Por: Alberto Castilla Salazar *
El apretón de manos entre el Presidente Santos y el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez, es la imagen más esperanzadora que ha arrojado el proceso de paz. Ese sencillo gesto selló un histórico acuerdo sobre justicia que conjuró el escepticismo de muchos sectores.
Por la complejidad del conflicto colombiano, alcanzar un acuerdo sobre justicia era uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones entre gobierno y FARC. No era fácil encontrar una fórmula que, a la vez que facilitara los acuerdos, respetara los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y que no se convirtiera en un acuerdo de punto final. Además, la reticencia de cada una de las partes de reconocer su responsabilidad política y jurídica engraves crímenes y reconocer dicha responsabilidad con base en el derecho penal vigente, aparecía como una dificultad adicional. Con el acuerdo de crear una Jurisdicción Especial para la Paz parecen haberse zanjado esas dificultades; cada una de las partes se verá involucrada en un novedoso modelo de justicia transicional, se modificarán las consecuencias derivadas de la responsabilidad penal al concebir amnistías amplias por delitos políticos y conexos, y se considerarán sanciones para máximos responsables de graves crímenes en condiciones especiales.
El acuerdo contiene una fórmula que, si se diseña y aplica adecuadamente, podría satisfacer las demandas de justicia y sentar las bases para la no repetición de los crímenes cometidos. La participación de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y del movimiento social en este proceso será clave para garantizar que así sea, especialmente si tenemos en cuenta que estos sectores hemos abanderado las luchas por la justicia y contra la impunidad. Uno de los puntos más interesantes del acuerdo de justicia entre las FARC y el Gobierno es el reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado, así como la participación activa de sectores políticos y económicos en la violencia que ha padecido el país. Esta es una victoria para el movimiento de derechos humanos, pues hemos vivido en un estado permanente de negación respecto de la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos que buscaba restar legitimidad a los justos reclamos de las víctimas. El acuerdo abre las puertas para romper con esa cultura de la negación, permitiendo que todos los actores sean juzgados y que las organizaciones de derechos humanos, que han documentado de manera valiente las atrocidades de la guerra, aporten evidencias. En todo caso será importante que se defina qué pasará con los distintos fueros penales que hoy cobijan a militares y a algunos funcionarios, pues se han constituido como instrumentos de impunidad.
Un elemento que suscita dudas razonables es el enfoque de justicia restaurativa en el que se basa la jurisdicción de paz. No es sencillo para las víctimas desmontar el imaginario de la cárcel como la única forma de castigo para sancionar crímenes, especialmente si estos son graves. Por eso es crucial crear las condiciones que demuestren que la justicia restaurativa puede ser efectiva y que se pueda convertir en una fuente de reconciliación. El acuerdo sobre justicia deberá sentar las bases para pensar otro modelo de justicia para toda la ciudadanía. Un modelo que, además de humanizar la política criminal, no judicialice la protesta de sectores sociales. En los últimos meses hemos presenciado la persecución judicial de integrantes del Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica o el movimiento indígena por ejercer su derecho a la protesta. El caso de Feliciano Valencia es aleccionador al respecto. Sería absurdo tener una jurisdicción que busque sentar las bases para la paz, mientras la ordinaria sirva para reprimir la protesta legítima de sectores sociales movilizados.
Por otro lado, es crucial tener en cuenta que no toda la violencia y las violaciones de derechos humanos están relacionadas directamente con el conflicto armado, a mi juicio, es preciso evitar que todas las violaciones de derechos humanos cometidas vayan a parar a esta jurisdicción especial. La violencia política ejercida contra líderes sociales no está toda ella en directa relación con el conflicto. Aunque muchas de estas personas fueron atacadas con el pretexto del combate a los grupos insurgentes, el motivo real de la mayoría de los crímenes fue la persecución de la oposición legítima al modelo económico y político vigente. Los sindicalistas asesinados por orden de grandes empresarios, o los campesinos desplazados para facilitar grandes proyectos de inversión, no fueron victimizados en el marco del conflicto y los responsables de tales hechos deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
La firma de la paz, cuando llegue, no significará el fin de la movilización social que persigue las transformaciones profundas que Colombia necesita. Pero, sin duda, un sistema de justicia que permita develar las responsabilidades en la guerra aportará en ese camino.
- Senador del Polo Democrático
