La Paz, Una Tarea De Todos.

Linea Conflicto Social y Paz

Por. Movimiento de Presos Políticos, Camilo Torrez Restrepo, ELN.

Celebramos que en esta región donde se ha librado uno de los conflictos sociales y armados más crueles de nuestra historia reciente,  se llame y convoque a los diferentes actores políticos, armados y sociales  a hacer un análisis sobre la situación social que afronta hoy la población, la cual es considerada  por muchos una región en post-conflicto,

pero también es importante destacar que en esta región el estado ha empleado un sinnúmero  de políticas dirigidas a construir y consolidar un orden territorial que en la mayoría de los casos no interpretan el sentir y necesidad de los habitantes naturales de la región.

…que alegría que la palabra de Camilo sea desamordazada; que la luz de su mente vuelva a brillar, que su energía física y psíquica vuelva a recorrer nuestros senderos ocupados por el terror, la ignominia y la cobardía (SJ. Javier Giraldo )

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Foto: juspax.es.org

En Colombia como en la región se han apaciguado los conflictos armados y sociales, apaciguado porque no se ha dado soluciones de fondo que remedien la causa del conflicto que se dejan ver en las coyunturas sociales de desespero e indignación; el de hoy es un ejemplo de ellos: unas guerrillas alzadas en armas; unas organizaciones sociales y campesinas en las calles exigiendo verdaderas políticas que den solución a las penurias por las que atraviesan las mayorías; los grupos indígenas exigiendo su reconocimiento y territorio; los trabajadores exigiendo mejoras laborales, todos ellos con un propósito único: la transformación de un sistema que no ha sido capaz de interpretar y  resolver las necesidades de las mayorías, y la urgente e inaplazable construcción de la paz.

Con este escenario, todavía  se les quieren vender a los incautos y desinformados colombianos, que la paz  la logramos con la terminación del conflicto armado y más aún, tienen la desfachatez de afirmar que fuimos las guerrillas las que generamos este escenario de caos social.

El informe que acaba de entregar el grupo de memoria histórica da cuenta, del origen en la época y las causas de este lastre de violencia de la sociedad colombiana: “…Muchos quieren seguir viendo en la violencia actual una simple expresión delincuencial o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social”. En esta región del oriente de Antioquia, los pobladores sí que pueden dar fe que a partir de la construcción de los tres proyectos económicos que ha impuesto el sector empresarial, como son: la autopista Medellín-Bogotá, zona franca de Rionegro y la serie de proyectos generadores de energía, han sido después de la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta, el verdadero detonante del conflicto; a partir de estos mega-proyectos que representan para los empresarios grandes desarrollos, pero para la gran mayoría de habitantes de la región el inicio de una vida incierta y llena de calamidades, impactando de forma catastrófica y definitiva en: el territorio y la cultura; El agua los ríos y la biodiversidad; La seguridad alimentaria; el trabajo digno; El usufructo de la producción minera y energética; la paz y la convivencia.

1. El territorio y la cultura. El modelo que podemos llamar colonizador  utilizado en la región, transgrede el entorno natural con el que los pobladores han sobrevivido y convivido por tiempos, modifica las economías tradicionales, rompe los tejidos comunitarios y contagia de individualismo y corrupción todas las relaciones sociales y ambientales que identifican las culturas formadas en las realidades concretas de los territorios.

2.  El agua, los ríos y la biodiversidad. La fractura de los ciclos hídricos es uno de los impactos directos más relevantes de esta absurda injerencia sobre nuestra biodiversidad. La apropiación y utilización extrema del agua en la minería de cielo abierto (caso San Roque), en la explotación petrolera, en la expansión de la agroindustria, la industria energética con sus micros y macro centrales hidroeléctricas, afectan gravemente el equilibrio ambiental y el acceso adecuado y saludable al agua. Mucha gente ha sufrido los estragos de la desertificación y las inundaciones, como de la contaminación y el agotamiento del agua. El despojo de los bienes ambientales seguirá siendo un factor de empobrecimiento.

3. La seguridad alimentaria. Los megaproyectos mineros y energéticos compiten de manera desigual con la producción alimentaria, generando varios “daños colaterales”: el cambio drástico en la tenencia y el uso de la tierra, la privatización y degradación del agua y los suelos, la pérdida de la vocación agrícola de las comunidades rurales  y la sustitución del mercado natural y solidario por el de los alimentos ficticios y la ganancia. Quienes gobiernan ahora, han propuesto una falsa solución: que toda la producción alimentaria quede definitivamente en manos de las empresas transnacionales que trafican con el hambre y la sed del planeta, a través de los Tratados de Libre Comercio, la certificación y patentes de las semillas y el monopolio del mercado.  Es decir, ampliar la dependencia alimentaria.

4. El trabajo digno. La industria energética y extractiva no soluciona las necesidades de empleo del país, porque es una actividad intensiva en maquinaria y limitada en el tiempo. La mano de obra local es utilizada en la primera etapa. El número de empleos no se corresponde con los altos niveles de producción; y si lo medimos por hectárea/año, genera menos empleos que una actividad agrícola integrada. Las trasnacionales mineras, energéticas y petroleras impiden la organización sindical de los trabajadores, lo que reduce la exigibilidad de los derechos laborales; la mayoría del trabajo es contratado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado. Los salarios no compensan la afectación social y física que produce, ni es comparable con las grandes ganancias que generan.

