Colombia. Informe para catapultar la guerra imperialista en el Catatumbo

Linea Conflicto Social y Paz

Por Equipo Jurídico de los Pueblos

Desdibujar la realidad para legitimar la agresión. Está de visita en Colombia José Miguel Vivanco director de la Ong Human Rights Watch (HRW) lanzando el informe La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, el cual ha alcanzado un amplio despliegue mediático. 

 

 

MAPA NORTE DE SANTANDER CATATUMBO

Desdibujar la realidad para legitimar la agresión.

Está de visita en Colombia José Miguel Vivanco director de la Ong Human Rights Watch (HRW) lanzando el informe La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, el cual ha alcanzado un amplio despliegue mediático. Ayer fue recibido en la Casa de Nariño por el presidente Iván Duque, hecho que pasaría inadvertida sino fuera porque el mandatario -que representa la extrema derecha- difícilmente recibe a organizaciones de derechos humanos colombianas que se atreven a denunciar el terrorismo de Estado promovido por las clases en el poder.

El documento La Guerra en el Catatumbo no es un simple informe de derechos humanos realizado por una organización independiente y neutral. El documento tiene una intencionalidad clara de legitimar –tras la “narrativa” de la crisis humanitaria– la guerra de agresión de los Estados Unidos contra el pueblo colombiano y el gobierno de Venezuela. HRW ya lo ha hecho en otras latitudes y ahora pretende calcar su técnica en esta región fronteriza.El contenido de las 70 páginas del informe –que posa de ser una rigurosa investigación- no es gratuito, y debe ser analizado en el escenario nacional en el que se enmarca y presenta.

El ocupado primer mandatario recibió a Vivanco en horas de la mañana; luego sostuvo una reunión con un grupo de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la se reafirmó una alianza para “desmantelar al ELN” y otras amenazas; en horas de la tarde viajó a Tumaco (Nariño) para lanzar la estrategia Zonas Futuro, que supuestamente permitirá “al Estado intervenir de manera integral, con seguridad, justicia e inversión social, las regiones más afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza”.

Lanzamiento de la estrategia integral de Zonas Futuro es un decir, porque de novedosa nada tiene. Es la vieja política de seguridad de Uribe de Zonas de Orden Público denominadas posteriormente como Zonas de Consolidación. Es tal el calco, que son básicamente las mismas regiones priorizadas: Pacífico nariñense, El Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete – Parques Nacionales Naturales aledaños.

Lo descarado del sainete de este recordado 8 de agosto es que al finalizar el día, el empresario ministro de defensa Guillermo Botero en entrevista a un medio televisivo informó como un hecho novedoso que en la nueva estrategia de seguridad se pasa “del control territorial al control institucional”, definición consignada desde hace dos años en la doctrina Damasco, mediante la cual el Estado colombiano redefinió el enfoque estratégico, dando el salto del control militar del territorio al control institucional del territorio.

Preciso lo que HRW solicita a Duque: Mayor presencia institucional del Estado, más exactamente, se reclama mayor presencia de fiscales y policía judicial (pg. 49 y ss.) Considera el informe que no son suficientes los 800 policías (pg. 60) que permanecen en los cascos urbanos de la región y guarda silencio ante la excesiva presencia de fuerza pública representada en el FUDRA, XXX Brigada, Fuerza de Tarea Vulcano. También omite pronunciarse sobre la presencia de tropas extranjeras en la región o la utilización de tecnología avanzada de los EE.UU. para labores de inteligencia técnica y operaciones ofensivas. Tampoco advierte el informe sobre la presencia militar-paramilitar en varios cascos urbanos de municipios de Norte de Santander.

El informe tiene la particularidad de que usa de manera genérica y abstracta el término grupos armados para referirse indistintamente a algunos actores en conflicto en la región: El EPL y el ELN. La guerra en Catatumbo a la que se refiere HRW la restringe al conflicto entre estas dos organizaciones, retomando la tesis del CICR según la cual en Colombia se desarrollan cinco conflictos de carácter no internacional. Esa lectura de la realidad catatumbera deja por fuera el papel del Estado y sus agentes, y oculta su política de seguridad sustentada en la violación sistemática de los derechos humanos. No es ingenua esa omisión. Abordar con ligereza la actuación de la fuerza pública, es igual que negar el proceso genocida contra el movimiento popular colombiano.

Por otro lado, como en el juego de tres bandas, el informe tiene un capítulo denominado venezolanos en el Catatumbo en el que plantea que esa población está en peligro, por el accionar de los grupos armados que operan en la región; luego HRW contribuye a reforzar la idea de que la crisis humanitaria en Venezuela se extiende más allá de la frontera. Discurso que compagina con la última amenaza proferida en Lima – Perú el pasado 6 de agosto por el asesor en seguridad de la Casa Blanca John Bolton cuando afirmó que EEUU usará «todas las herramientas» para acabar la «dictadura» en Venezuela. Cualquiera espera que una bomba inteligente caiga en Caracas o en la frontera colombo-venezolana, lo que no se espera es que se lance un informe aparentemente imparcial y neutral sobre la problemática de derechos humanos, que legitima una guerra de agresión.

La aparente objetividad e ingenuidad de los informes de la ONG dirigida hoy por Vivanco debe ser leída también desde sus antecedentes y los cuestionamientos fundados que se les ha realizado.

Con respecto al conflicto árabe-israelí, por ejemplo, se ha acusado a Human Rights Watch de estar parcializada a favor de Israel.

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PORTADA Kav V10 Jul 18

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