Colombia en la encrucijada. Carta de organizaciones sociales al presidente Petro.

Bogotá D.C., 21 de enero de 2025

Señor

Gustavo Petro Urrego Presidente de la República E.S.M.

Señor Presidente,

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, somos tres plataformas conformadas por más de 500 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, de mujeres, indígenas, campesinas, víctimas, afro-descendientes, sindicales, juveniles, culturales, LGBT, ambientalistas, religiosas, juveniles, con presencia en 26 de los 32 departamentos del país. Desde nuestra creación en los años noventa, hemos desarrollado acciones de incidencia política a nivel territorial, nacional e internacional con el objetivo de contribuir al respeto, promoción y la garantía de los derechos humanos integrales; la búsqueda de la paz; la vigencia del Estado social de derecho; la lucha contra la impunidad; la solución política negociada al conflicto armado interno y la articulación de una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia.

Entre nuestros principales logros cabe resaltar: 1. La apertura en Colombia de la OACNUDH; 2. El posicionamiento de la problemática colombiana de derechos humanos en las agendas nacional e internacional; 3. El impulso de la construcción conjunta entre Estado y sociedad de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; 4. La creación del Proceso Nacional de Garantías para personas defensoras de derechos humanos 5. Los aportes desde la perspectiva de los derechos humanos y de las víctimas al diseño y funcionamiento de las instituciones del punto 5 del Acuerdo de Paz; 6. La creación de una Mesa asesora para la reforma a la Policía; 7. La construcción de las bases para la formulación de la política de respeto y garantías para la defensa de los derechos humanos; 8. La propuesta de criterios para la conformación de la terna para Defensora del Pueblo.

Señor Presidente, le agradecemos por recibirnos hoy y por plantear desde el inicio de su Gobierno una apuesta decidida por alcanzar una paz ligada a la vigencia y garantía de los derechos humanos y una relación constructiva con la sociedad civil. Queremos compartir con Usted nuestra lectura de la situación del país desde la lente de los derechos humanos y esto empieza con el reconocimiento a avances del Gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” entre los que destacamos:

1. El impulso de reformas estructurales para reducir la inequidad y materializar los derechos económicos, sociales y culturales, como la reforma pensional, la renta básica ciudadana o el Plan Nacional de Desarrollo, además de la apuesta por la creación del Ministerio de la Igualdad.
2. El compromiso con la protección ambiental y las transiciones energéticas en un contexto de crisis climática y ambiental mundial.
3. La extensión por nueve años de la presencia de la OACNUDH en el país.
4. Avances en la depuración de mandos en las Fuerzas Militares.
5. La aprobación de la Política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y estructuras sucesoras del paramilitarismo.
6. La voluntad decidida para avanzar en la formulación participativa del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la Política Pública Integral de Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, así como de reactivación del Proceso Nacional de Garantías y la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
7. La disminución de violaciones de derechos humanos, al menos las perpetradas de manera directa, por parte de agentes de la fuerza pública y los intentos para dar mayor prioridad al enfoque de diálogo para el manejo de la protesta social y respeto hacia los derechos de quienes se manifiestan.
8. La instrucción de cambiar la postura de defensa del Estado ante instancias internacionales de protección de derechos, como el Sistema Interamericano.
9. El compromiso con la meritocracia y paridad de género evidenciado en las ternas para la elección de la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la Nación, mostrando una apuesta por la inclusión y participación política de las mujeres.

A pesar de todo lo anterior, varios de estos avances han encontrado en la práctica dificultades de distintos órdenes para concretarse, y en tiempos recientes las vulneraciones a los derechos de colombianas y colombianos han vuelto a alcanzar niveles preocupantes, como se mostrará a continuación.

1. Preocupaciones sobre la situación derechos humanos en los territorios
2. Se ha expandido el control territorial de los grupos armados lo que pone en riesgo la vida en losterritorios:

La crisis humanitaria que se vive en regiones como Catatumbo, Antioquia, Arauca, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, el Pacífico, sur de Bolívar y Magdalena Medio se ha agravado debido a la acción de diferentes grupos armados ilegales, para llegar a nuevos territorios y fortalecer su control en donde ya hacen presencia.  

Se ha identificado un plan de expansión de organizaciones criminales y paramilitares como el Clan del

Golfo en territorios como el Magdalena Medio, Antioquia, el Sur de Bolívar, Arauca y Norte de Santander.