5. El usufructo de la producción minera y energética. Colombia es el país de América Latina que menos retribución obtiene por la explotación minera y energética; se bajan los impuestos por estas actividades, -hasta se exoneran; y las regalías se reducen y ni se cobran de acuerdo a los precios internacionales. La renta de esta actividad, además, no considera los pasivos ambientales y sociales que produce. Esta es la denominada “confianza inversionista” que le da beneficios al capital extranjero, a costa del desmejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Así se hagan intensas campañas publicitarias, lo cierto es que en términos tributarios, una empresa transnacional del sector aporta relativamente menos a la nación que una mina de sal. Estas empresas se terminan llevando gratis los recursos minero-energéticos que extraen.

6. La paz y la convivencia. Los territorios en donde se posicionan estos proyectos incrementan la violencia social y política que soportamos hace rato. Comenzando por el mismo gobierno, quien criminaliza y reprime la protesta social de las comunidades frente a la invasión de la locomotora minero-energética. Con el ya consabido señalamiento de la ‘infiltración’, ahora los campesinos son perseguidos también por estar ‘en contra del desarrollo’. Las autodefensas son utilizadas también como instrumentos de esa política represiva. Las empresas aplican además el engaño y la corrupción para imponer sus intereses; hacen consultas tramposas con las poblaciones, compran autoridades y cooptan dirigencia social y política. Así dividen las organizaciones y provocan enfrentamientos entre las comunidades. 

Comprender que la paz es una tarea de todos los colombianos y no un pacto entre las guerrillas y el estado (como lo quiere hacer ver el gobierno) es el mejor presupuesto para empezar a devolverle el protagonismo  a los actores de primer orden; las organizaciones sociales  y populares, y  no repetir experiencias históricas en las cuales la culminación de la confrontación armada no ha permitido cambios fundamentales en las estructuras de poder político y económico; como en el proceso centroamericano que la terminación del conflicto armado no trajo consigo ni la paz, ni los cambios que el pueblo requería.

El pueblo debe comprender que el papel que cumplimos las guerrillas, en las mesas de diálogos, en el momento las FARC en la Habana, y en un ojalá no muy lejano día con el ELN; es el de propiciar los espacios para que las organizaciones del campo popular asuman y se ocupen de su destino, el de las transformaciones que requiere nuestra sociedad, una nación incluyente, pluricultural y democrática en la que todos podamos vivir y construir nuestro proyecto de vida.

La paz la entendemos como propósito nacional, como bien y condición para la mayor suma de felicidad posible y el buen vivir y existir colectivo;   está claro y es rotunda la disposición de diálogos para comprometer una salida política al conflicto de la mayoría de los colombianos.

Pero esta paz con justicia por la que tanta gente honesta viene haciendo arduos esfuerzos en Colombia, ha sido materialmente imposible, He aquí algunas razones que nos impiden conquistarla:

Desde la invasión de los españoles traemos y soportamos una herencia colonial, nos hemos olvidado de construir lo nuestro, del rescate de lo cultural, no hemos sido capaces ni de cultivar ni de rescatar el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan nuestra sociedad y nuestros grupos sociales en las regiones; nos hemos pasado la vida agrediendo los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.

 El segundo elemento es  la causalidad del conflicto, Es decir, las causas objetivas y orígenes anclados en la injusticia social y económica; en la exclusión política y cultural; en la falta de soberanía; en mecanismos electorales viciados; en la destrucción ambiental y los acuerdos comerciales asimétricos e injustos; en la ausencia de participación; en la falta de acceso colectivo y mayoritario a la propiedad y a la divulgación democrática en medios de información.

En tercer lugar, la guerra y la doctrina anti-popular como política de estado Esta doctrina lleva como fundamento la concepción del “enemigo Interno” que ve en la misma sociedad su propio enemigo, pero también tiene como propósitos la defensa y control de los territorios para ponerlos al servicio de las multinacionales.

Ejemplo de esto, es la distribución y ubicación del ejército de Colombia; sus batallones cumplen tareas específicas entorno a garantizar la seguridad de los proyectos económicos que se adelantan en las regiones: batallones viales y energéticos (como es el caso en el oriente de Antioquia), batallones de alta montaña etc.

Y más recientemente la violencia impulsada por la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe que propicio con su práctica de estímulos económicos y ascenso, los mal llamados “falsos positivos”, induciendo a la fuerza pública a   convertirse en auténticos mercenarios con tal de demostrar a sus amos buenos resultados operativos, y aprovechando esta coyuntura para el exterminio de toda oposición política.

Por ello, entendemos la paz no sólo como la ausencia de conflicto armado, sino como el camino hacia la  transformación y superación de toda clase de injusticias; sociales, económicas, ambientales, y de  impunidad judicial. Más aún  si nos referimos a un país de riquezas y recursos suficientes  para una sociedad sin hambre y sin violencias; igualitaria e incluyente, es decir democrática y civilizada en todas las dimensiones de la vida.

Hoy los intereses de lucha de los movimientos sociales, no pueden descargarse en una mesa de dialogo Insurgencia – Gobierno, tales intereses son lo fundamental y van más allá  de la solución política, son la guía, son el camino, para que el bloque popular democrático y revolucionario avance en su articulación y movilización por las transformaciones que el país requiere.

Movimiento de Presos Políticos

CAMILO TORREZ RESTREPO, ELN

20 de febrero de 2014

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