Por: Central Unitaria de trabajadores de Colombia -CUT-
Han transcurrido 130 años de las gestas de lucha y sacrificio del proletariado norteamericano que condujeron a la conquista de la jornada de 8 horas.
Este 1 de Mayo, por lo que se muestra en el panorama internacional, nos lleva a señalar que serán necesarias nuevas jornadas de lucha y movilización en todas las naciones para reconquistar condiciones laborales que reivindiquen aquel logro centenario, y la mayoría de las que se obtuvieron posteriormente, hoy desaparecidas o menguadas, por la aplicación de la política de libre comercio y de globalización imperialista, que los poderes de las multinacionales, el capital financiero y las potencias aplican legal e ilegalmente para obtener la más grande acumulación de riqueza jamás vista: el 1% de la población mundial concentra más riquezas que el restante 99% ( Banco creditSuisse-ONG Oxfam internacional). Todo gracias a la sobreexplotación de la mano de obra.
La intervenciones militares de EE.UU. – OTAN y los ejércitos mercenarios vulneran la soberanía de distintas naciones y provocan guerras que destruyen las economías y provocan las dolorosas emigraciones. En Latinoamérica hay una clara ofensiva para debilitar y derrocar los gobiernos disidentes del Consenso de Washington y favorecer gobernantes de su preferencia.
Localmente todos los gobiernos de la era neoliberal han legislado para favorecer la informalidad laboral y Juan Manuel Santos persiste y profundiza en ello. La expedición del decreto 583 del 8 de abril, con la firma del ministro Luis E. Garzón, legaliza todo tipo de tercerización laboral en las empresas públicas o privadas, solo con el cumplimiento de los derechos laborales individuales por parte del intermediario, con lo cual el empresario o el Estado pueden tercerizar cualquier actividad, incluso si es misional y permanente.
De 24 millones de trabajadores en población económicamente activa, solo cerca de 6 millones tiene alguna forma de contrato laboral en donde priman las diferentes formas de tercerización como las CTA, las SAS, las bolsas de empleo, la temporalidad, las ordenes de prestación de servicios, el contrato sindical, formas todas para impedir el contrato directo.
El decreto vuelve inútiles las funciones de inspección, vigilancia y control de este ministerio sobre los empresarios. A ello se le agrega que más de 14 millones de trabajadores han sido arrojados al mundo de la informalidad y el desempleo víctimas de la destrucción del aparato productivo como consecuencia de las voluminosas importaciones.
Al desolador panorama laboral se le suma la desaforada feria de los bienes del Estado a las multinacionales, este año comenzó con la venta de Isagén en una subasta de un solo oferente y en medio del repudio nacional, cosa que poco importó, pues el ministro Cárdenas a falta de razones dijo “se vende porque se vende y punto”. Están enlistadas Ecopetrol, ETB, Emcali, el Acueducto metropolitano de Bucaramanga y más de cien activos estatales. El gobierno intenta completar el desmantelamiento y destrucción del aparato productivo y feriar todo lo público, después de 26 años de aplicación de la política de apertura económica.
El escándalo de Reficar, la aprobación de la venta de Propilco, el robo del cargo por confiabilidad cobrados en los recibos de energía por más de 8 años; el aumento de los precios de los peajes, de los combustibles, de la canasta familiar, de los impuestos predial y de vehículos, de los servicios públicos, la corrupción campante en los círculos gobernantes, los escándalos de corrupción en el ICBF y la muerte de los niños guajiros, el desvío del arroyo Bruno, el intento de exploración petrolera cerca de Caño Cristales, el uso del Fraking en San Martin-Cesar , las concesiones de las obras de infraestructura 4G a los áulicos de Vargas Lleras, la inflación desbordada, las anunciadas reformas tributaria y pensional, las amenazas contra sindicalistas y defensores de derechos humanos colmaron la paciencia de los colombianos.
La defensa de la soberanía nacional económica y política, la revisión de los tratados de libre comercio, la defensa de la producción y el trabajo nacionales, la defensa del ambiente, el agua, el campesinado y la tierra, los pequeños mineros, los transportadores, los indígenas, los afro descendientes, la educación pública por el magisterio, los estudiantes y los trabajadores del Sena, son razones suficientes que impulsan las movilizaciones del primero de mayo por paz, soberanía, democracia y derechos de la población. Conmemoración en la que ratificamos el respaldo a las negociaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN, así como el mecanismo de refrendación que se defina.
El paro nacional del 17 de marzo logró gigantescas movilizaciones, la población colombiana expresó su inconformidad y rechazo a la política económica y social del gobierno de Santos. La exigencia de solución a los 15 puntos del Pliego Nacional presentado generó la más amplia unidad de los últimos años. Ante la grave situación del país y los nubarrones que se avecinan por lo anuncios del gobierno, el éxito del 17 de marzo es un gran aliciente para las futuras movilizaciones y paros que debemos preparar. Que este 1° de Mayo se ratifique el ánimo de lucha y movilización que hemos observado.
Se avecinan escenarios de mayores movilizaciones y luchas, el magisterio colombiano rechazará la adhesión de Colombia a los lineamientos de la OCDE en educación, los campesinos de la Cumbre Agraria prevén un paro en los próximos días, Dignidad Agropecuaria se moviliza en la recolección de firmas para referendo por el agro nacional, los universitarios exigen mayor presupuesto para la educación, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera retoma movilizaciones, en tanto, se convocará el encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas que recogerá todas estas expresiones de descontento y al lado del pueblo colombiano convocará y preparará el próximo paro nacional con mayor fuerza y contundencia que obligue al gobierno a negociar su contenido.
Viva el primero de mayo día internacional de la clase obrera
Abajo la política económica y social del gobierno de Santos
