Por: Alfoso Insuasty Rodríguez* / Del Plan Colombia al emergente “Plan Ecuador”, América Latina vuelve a ser laboratorio de control territorial. Bajo la retórica de seguridad, se militarizan territorios estratégicos para contener a China, asegurar recursos y debilitar resistencias populares.
Lo que hoy ocurre en Ecuador no es un fenómeno aislado ni exclusivamente nacional. Es parte de una continuidad histórica. El despliegue de medidas de seguridad, la ampliación del aparato de inteligencia, la militarización del orden interno y la creciente cooperación con Estados Unidos configuran lo que puede entenderse como un “Plan Ecuador”, una reedición adaptada del Plan Colombia, en un nuevo contexto de disputa global.
A comienzos del siglo XXI, el Plan Colombia fue presentado como una estrategia para combatir el narcotráfico. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que su impacto fue mucho más amplio, consolidó la presencia militar estadounidense, reconfiguró el control territorial y protegió corredores estratégicos y zonas de alto valor económico.
El Plan Colombia rediseñó el Estado bajo intereses norteamericanos, la misma ruta está planteada para Ecuador. En Ecuador, la declaración de “conflicto armado interno”, la ampliación de las facultades militares y el endurecimiento del marco legal contra el terrorismo reproducen elementos centrales de aquella estrategia. Pero existe una diferencia clave, el contexto geopolítico ha cambiado. La disputa ya no se limita al control interno, sino que se inscribe en la competencia entre potencias por el control del orden global.
En este escenario, América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico. El eje Pacífico-Amazonía, donde convergen Colombia y Ecuador, es hoy un territorio disputado y estratégico en del planeta. Allí se articulan rutas comerciales, infraestructura portuaria, corredores logísticos y reservas de recursos críticos como minerales, biodiversidad y agua. A esto se suma la creciente presencia de China, que en las últimas dos décadas ha incrementado su inversión en infraestructura, energía y comercio en la región, acuerdos comerciales bajo las reglas de juego del mercado.
Para Estados Unidos, esta expansión representa un desafío directo a su histórica hegemonía hemisférica. La respuesta no ha sido únicamente económica o diplomática, sino también securitaria. La militarización de territorios clave permite asegurar rutas, controlar espacios estratégicos y limitar la influencia de actores extrahemisféricos.
En este marco, la seguridad funciona como lenguaje legitimador. Tanto en el Plan Colombia como en el emergente “Plan Ecuador”, fenómenos complejos como el narcotráfico, la migración o la protesta social son reinterpretados como amenazas militares.
Este proceso de securitización permite justificar la expansión del aparato coercitivo del Estado, el uso prolongado de estados de excepción y la presencia de fuerzas armadas en funciones de seguridad interna.
La militarización tiende a producir escenarios de mayor violencia, fragmentación social e inestabilidad institucional. Lejos de ser un efecto no deseado, esta dinámica puede resultar funcional, el aumento del conflicto legitima la continuidad de las medidas de seguridad y facilita el control territorial.
En Colombia, este proceso estuvo acompañado por la estigmatización de líderes sociales, la criminalización de la protesta y el debilitamiento de organizaciones comunitarias. En Ecuador, el endurecimiento de la legislación antiterrorista y la ambigüedad en las definiciones legales abren la puerta a un escenario similar, donde la protesta puede ser reinterpretada como amenaza, las ejecuciones extrajudiciales como incontenibles fallos del sistema, la vulneración a derechos humanos, las desapariciones y los mal llamados falsos positivos como males no estructurales sino como pequeñas desviaciones “manzanas podridas” como fueron llamados militares responsables de ejecuciones extrajudiciales, llamados “falsos positivos”.
Hacia un disciplinamiento social.
Las comunidades que habitan territorios estratégicos, ricos en minerales, biodiversidad o infraestructura, son también aquellas que históricamente han resistido proyectos extractivos o políticas impuestas desde arriba. La securitización permite neutralizar estas resistencias, fragmentar el tejido social y garantizar condiciones para la explotación de recursos.
El control territorial no solo responde a lógicas militares, sino también a la necesidad de asegurar cadenas de suministro en un contexto global cada vez más competitivo. América Latina continúa siendo clave en la provisión de materias primas, y su inserción en la economía mundial sigue marcada por relaciones de dependencia.
En este sentido, el “Plan Ecuador” puede leerse como parte de una estrategia más amplia de contención geopolítica. No se trata únicamente de combatir el crimen, sino de “ordenar el territorio en función de intereses imperiales”, asegurando el acceso a recursos y limitando la influencia de actores emergentes.
Frente a este panorama, la pregunta central no es solo sobre seguridad, sino sobre soberanía. ¿Quién define las amenazas? ¿Quién controla los territorios? ¿En función de qué intereses se organiza la vida social?
La respuesta no puede limitarse al ámbito estatal. A lo largo de la historia, han sido los movimientos sociales, las comunidades indígenas y las organizaciones populares quienes han resistido estas dinámicas y han defendido formas alternativas de vida, territorio y política.
El desafío actual es mayor. En un mundo en transición hacia un orden multipolar, América Latina enfrenta el riesgo de convertirse nuevamente en escenario de disputa entre potencias.
Pero también tiene la posibilidad de construir otra ruta. Una que no pase por la militarización ni por la subordinación, sino por la integración regional, la soberanía sobre los recursos y el fortalecimiento de las capacidades propias.
Porque si algo muestran procesos como el Plan Colombia y su posible reedición en Ecuador, es que la seguridad impuesta desde fuera no trae la paz, complejiza y rediseña el conflicto y la violencia profundizándola.
*docente investigador Universidad de San Buenaventura Medellin, parte de REDIPAZ e integrante grupo autónomo Kavilando.
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