Por: Tomás García L.
En simultánea con la firma del acuerdo de cese bilateral entre las FARC y el gobierno nacional, a Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el inconstitucional Proyecto de ley que reforma el Código de policía.
En simultánea con la firma del acuerdo de cese bilateral entre las FARC y el gobierno nacional, y mientras se mantiene la negativa por parte del gobierno Santos, al inicio formal de las negociaciones con el ELN, el pasado jueves 16 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el inconstitucional Proyecto de ley que reforma el Código de policía. Con una votación de 91 votos a favor y 3 en contra, impusieron la ley de hierro de la seguridad ciudadana, maquillada como “convivencia ciudadana”; la que en realidad dará mayores facultades a la Policía nacional, para limitar las libertades de los ciudadanos.
Esta norma policial estaba vigente desde 1970 y la reforma que ahora se impone representa un nuevo ataque contra la sociedad, porque intensificará en las ciudades la Guerra Urbana, de la que habló Santos en días pasados; haciendo más cruda la realidad que le espera a los colombianos, en la fase posterior a la firma de los acuerdos con la insurgencia.
La adecuación que el régimen le está haciendo a la legislación colombiana, va en contravía de su retórica de paz; porque pretende solucionar mediante un modelo militarista y autoritario, la grave crisis social que atraviesa nuestro país.
Un código autoritario en manos de una Policía corrupta
El nuevo Código de policía entrega numerosas potestades y respalda otras ejercidas por el cuerpo policial, como supuesto garante del orden político y económico; facultando mayores niveles de arbitrariedad a la Policía nacional. Muchas de las conductas civiles las vuelven punibles, con el falaz argumento de “defender la democracia maestro" -como lo arguyó en 1985, aquel militar, antes incendiar el Palacio de Justicia, con todos los magistrados adentro-, para mantener la "seguridad ciudadana".
Las facultades especiales para los uniformados van desde permitir que cualquier agente de policía ingrese a una vivienda arbitrariamente, sin orden judicial, poniendo en riesgo la integridad, violando la intimidad y atentando contra la vida de quienes habitan en ella; pasando por las detenciones preventivas, denominadas como un “trámite del proceso verbal inmediato”, procedimiento que constituye una afrenta a los derechos de todo ciudadano, en abierta violación al Debido Proceso y a la garantía de rendir descargos ante un agente judicial -como la Fiscalía-, además de suprimir el derecho a la libre movilidad.
Como preparativo ante la movilización popular, la minoría dominante alista este paquete represivo, para cercenar el derecho a la protesta, poniendo en manos de la policía, la decisión de impedir manifestaciones, aún incluso sin que hayan iniciado, además de prohibir que éstas se hagan en la vía pública.
Desde su nacimiento, la policía como institución, ha estado seriamente comprometida con crímenes de lesa humanidad, abuso sexual, corrupción, narcotráfico, exceso de fuerza, asesinatos, etc. Algunos ejemplos son las conductas probadas de generales como Rosso José Serrano, que actuaron al servicio de los carteles de la cocaína; la responsabilidad de Maza Márquez en el asesinato de Galán. Igualmente, ocurrió con los agentes que asesinaron al Grafitero Diego Felipe Becerra. A las que se suman la tenebrosa asociación entre oficiales de la Policía y Congresistas en la red de prostitución de la “comunidad del anillo”. Complementada con la de oficiales, como el coronel Rivera, en la jefatura de bandas de tráfico de estupefacientes en el Bronx; y las de los agentes del Escuadrón anti disturbios (Esmad), que dejaron 3 indígenas muertos y más de 240 heridos, durante las recientes protestas de la Minga agraria, campesina, étnica y popular.
Es posible echarlo atrás
Al orden del día sigue echar atrás todo el dispositivo militar y policial destinado a mantener el control y criminalizar al ciudadano, bajo la excusa de mantener la “seguridad ciudadana”, extremado desde el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), lo que nos recuerda una vez más, que la población colombiana está sometida a un régimen militarista, donde se impone su voluntad, despilfarrando importantes recursos del presupuesto nacional en tecnologías, armas y dotación, para darle tratamiento militar a problemas sociales.
A este proyectado nuevo Código de policía, aún le falta pasar el trámite de conciliación entre Senado y Cámara, antes de recibir la firma presidencial; por lo que es urgente que la lucha y la organización popular se mantenga y aumente, para impedir su aprobación.
Sacar la violencia de la política es una condición indispensable para el logro de la paz, pero el nuevo código policial va en la dirección contraria.
