La infiltración como mecanismo de criminalización de la protesta social. ¿Ampliación o distorsión del rol de inteligencia?.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños

El propósito de infiltrarse para criminalizar a quienes se insertan en la protesta social va más allá del control social, de garantizar la convivencia y la armonía social. Tiene la finalidad de incendiar la protesta social, la de presentar ante medios judiciales y público en general, la lucha por reivindicaciones sociales como actos ilegales, actos terroristas.

 

 

infiltrados marchas  

Los organismos de seguridad recurren a la labor de inteligencia con el objetivo de anticipar amenazas y desafíos que atenten contra la convivencia y seguridad ciudadana, las personas y el Estado (República de Colombia. Dirección de Inteligencia Policial). La finalidad de la inteligencia es la de obtener información que conlleve a reprimir y eliminar el crimen.

Para cumplir la finalidad de inteligencia la institución de policía, o el ente al que el Estado le otorgue la función, realiza acciones de espionaje, intervención y seguimiento para desarticular redes criminales, neutralizar delincuentes y prevenir atentados terroristas, son algunos de los resultados de la inteligencia.

DAS

En las instituciones de policía existe una línea que separa la función de inteligencia con el trabajo de prevención.

El trabajo de prevención lo realiza, por lo general, uniformados formados para la vigilancia, y el trabajo de inteligencia por personal especializado que, aunque trabajan para la misma organización, realiza sus funciones sin la necesidad de portar el uniforme emblemático de la institución a la que pertenecen. Los entes de prevención y seguridad cuentan con códigos de ética para regir cada una de estas funciones.

En Estados en construcción, débiles o fallidos, donde la función de policía y la función militar se encuentra en un claro oscuro gracias a llamados de guerra, los códigos tienden a quebrarse hasta el grado de que, a nivel interno, algunos encargados de la prevención griten que su misión es reprimir antes que prevenir, y que encargados de inteligencia vociferen que su misión es hacer de una verdad una mentira y de una mentira una verdad con el propósito de garantizar la existencia del Estado (Conversaciones informales con personal de las fuerzas armadas. Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. 2015 – 2018)

En Colombia, el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS, institución que cumplía funciones de policía para la Casa de Nariño, desbordó la labor de inteligencia hasta el grado de realizar trabajos no transparentes de inteligencia (Gobierno Santos acabó con el DAS. Portafolio, 2 de noviembre del 2011) para que otras instituciones, o ellos mismos, neutralizaran los adversarios del gobierno sin necesidad de exponerlos ante los órganos judiciales.

No solamente detectaban al adversario del Estado, sino que ellos mismos, con funcionarios débiles en su estructura ética y moral de otras agencias y particulares con pago de dineros de gastos reservados o asignados a recompensas, se encargaban de eliminar al supuesto enemigo. Líderes y lideresas sociales, sindicalistas y maestros, entre otros, fueron eliminados gracias a la información suministrada por el organismo.

Durante la primera década del siglo veintiuno inteligencia militar desarrolló acciones similares hasta el grado de realizar falsos atentados terroristas incriminando a grupos subversivos (Oficiales del Ejército montaron atentados en Bogotá previos a la posesión de Uribe. Semana, 9 de julio de 2006).

Esta noticia como la de grandes fachadas de inteligencia militar y policial descubiertas al momento de realizar acciones no transparentes contra los opositores del gobierno o defensores de derechos humanos, entre otros, generó algunos titulares en medios de comunicación sin que ello significara una revisión minuciosa al trabajo asignado a la inteligencia (Colombia, un país de 'chuzadas' y espionaje. El Espectador, 4 de febrero de 2014).

El DAS desapareció, sus integrantes fueron asignados a otras agencias de inteligencia y entidades con funciones de protección y seguridad, y algunos militares y policías, como chivos expiatorios, fueron condenados por las actividades irregulares, sin embargo, en el aire se respira nuevamente el sin sabor del antiguo cuerpo de policía presidencial y el accionar ilegal de algunos integrantes de la fuerza pública.

Durante la movilización estudiantil realizada en el año 2018 las redes sociales divulgaron una imagen de tres “terroristas” subirse, de manera voluntaria, a una patrulla de policía. A su alrededor no se observa supuestos cómplices protestando por la aprehensión. El retrato llama la atención, no por la vestimenta de los “terroristas”, pasamontañas y ruanas campesinas con la bandera tricolor, sino por la tranquilidad con la que ingresan al vehículo oficial y por la ausencia de personal uniformado que los obligara (Jorge Gomez Padilla, @Jorgomezpinilla).

