La vida y la dignidad financian la protesta social

Linea Conflicto Social y Paz

Por: CRIC

Cuando los pueblos originarios o las comunidades campesinas y afros intentamos modificar la historia de infamia, la respuesta institucional y de la clase dominante ha sido constante: la criminalización de la movilización, el asesinato de los líderes

 

 

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En su intervención en el Congreso de Confecamaras en Cartagena, el Ministro de Defensa Guillermo Botero afirmó que con dineros ilícitos, grupos armados organizados y mafias internacionales, financian la protesta social, aseveraciones sin pruebas ni sustento que son a lo menos irresponsables. Hace unos meses pretendía regularla, ahora la criminaliza, es un hecho que la falta de escrúpulos de los poderosos no tiene límites.

Los siglos pasan, no así la visión y el ejercicio del poder, pues cuando los pueblos originarios o las comunidades campesinas y afros intentamos modificar la historia de infamia, la respuesta institucional y de la clase dominante ha sido constante: la criminalización de la movilización, el asesinato de los líderes de la comunidad, su apresamiento, la confiscación del patrimonio y el desplazamiento forzoso masivo.

Los pueblos nos sentimos ofendidos, pero sabemos que la estigmatización no viene sola, responde a una política de criminalización de la protesta social que desde siempre han venido implementando sectores políticos y empresariales como estrategia histórica y de estado. Recordamos la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Sabemos que junto al asesinato sistemático de lideres sociales, estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del movimiento social y de cualquiera que vaya contra sus intereses, convirtiendo la protesta social en acción de terrorismo vinculada a grupos criminales y no como acción colectiva propia del pueblo en la lucha por su dignidad.

Con esta artimaña, se ha vuelto normal que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. Durante las últimas movilizaciones en el 2017 fueron catorce personas quienes perdieron la vida, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete y en el 2013 fueron quince.

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso, quienes nos hemos manifestamos desde nuestras raíces culturales y territoriales, por mejorar nuestras condiciones de vida, expresiones que en el marco de un contexto de gobierno democrático se supone deberían ser posibles. Las declaraciones irresponsables del ministro rayan con la persecución política, sesgando la comprensión del trasfondo de los problemas que acosan nuestra sociedad y, con ello, desvirtúan la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos ha estado bloqueado históricamente, llenando de temor a las comunidades.

En oposición a la reformas agrarias y democráticas tantas veces reclamada por los pobres del campo, esta oligarquía impulsa, el modelo de esclavitud y despojo, fortalece la ley de Zidres, sube los impuestos a los pobres y le baja los impuestos a los ricos, ahonda en la privatización de la educación y la salud, le ponen iva a la canasta familiar, retoma la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y aspersión aérea con glifosato, le abren la puerta a la inversión extranjera y desmonta los acuerdos de paz. Ahora también atenta contra la protesta social.

Ahora predomina la estrategia de guerra regionalizada, focalizada y los asesinatos selectivos cometidos por las variopintas fuerzas armadas, legales e ilegales, que cuentan con “patente de corso” ante el triunfo indiscutible de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias y presidencial de 2018. Así lo podemos constatar en tiempos recientes.

No protestamos porque si, protestamos porque la Violencia de las décadas 1940-50 despojó a los habitantes del campo de 380.000 hectáreas, causó 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas. La violencia de 1964 a 2018 deja, hasta el momento, un saldo de ocho millones de víctimas, 254.000 asesinatos y 6,7 millones de hectáreas despojadas, esto es el 15 por ciento de la superficie agropecuaria del país y la mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas, agroindustriales y en aquella donde se explotan recursos minero-energéticos. La mayor concentración de la tierra, la violencia exacerbada y la miseria, están ubicadas en los lugares donde las fuerzas políticas del establecimiento dominan y controlan, es decir, espacios en los cuales el “sistema democrático” está capturado por grupos de poder y donde el proyecto paramilitar de la extrema derecha está institucionalizado.

Frente a esto es indignante que digan que son los grupos armados organizados y las mafias trans-nacionales las que financian nuestros luchas de digna rabia contra sus crímenes y de amor por lo nuestro. La protesta es la expresión de la gloria y la pervivencia de nuestros pueblos ancestrales, del pueblo laborioso que se cansó de seguir siendo la herramienta y victima de esta civilización. El ministro de defensa Guillermo Botero con sus declaraciones muestra el egoísmo, la cobardía, la ruindad y la estupidez del modelo de sociedad y de vida que proponen, donde la explotación constituyen la esencia de la clase gobernante y, por consiguiente su conciencia.

Rechazamos profundamente sus palabras llenas de irrespeto e irresponsabilidad y exigimos que muestre pruebas de sus aseveraciones, y que se disculpe con quienes hemos salido a la panamericana a hacernos sentir como pueblo. También instamos a los organismos internacionales de derechos humanos y a los países garantes del proceso de paz que denuncien estas proclamaciones como contrarias a la vida y la democracia.

Le pedimos a nuestros compañeros y compañeras que protestan con dignidad que tampoco nos preocupemos pues sabemos que esta es la muestra de su verdadera forma , y el temor que tienen al aumento de la lucha social, pues aunque la lucha por la liberación vaya lento avanzamos con la fuerza de un rio que no se detiene. Con la potencia espiritual de nuestros mayores caídos, quienes orientan nuestro camino, llenaremos los campos y las ciudades hasta que las condiciones económicas, políticas y espirituales sufran un cambio radical.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Popayán, 14 de septiembre del 2018

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