En 2025, pese a las tensiones y al eco persistente de un embrujo autoritario, la sociedad civil colombiana ha promovido espacios de encuentro para imaginar y construir una paz consciente, participativa y transformadora.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
No se trata de una paz ingenua ni reducida a marcos neoliberales, sino de un proceso que demanda verdad plena, justicia profunda y una auténtica democratización de las instituciones.
La construcción de una paz auténtica en Colombia sigue siendo uno de los mayores retos para la sociedad contemporánea, una ruta de esperanza.
Más allá de los discursos oficiales y los marcos normativos, la persistencia de la violencia, el paramilitarismo y la concentración del poder político y económico han obstaculizado procesos de reconciliación con capacidad transformadora.
En este contexto, diversas organizaciones sociales han insistido en la necesidad de una paz consciente, participativa y con cambios estructurales, distinta a la paz ingenua o neoliberal que reproduce desigualdades y limita las transformaciones sociales de fondo.
Durante este año, se han desarrollado múltiples encuentros de la sociedad civil en distintas regiones del país, con el propósito de discutir colectivamente las condiciones para una paz urbana y territorial con justicia social. Estos espacios reflejan un acumulado organizativo que busca incidir en la agenda pública, superar el silenciamiento histórico de los movimientos sociales y contrarrestar los enfoques hegemónicos que reducen la paz a un simple trámite jurídico.
Retos normativos y estructurales de la paz en Colombia
El entramado jurídico e institucional colombiano ha mostrado limitaciones en la implementación de mecanismos efectivos de reconciliación, verdad y justicia. La Ley 2272 de 2022, por ejemplo, que busca reglamentar aspectos de la paz total, presenta tensiones entre el ideal de una paz amplia y la persistencia de dinámicas que favorecen intereses de élites y sectores tradicionales del poder.
La normatividad relacionada con la paz en Colombia tiende a subordinarse a la lógica de los pactos de élite, más que a la democratización real del Estado y la inclusión de las voces populares. De esta manera, los marcos legales han resultado insuficientes para reconocer la naturaleza multidimensional del conflicto, así como para garantizar la participación plena de comunidades urbanas, campesinas, étnicas y populares.
Actores en confrontación y la persistencia del paramilitarismo. Un aspecto central para pensar la paz auténtica es la caracterización de los actores en confrontación. Y es que, el conflicto armado y sus mutaciones actuales no se pueden comprender únicamente desde la existencia de grupos insurgentes. Es indispensable incluir al Estado, las élites políticas y económicas, y las estructuras paramilitares que, lejos de desaparecer, han mutado en sus formas de acción, manteniendo vínculos con el narcotráfico, el control territorial y la política local.
La Comisión de la Verdad (2022) enfatizó que el paramilitarismo no solo fue un actor armado, sino una estrategia política y económica que operó de manera funcional a un modelo de acumulación basado en la desposesión, el control social y la violencia urbana y rural. Ignorar su persistencia en la actualidad favorece la continuidad de la impunidad y debilita la construcción de garantías reales de no repetición.
Verdad plena y desmontaje de narrativas de impunidad. Otro reto fundamental es la construcción de una verdad plena que supere las narrativas oficiales. La experiencia de la Comisión de la Verdad mostró que las versiones institucionales tienden a ocultar o minimizar la responsabilidad de sectores estatales, militares y empresariales en el conflicto.
Se requiere avanzar en una verdad exhaustiva que permita identificar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, muchos de los cuales aún ocupan cargos de poder. sin este ejercicio no será posible desmontar la narrativa de impunidad que ha acompañado a las élites, perpetuando la violencia bajo nuevas formas.
Repensar la paz en Colombia exige cuestionar la estructura misma del Estado y sus prioridades. La concentración del poder en élites políticas y económicas ha sido una de las principales barreras para la transformación social y la inclusión de las mayorías populares en los procesos decisorios.
La democratización institucional y normativa debe estar acompañada por el fortalecimiento de los movimientos sociales, étnicos, urbanos y populares, cuya voz ha sido históricamente excluida y/o minimizada.
Los encuentros realizados este año (2025) son una muestra de la capacidad de la sociedad civil para construir propuestas colectivas que desafíen la hegemonía neoliberal y propongan alternativas basadas en justicia social, dignidad y derechos aún a pesar del tiempo político adverso.
Más de 100 liderazgos sociales nos articulamos para insistir en la solución política al conflicto y en la construcción de una paz con transformaciones profundas. ✊ Exigimos diálogo, cumplimiento de acuerdos y respeto a la vida.
— Movimiento Social Por La Paz (@MSPazColombiaOf) September 1, 2025
Lee el llamamiento ⬇️https://t.co/DgjcEfkVgkpic.twitter.com/F2WOUffXgJ
Los procesos educativos son igualmente centrales para disputar el modelo hegemónico de paz, así, una formación crítica y contextualizada permite a la ciudadanía comprender las raíces históricas del conflicto, reconocer las resistencias, ubicar su lugar y proyectar alternativas más allá del discurso oficial.
Este enfoque educativo puede aportar a la construcción de una ciudadanía activa, crítica y movilizada, que no se limite a ser receptora pasiva de políticas estatales, sino que incida en la transformación de las condiciones estructurales que alimentan la violencia y la exclusión.
La paz en Colombia no puede reducirse a la firma de acuerdos ni a la promulgación de leyes. Requiere enfrentar la persistencia del paramilitarismo, democratizar las instituciones, garantizar la verdad plena y fortalecer los movimientos sociales como actores centrales de la transformación.
Aún las condiciones adversas de una “Paz Total contradictoria”, de una dispersión compleja de conflictos y violencias en diversos territorios del país, de constantes alertas de Emergencias Humanitarias por la intensidad del conflicto y la violencia armadas, este año 2025, la sociedad civil ha realizado importantes esfuerzos de articulación autónoma, fundamental para repensar la realidad y reconocer que la paz no será posible si se sigue concibiendo como un proyecto neoliberal, tecnocrático o limitado a las élites.
Se trata, más bien, de avanzar hacia una paz consciente, participativa y con cambios estructurales, capaz de desmontar la impunidad y de construir un país donde la dignidad y la justicia sean la base de la reconciliación duradera.
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