las investigaciones judiciales, según el estudio realizado por Restrepo, J. D. (2022), documentaron más de 30,000 transacciones económicas vinculadas a esta estructura, evidenciando la existencia de un sistema financiero robusto y bien articulado.
Los recursos movilizados provenían de diversas fuentes, entre ellas extorsiones, narcotráfico y financiación de empresarios. La red también incluía la utilización de cuentas bancarias a nombre de testaferros, mostrando cómo el sistema financiero formal se convertía, voluntaria o involuntariamente, en cómplice del paramilitarismo.
Redes de Complicidad: Empresarios y Estado
El Parqueadero Padilla también pone de manifiesto la relación simbiótica entre los paramilitares y sectores económicos y estatales.
Gamboa, D., Santiago. (2023) resalta los casos de Curvaradó y Jiguamiandó, donde más de 844 personas fueron desplazadas violentamente entre 1996 y 1997.
Estas incursiones, realizadas con el respaldo de militares y empresarios, allanaron el camino para que extensas hectáreas fueran destinadas a cultivos de palma aceitera, generando grandes beneficios económicos para un reducido grupo de élite.
Esta dinámica de despojo no solo fue una consecuencia colateral del conflicto armado, sino una estrategia deliberada para el control económico del territorio.
Reveló además, cómo notarios y alcaldes facilitaron la legalización de tierras despojadas mediante procesos fraudulentos, consolidando una relación estructural entre el crimen organizado y las instituciones públicas.
Una investigación de Vorágine, “Dueños del Parqueadero Padilla: sus negocios con ‘paras’ y empresarios del Valle” reveló además, que a pesar de su evidente implicación en actividades delictivas, el parqueadero nunca fue sometido a un proceso de extinción de dominio, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad y la voluntad política de las autoridades para abordar el legado del paramilitarismo en Colombia (Sánchez Arévalo, N., 30 de julio de 2023).
Sánchez Arévalo destaca la continuidad de la propiedad del parqueadero por parte de la familia Vargas Torres, quienes han estado involucrados en negocios con una fiduciaria vinculada a empresarios del Valle del Cauca. Esto sugiere una red de complicidad y un sistema que permite que los actores económicos se beneficien de la violencia y la ilegalidad sin enfrentar consecuencias significativas.
La falta de acción judicial, a pesar de las investigaciones por lavado de activos, ha puesto de manifiesto la ineficacia del sistema judicial colombiano y la impunidad que rodea a los financiadores del paramilitarismo, evocando la frase "tanto mafioso libre", que refleja la frustración ante la falta de justicia.
Resalta además, cómo varios miembros de la familia Vargas han muerto de manera violenta, lo que indica que la violencia no solo ha sido un fenómeno del pasado, sino que sigue presente en la en la actualidad.
Se ratifica un entramado complejo de corrupción, impunidad y complicidad que ha permitido que el legado del paramilitarismo persista en la sociedad colombiana, cuestionando la efectividad de las políticas de justicia y la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos que perpetúan una historia violenta.
Armas y Vínculos Internacionales
Gamboa (2023) señala además que, según estas investigaciones judiciales, un aspecto fundamental de la consolidación paramilitar fue el acceso a armamento avanzado.
Entre 2003 y 2006, durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se entregaron más de 11,000 armas de fuego, incluidas 7,000 de origen búlgaro. Estas armas ingresaron al país a través de redes internacionales coordinadas por exmilitares y empresarios.
El alcance global de estas operaciones expone cómo el paramilitarismo no fue un fenómeno aislado dentro de las fronteras nacionales, sino un actor con nexos transnacionales que involucraban a empresas privadas y traficantes de armas.
Además, la permisividad de instituciones estatales tanto nacionales como entes internacionales frente a estos flujos ilegales refuerza la narrativa de cómo el Estado se convirtió en facilitador de la violencia estructural.
El Caso Jacinto Alberto Soto Toro: La Impunidad como Norma
La captura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias "Lucas", en 1998 marcó un hito en la investigación sobre el Parqueadero Padilla. Soto Toro fue condenado en agosto de 2024 por el asesinato de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que indagaban las operaciones paramilitares. Sin embargo, su condena expuso solo la punta del iceberg.
El caso de Soto Toro puso en evidencia la profunda infiltración de las redes paramilitares en las esferas políticas y económicas del país (Gamboa, D., Santiago. 2023).
Se resalta la participación de empresarios, funcionarios públicos e incluso altos mandos del Ejército, quienes facilitaron las operaciones de las ACCU.
A pesar de las pruebas, muchos de estos actores continúan en libertad, amparados por un sistema judicial que ha sido incapaz de superar la impunidad estructural.
Reconstruir el tejido social para derrotar el modelo criminal de país.
El caso del Parqueadero Padilla no es solo una herida del pasado, sino el reflejo de una estrategia de despojo que destruyó las bases del tejido social para imponer un modelo extractivo, neoliberal e hiperconcentrador de poder y riqueza.
Este modelo, respaldado por alianzas entre paramilitarismo, empresarios y Estado, se sostiene mediante el despojo, la intimidación y el asesinato, con el propósito de anular el poder popular en los territorios.
Recuperar este tejido social roto exige que las comunidades y organizaciones populares se conviertan en el centro de una transformación nacional.
Esto significa construir un poder territorial basado en la organización colectiva y en una participación que trascienda las fórmulas decorativas para incidir verdaderamente en la planeación, las políticas públicas, la inversión y los planes de ordenamiento territorial.
La restitución de tierras, si bien urgente, debe estar integrada en una reforma agraria que rompa con las lógicas de concentración y devuelva a las comunidades su capacidad de autogestión.
Este proceso no puede desligarse de una institucionalidad popular, nacida desde los territorios, que combata la corrupción y garantice justicia frente a los crímenes de quienes han sostenido este modelo de exclusión.
Reconocer que el paramilitarismo se ha adaptado y persiste en formas renovadas es esencial para enfrentar sus nuevas estrategias de control y despojo.
La construcción de un país justo solo será posible fortaleciendo el poder popular, eje de una lucha que restaure la dignidad y el bienestar en cada rincón de Colombia.
Referencias bibliográficas.
Restrepo, J. D. (2022). Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: surgimiento, transformación, consolidación y financiación 1994-1998. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En: https://www.comisiondelaverdad.co/autodefensas-campesinas-de-cordoba-y-uraba-surgimiento-transformacion-consolidacion-y-financiacion
El Espectador. (2023). De ‘Los 12 Apóstoles’ a La Modelo: los otros financiadores del paramilitarismo. Recuperado de https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/de-los-12-ap%C3%B3stoles-a-la-la-modelo-los-otros-financiadores-del-paramilitarismo/ar-AA1r5ddw?ocid=BingNewsSerp
Insuasty Rodríguez, A. (2024). La trama de la impunidad: Empresas, criminalidad y Estado en Colombia. Kavilando. Recuperado de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/9992-la-trama-de-la-impunidad-empresas-criminalidad-y-estado-en-colombia
Gamboa, D., Santiago. (2023). La huella que sigue la Fiscalía sobre el dinero que financió a los paramilitares. El Espectador. https://www.elespectador.com/judicial/la-huella-que-sigue-la-fiscalia-sobre-el-dinero-que-financio-a-los-paramilitares/
Sánchez Arévalo, N. (30 de julio de 2023). Dueños del parqueadero Padilla: sus negocios con "paras" y empresarios del Valle. Obtenido de Vorágine: https://voragine.co/historias/investigacion/duenos-del-parqueadero-padilla-sus-negocios-con-paras-y-empresarios-del-valle/
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