Derecho a la Salud: ¿Y qué pasará con las maternas en Antioquia y Colombia?

Linea Conflicto Social y Paz

Se ha reiterado hasta la saciedad por las agremiaciones científicas, sindicales y populares la problemática de la salud en Colombia como consecuencia de la aplicación de la Ley 100 de 1993, existen ejemplos por mil con las desastrosas consecuencias para la salud de la población colombiana.

Sin embargo, las respuestas gubernamentales a la crisis han sido con elementos que la ahondan aún más; como si el fuego se apagara con leña, gasolina o carbón.

Después de que a través de la Ley 100 de 1993 se convirtió la salud en mercado, entregándole este “nuevo negocio” al sector financiero, desde allí, los pacientes súbitamente se convirtieron en clientes –o para ser más sofistas, a lo político colombiano, en usuarios-; los sujetos sociales –personas de carne y hueso- en simples objetos de lucro para las EPS; y el personal de salud encargado de la atención ha quedado también engrapado y victimizado en esta telaraña –incluso con informalización y tercerización- donde todo se reduce desde lo administrativo a una premisa fundamental: la ganancia.

El Gobierno Nacional quién dio origen a este engendro, con el beneplácito y la participación de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, intenta resolver el problema creado por el mercadeo de la salud a través de más “mercado imperfecto”; es decir, con mayor monopolio, concentrando la atención de los ciudadanos en aquellas pocas EPS que: “han demostrado su eficiencia” –según el propio Presidente de La República Juan Manuel Santos-, encubriendo la crisis del sistema, la mala atención, las trabas administrativas y los incontables problemas a los cuales se debe de someter un ciudadano de a pie para lograr ser atendido, y demostrando una vez más que nuestros gobernantes responden a unos intereses específicos y gobiernan a favor de esa clase social en particular, no de todas las clases, no de todos los ciudadanos.

Un ejemplo contundente de esta situación es lo que ha sucedido con la atención en salud a las maternas en nuestro país y específicamente en nuestro departamento. Mucho se ha hablado y se habla de la reducción de la mortalidad materna como uno de los objetivos del milenio -siguiendo el discurso de la OMS-, de la atención materno-perinatal con calidad, etc., sin embargo profundizándonos en la realidad creada por la ley 100 en esta materia, encontramos una gran contradicción: que se hace explícita cuando -en general- las Instituciones Prestadoras de Salud IPS del sector privado, han venido cerrando este servicio o reduciéndolo a su menor expresión, fenómeno también presentado en las IPS públicas, como el Hospital General de Medellín y las emblemáticas en la ciudad como la Clínica León XIII del Instituto de Seguros Sociales ISS -hoy después de su privatización llamada IPS Universitaria-, con la vista gorda o mejor dicho la aquiescencia del otrora Ministerio de Protección Social y el ahora nuevamente

Ministerio de Salud, ¿pero cuál es la causa de este fenómeno?

En la ley del mercado lo que sirve es lo que da ganancias; lo que no, no sirve y por lo tanto se cierra o se disminuye a su mínima expresión. Entonces, ¿dónde queda para El Gobierno Nacional la importancia de la atención materno-infantil: en las ganancias o en el bienestar social?

Resulta que con la implementación de la Ley 100/93 se introduce un Manual Tarifario en donde todas las prestaciones en salud se clasifican y se les asigna un valor, su cuantificación está determinada como UVR -Unidad de Valor Relativo-; de esta forma, este manual se vuelve la guía de los administradores de la salud, su biblia, al definir lo que se debe incentivar en cada IPS - sobre todo si es del sector privado- y lo que no. El resultado: las atenciones y los procedimientos mejores ranqueados en dicho manual tarifario, en otras palabras los que más UVR dan, son los que se convierten en el eje misional de las IPS, los otros -por muy importantes desde el punto de vista social que sean- son descartados.

De esta forma, las especialidades cuyas atenciones y procedimientos fueron peor valoradas en UVR, según el famoso manual, quedan por fuera de esa prioridad, ejemplo de ello es la atención materno-infantil, comprometiendo las especialidades médicas de la Gineco-Obstetricia y la Pediatría.

Por ejemplo, mientras para la especialidad de la Gineco-Obstetricia un parto vaginal normal o instrumentado, con toda la dedicación –en tiempo y controles-, responsabilidad y posibles complicaciones para el binomio madre-hijo, está cuantificado con 70 UVR y uno por cesárea en 80 UVR; en Ortopedia, un túnel del carpo –cirugía de menor riesgo comparativamente- está cuantificada en 100 UVR; en cirugía general una apendicectomía en 80 UVR; en urología una circuncisión 70 UVR, y eso sin mencionar los otros procedimientos que quedaron establecidos con más cuantificación en UVR; ejemplos sueltos serían: osteosintesis de cadera 160 UVR, colecistectomía por laparoscopia 160 UVR, prostatectomía 200 UVR;  sólo por mencionar algunos casos y algunas especialidades, y eso sin nombrar otros de especialidades y procedimientos con cuantificaciones mayores.

Denunciamos una vez más esta realidad con el objetivo de reivindicar la importancia de la salud materno-infantil en nuestro departamento y país, y por lo tanto, la importancia y trascendencia de nuestro trabajo para la sociedad.

Permítasenos entonces, nuevamente, preguntar: ¿Cuánto le importa al Ministerio y al Gobierno la salud de una materna, su parto con seguridad y calidad, lo mismo que la atención del neonato y la población infantil? ¿Cuál ha sido la posición asumida por Las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, y por las instituciones que vigilan la atención materna, a pesar incluso de un problema tan serio en el departamento –entre otros- como el embarazo infantil y en adolescentes? Sólo se escucha un abrumador y cómplice silencio.

Con este panorama, ¿Qué futuro le espera a la atención materno infantil en el país?.....

…….. Seguimos esperando respuestas.

Enero 1 de 2013.

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