Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*
La reciente recepción del diagnóstico integral de los archivos del extinto DAS por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) constituye un paso crucial hacia la verdad y la justicia en Colombia.
Este proceso no solo es vital para las víctimas del conflicto armado, sino que también desafía las raíces de la impunidad, al desvelar un sistema de alianzas entre actores estatales, paramilitares y empresariales que han sostenido dinámicas de exterminio y represión política.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el magistrado Óscar Parra; el director del Archivo General de la Nación, Francisco Flórez Bolívar; y el ministro de Cultura, Juan David Correa, se reunieron el 27 de diciembre para recibir un diagnóstico integral del Archivo General de la Nación.
Este documento establece las condiciones para hacer públicos los archivos del DAS y garantizar el acceso a las víctimas, en cumplimiento de las medidas cautelares de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que trasladó dicho diagnóstico a los involucrados en su preservación.
Los archivos del DAS, que comprenden más de 57,000 unidades de conservación, son esenciales para entender el "modus operandi" del Estado en violaciones a los derechos humanos, su relación con el paramilitarismo y su papel en el exterminio de movimientos sociales, campesinos, étnicos, obreros y urbanos.
Además, arrojar luz sobre vínculos criminales con empresas, clanes políticos, intereses gubernamentales y la injerencia en países vecinos como Venezuela.
Este contexto no puede entenderse sin considerar la complicidad de la DEA y los Estados Unidos, quienes por acción u omisión facilitaron estas prácticas bajo intereses estratégicos.
El magistrado Óscar Parra ha destacado que el acceso a estos archivos no solo combate la impunidad, sino que también construye memoria histórica, un elemento indispensable para la no repetición.
Este esfuerzo debe estar acompañado por un mecanismo de desclasificación eficiente, apoyado en tecnologías avanzadas, que permita garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y facilite su acceso a la justicia.
Casos como el del exagente del DAS Giovanny Calderón Salazar ejemplifican la necesidad de que los responsables contribuyan a esclarecer la verdad. Sin embargo, este proceso debe evitar que la colaboración se traduzca en impunidad para quienes no asumen plenamente su responsabilidad.
El desafío va más allá de desclasificar archivos, implica transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia, como la exclusión social, la desigualdad y la falta de acceso a la justicia.
Construir una paz duradera requiere reconocer la historia de injusticias y garantizar que las víctimas sean el centro de los procesos de verdad y reparación.
La desclasificación de los archivos del DAS es solo el comienzo.
La verdad debe ser un compromiso colectivo, un acto de reparación y el fundamento de un futuro basado en el respeto por los derechos humanos.
Enfrentar el pasado con valentía es el único camino hacia una sociedad que priorice la justicia, la dignidad y la no repetición
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