Su presencia y consolidación en estas regiones ha aumentado, y con ello la violencia hacia la población civil. Incluso, ha sido posible identificar que las organizaciones criminales y paramilitares se han expandido a zonas urbanas, al amparo de la colaboración, omisiones y connivencia de organismos de la Fuerza Pública. En ciudades como Cúcuta, Barranquilla y su área metropolitana, Quibdó, Cali y Bogotá, especialmente, se ha notado en los últimos dos años, la proliferación de bandas delincuenciales de diverso tipo, funcionales a grupos más grandes como el Clan del Golfo, ELN o a las disidencias de las FARC.

Estas organizaciones no sólo expanden su influencia mediante la violencia y el terror sino que también recurren a tácticas de control social, como la suplantación de movimientos sociales y el reclutamiento forzado, restringiendo así la capacidad y autonomía de las comunidades para defender sus derechos y desarrollar sus proyectos de vida libremente.  

El fortalecimiento de los grupos armados en los territorios, aunado a las estrategias de control social, como son los paros armados y el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, representan un grave riesgo para la defensa de los derechos humanos. Estas prácticas vulneran la integridad física y emocional de las víctimas, al tiempo que desestabilizan las comunidades, impidiendo que los defensores de derechos humanos ejerzan su labor con seguridad. En este contexto, las amenazas, agresiones, el acoso, desplazamiento y la violencia contra quienes se oponen a estas dinámicas se intensifican, durante 2024 fueron asesinadas por los menos 136 personas defensoras de derechos humanos.

La labor de defensa del territorio y el ambiente, de exigencia de justicia, del acuerdo de paz, de derechos sexuales, de condiciones dignas para toda la población, nos está costando la vida.

2. Urge el respeto por el DIH por todos los actores armados y la suscripción de pactoshumanitarios:

Los enfrentamientos entre grupos armados legales e ilegales, junto con hostigamientos, homicidios, masacres, reclutamiento forzado, violencia sexual y control social, continúan evidenciando la persistencia del conflicto y un entorno hostil para la defensa de los derechos humanos. Las disputas por el control territorial han generado un aumento de amenazas, desplazamientos y confinamientos en diversas poblaciones.

A pesar de los ceses al fuego pactados, su impacto ha sido limitado, especialmente en territorios con múltiples actores armados, lo que afecta gravemente a las comunidades y personas defensoras de derechos humanos. Por ello, la Política de Paz Total debe promover el respeto por parte de todos los actores de las normas humanitarias y fomentar acuerdos multilaterales de cese al fuego, con la participación de las comunidades y organizaciones de derechos humanos en su verificación y monitoreo.

3. Preocupación por el enfoque de construcción de paz presentado por la OACP y la negación dela existencia del conflicto armado.

Para las plataformas de derechos humanos, es de suma preocupación la visión presentada por el Consejero de Paz la semana pasada en la Mesa Nacional de Garantías, en la que se afirmó que en Colombia no existía un conflicto armado interno, en contravía del reconocimiento que ha hecho el CICR de por los menos seis conflictos “que afectan drásticamente la vida de las personas”. Igualmente, preocupa que después de posicionar el proyecto de Paz Total que implica la negociación simultánea con diferentes actores armados para la solución negociada o el sometimiento condicionado de los grupos armados, ahora se planteen otros discursos sin mayor contenido como la paz positiva, la paz integral o la paz de segundas oportunidades.  

Nos distanciamos de la declaratoria del estado de conmoción interior para resolver la situación en el Catatumbo y de cualquier postura que promueva el militarismo o las violaciones a los derechos humanos. La historia de nuestro país demuestra que estos estados de excepción, que otorgan mayores facultades a las fuerzas armadas, no han contribuido a la pacificación ni a la resolución de conflictos por medios pacíficos. Tras 17 años de restricción en el uso de esta figura, lamentamos profundamente que sea este Gobierno, que se presenta como defensor de la dignidad de las comunidades y de la vida, el que decida retomarla.

4. Lamentamos profundamente la suspensión del diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejércitode Liberación Nacional (ELN).

Desde las Plataformas de Derechos Humanos, rechazamos la intensificación de las hostilidades entre la guerrilla ELN y las disidencias de las EMB- FARC, las cuales han tenido un impacto devastador en la región del Catatumbo, cobrando la vida de al menos 80 personas, incluyendo cinco firmantes del Acuerdo de Paz. Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier ataque y vulneración de los derechos de la población civil. La violencia no puede seguir siendo la respuesta ante los conflictos, ni el sufrimiento de quienes aspiran a una Colombia en paz puede ser ignorado.