A pesar de la gran multitud de estudiantes que ambientaban los alrededores donde se registró la fotografía no se observa sus “cómplices” estudiantes protestando por la medida, madreando a los captores o gritando arengas contra las instituciones o el gobierno. La razón de la tranquilidad de los involucrados obedecía al hecho de no encontrarse en calidad de detenidos o ser señalados por las autoridades de incendiar las marchas tirando bombas molotov o piedras. Los supuestos terroristas simplemente eran patrulleros de policía cumpliendo mandato de sus superiores. Ante la estrategia de las fuerzas de seguridad los reclamantes han optado por tomar fotografías a sospechosos durante los eventos evidenciando, como ellos mismos gritan, de que marchas, manifestaciones o eventos si se encuentran infiltradas, pero no precisamente por movimientos subversivos sino por agentes del Estado quienes realizan acciones violentas para achacarlas a los marchantes.

A la par, con la manifestación de los estudiantes en las principales ciudades del país la voz del ministro de defensa se escuchó al proponer la criminalización de la protesta social, aunque a letra seguida expresara: "No criminalizamos la protesta social, debemos criminalizar a quienes se insertan en ella para cometer delitos" (Ministro de Defensa de Colombia busca criminalizar la protesta. Telesur, 3 de octubre de 2018).

En este orden de ideas para criminalizar la protesta social se necesita, de una parte, argumentos represivos, y, de otra parte, infiltrarlas para detectar terroristas a través del trabajo de inteligencia militar o policial. En algunos Estados a falta de evidencias que permita criminalizar a los señalados de terroristas se hace necesario construirlas, inventarlas.

El propósito de infiltrarse para criminalizar a quienes se insertan en la protesta social va más allá del control social, de garantizar la convivencia y la armonía social. Tiene la finalidad de incendiar la protesta social, la de presentar ante medios judiciales y público en general, la lucha por reivindicaciones sociales como actos ilegales, actos terroristas.

El pasado 20 de marzo, en la Vereda la Agustina, Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, las autoridades indígenas, en el marco de la minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, capturaron a tres infiltrados, quienes en traje de civil portaban, entre otros objetos, granadas de gas pimienta y prendas de uso privativo de las fuerzas militares y de la policía, identificándose como miembros activos de las fuerzas armadas (Portaban granadas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares y de la policía: Sat’h Fxin’xi Kiwe. Consejo Regional indígena del Cauca CRIC, 20 de marzo 2019). Ante la evidencia el gobierno manifestó que investigaría, no la estrategia de infiltrar la minga realizando actividades que puede estar fuera de la labor de inteligencia sino a los indígenas por secuestro.

Criminalizar la protesta social construyendo pruebas es dañina como hacer trizas los acuerdos de paz, como llevar al país a bañarse nuevamente en la sangre de campesinos, indígenas, obreros, líderes sociales y lideresas, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierra, soldados, policías, o defensores de los páramos, del agua o de la tierra, entre otros. Criminalizar la protesta social es tan dañino como las chuzadas, ese instrumento ilegal llevado a cabo, sin orden judicial, para escuchar al adversario, a quien han hecho su enemigo, buscando pruebas para judicializarlo, para callarlo y vencerlo de manera legal o ilegal. La protesta social es el mecanismo al que recurre el enemigo y al enemigo se le debe eliminar, ya sea en una corte, una ejecución extrajudicial, un “error militar” o en un escenario de guerra ficticio.

La doctrina muestra que el enemigo no es únicamente el que se levanta contra el Estado con un fúsil sino el que piensa diferente, el comunista, el castro chavista, el de la izquierda, el que no vive en el gueto de los que piensan que la guerra es la única manera para imponer el orden, del que no tiene tiempo o recursos para asistir a clubes o casinos, del que sueña proyectarse con trabajo, estudio y sudor en una sociedad donde hay cerca de ocho millones de víctimas con siete millones de desplazados internos siendo en este renglón el segundo país en el mundo después de Siria (La oscura historia del despojo. PBI Colombia, diciembre de 2017).

El enemigo es el que se atreve a ir a una marcha a exigir sus derechos, los derechos de los demás, de ahí la necesidad de infiltrarla.

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