La paz es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido. Creemos firmemente que la negociación política, junto con espacios socio-jurídicos efectivos, son las vías esenciales para la superación del conflicto armado y el abordaje de otras manifestaciones de criminalidad y violencia paramilitar.

Por lo tanto, le hacemos un llamado urgente a usted señor Presidente y al Gobierno Nacional para que perseveren en su compromiso con el diálogo como el único camino viable hacia la resolución del conflicto armado. Es crucial resistir la tentación de intensificar la confrontación armada, ya que ello no sólo exacerba la violencia, sino que pone en grave riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, los liderazgos sociales, las comunidades y los territorios. La paz debe mantenerse como una prioridad inquebrantable, cimentada en el respeto a la vida, la dignidad, el DIH y la justicia social para todas y todos los colombianos.

Instamos al Gobierno Nacional a renovar y reafirmar su compromiso con una agenda de paz, que permita avanzar en la construcción de una Colombia más justa, democrática y en paz, donde los derechos humanos sean plenamente garantizados.

5. El papel    de          las          fuerzas                armadas             y             su connivencia       con        grupos ilegales

Es imperativo que las estrategias de seguridad sean revisadas y ajustadas para garantizar que no existan vínculos, omisiones o connivencias entre las fuerzas armadas y los grupos armados ilegales. La persistencia de estas relaciones debilita la legitimidad institucional, perpetúa ciclos de violencia y agrava la situación en los territorios, dejando en desamparo a las comunidades más vulnerables. Una reforma integral del sector seguridad con enfoque feminista, étnico y de derechos humanos resulta fundamental para atender estas problemáticas. Este proceso debe incluir la implementación de la política de desmantelamiento, y en particular las reformas institucionales para eliminar cualquier posibilidad de que el Estado, sus instituciones o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con organizaciones criminales, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, la implementación de órdenes judiciales internacionales relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y la incorporación de acciones afirmativas en favor de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Asimismo, es crucial limitar y distinguir adecuadamente las funciones militares de las policiales, asegurando que la actuación de la Fuerza Pública se alinee con los principios de respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil.

6. El fracaso de la paz es el fracaso del Gobierno y de la sociedad.

El fracaso en la consolidación de la paz en Colombia subraya la necesidad de replantear la estrategia de paz, integrando de manera coherente las políticas de seguridad y paz, y promoviendo la participación activa y protagónica de la sociedad civil en los diálogos.

El Gobierno Nacional debe liderar un esfuerzo para reconocer la paz como una Política de Estado y un derecho fundamental, armonizando la implementación del Acuerdo Final de Paz con la Política de Paz Total y otros compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Es crucial que las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en este proceso, estableciendo mecanismos que legitimen su rol y articulen la política de paz con otras políticas clave, como la protección de las personas defensoras de derechos humanos y el desmantelamiento de estructuras criminales. Además, es esencial contar con un marco jurídico sólido que materialice los acuerdos de paz y sometimiento, y garantice ceses al fuego multilaterales que protejan a las comunidades y respeten los derechos de la naturaleza.

7. El Proceso Nacional de Garantías puede contribuir a la protección de personas defensoras yliderazgos sociales

El Proceso Nacional de Garantías es crucial para el diálogo entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, con el fin de asegurar la protección de las personas defensores de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia. Es urgente fortalecer este espacio, asegurando la participación de interlocutores de alto nivel y estableciendo compromisos concretos para reducir los riesgos que enfrentan los defensores.

La continuidad del proceso depende de crear condiciones que garanticen su efectividad y cumplimiento, con la participación activa de todas las entidades gubernamentales y un trabajo interinstitucional que responda a las necesidades de los territorios más afectados.

Se espera que este gobierne lo consolidar el Plan de Acción en derechos humanos, la política pública de garantías y el cumplimiento irrestricto de las órdenes contenidas en la sentencia SU-546 de 2023

1. Solicitudes

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, presentamos las siguientes solicitudes:

1. Persistir en una salida negociada al conflicto armado, reconociendo que la construcción de paz sólo es posible a través del diálogo y la voluntad política, con la exigencia irrestricta del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es crucial garantizar la continuidad de los procesos de paz en curso, particularmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diálogos sociojurídicos con otros actores armados, consolidando los espacios de negociación como la vía prioritaria para alcanzar acuerdos estables y duraderos. Estos procesos deben ser inclusivos, con participación de la sociedad civil, particularmente de las víctimas, las comunidades más afectadas y las mujeres como actoras de Paz en cumplimiento del Plan de Acción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
2. Reforzar la presencia del Estado en la región del Catatumbo, para garantizar la protección de la población civil, los firmantes del acuerdo paz, las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales, se debe cumplir con el compromiso de suscribir e implementar el Pacto Social para la Transformación territorial del Catatumbo, implementar el Acuerdo de Paz de 2016. Así mismo se deben garantizar con prontitud las condiciones para el retorno seguro de las personas que han sido desplazadas forzosamente a causa de la situación de violencia que se está viviendo en la región.
3. Lograr un Acuerdo Nacional en torno a la paz como política de Estado, priorizando la implementación integral y efectiva del Acuerdo de Paz de 2016. Esto incluye el desarrollo rural, la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reincorporación de excombatientes mediante apoyo en educación, empleo y salud, asegurando reparación a las víctimas y atención a los territorios afectados por el conflicto. Además, es fundamental articular la paz con políticas de seguridad, protección a personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, impulsar el Servicio Social para la Paz en todo el país, implementar estrategias pedagógicas que fortalezcan el compromiso público con la paz, y desmantelar efectivamente el paramilitarismo y redes criminales mediante el cumplimiento de la política pública y su plan de acción, que incluye la expedición del marco jurídico para su sometimiento, y que la CNGS haga el seguimiento y evaluación del impacto de la implementación y rinda informes públicos de los avances y obstáculos en la lucha contra estas organizaciones.  
4. Establecer un mecanismo conjunto de monitoreo, verificación y seguimiento de la Política de Paz Total, en colaboración con la sociedad civil y participación de la comunidad internacional, para garantizar un canal de comunicación directo y permanente que informe de manera transparente sobre los avances, ajustes y compromisos de dicha política. Es esencial que las comunidades afectadas por el conflicto y las organizaciones sociales tengan acceso a información detallada sobre el desarrollo de las negociaciones y participen activamente en el seguimiento y ajuste de las estrategias de paz, asegurando así una implementación efectiva, inclusiva y con amplia legitimidad.
5. Priorizar y fortalecer el Proceso Nacional de Garantías para la labor de defensa de los derechos humanos, instando al Ministro del Interior a liderarlo directamente con una interlocución periódica de alto nivel, conforme a los mandatos de la Corte Constitucional. Asimismo, requerimos un pronunciamiento público del Jefe de Gobierno en respaldo a la legitimidad de la defensa de derechos humanos, exhortando a las instituciones del Estado a acatar la sentencia SU 546 de 2023, que reconoce este derecho, y rechazando las agresiones contra defensores de derechos humanos. Es fundamental, además, comprometerse con un cambio en el modelo de protección para las personas defensoras, con participación de la sociedad civil, como parte de los acuerdos de la Mesa Nacional de Garantías.
6. Solicitamos garantizar la creación, continuidad y sostenibilidad de políticas públicas que fortalezcan la defensa de los derechos humanos, incluyendo la asignación de recursos, la coordinación interinstitucional y el pleno funcionamiento del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, así como de la política pública de garantías para la labor de defensa de derechos humanos. Es esencial avanzar en una agenda legislativa que complemente estas políticas, priorizando la reforma policial, la separación de la Policía del Ministerio de Defensa, el trámite de una Ley de Memoria y Verdad, la aprobación de la Ley Estatutaria de Protesta y la adecuación de la ley de inteligencia a estándares internacionales, asegurando la desclasificación de archivos y la protección de los derechos fundamentales, en línea con la sentencia del Caso CAJAR de la Corte IDH.

Señor Presidente, le instamos a renovar su compromiso con la construcción de paz, mantener abiertas las puertas del diálogo y a adoptar medidas que fortalezcan la confianza de las comunidades en el proceso. La paz no puede ser vista como un objetivo inalcanzable, sino como el camino necesario para garantizar la vida y la dignidad de todos los colombianos.

Quedamos atentos a su respuesta y a la posibilidad de entablar un diálogo para aportar desde nuestra experiencia y compromiso con la paz en Colombia.

Atentamente,

Coordinación Colombia Estados Unidos

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.

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