Nadie parece estar preocupado por la (re)militarización de la vida en Latinoamérica

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Julian Álvarez Sansone. Esdepolitologos.

La proliferación de responsabilidades atribuidas a las Fuerzas Armadas, está generando una serie de efectos que son perjudiciales para las democracias latinoamericanas. Es preciso  entender al militarismo como aquel proceso que incorpora a las fuerzas armadas como parte de un proyecto político-partidario con el propósito de garantizar a determinados actores políticos la permanencia en el poder.


 

military

También, podría ser necesario apelar a la memoria democrática.

Desde la segunda mitad de 2018, el factor militar está adquiriendo cada vez más protagonismo en la política latinoamericana. En esto, sin dudas, ha tenido una importante influencia la victoria electoral en Brasil de un candidato de origen militar, Jair Bolsonaro, y la posterior formación de su gabinete ministerial con incluso más ministros con vinculación militar que en algunos períodos de la dictadura brasileña. Sin embargo, el protagonismo del factor militar en la región también ha tenido otras manifestaciones, como, por ejemplo, la importancia que ha adquirido en la crisis venezolana, fundamental para mantener a Nicolás Maduro en el poder, o el hecho de que se haya planteado, por parte de algún presidente de la región (léase el colombiano Iván Duque) la posibilidad de una intervención armada en Venezuela. Tampoco puede obviarse del debate la propuesta de creación de la Guardia Nacional en el México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuesta cuestionada por tratarse, según algunos analistas de la política mexicana, de una «militarización» de la seguridad pública. Otro hecho importante que le da protagonismo al factor militar se dio en la asunción del mandatario guatemalteco Jimmy Morales, cuando se rodeó de altos mandos militares el día que anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y la actual tensión política en Nicaragua, que retrotrae conflictividades pasadas.

Es importante tener en cuenta que las coyunturas internacionales son un factor importante para entender estas tendencias. La crisis económica que atraviesan muchos países latinoamericanos desde 2013 es un trasfondo clave para comprender reacciones o propuestas que, hasta hace no mucho tiempo, parecían superadas por nuestras democracias. Un factor relevante en esta coyuntura es la corrupción, y más puntualmente la corrupción transnacional (como el caso de Odebrecht) la cual ha alimentado una creciente desafección hacia la política que se ha extendido hacia la propia percepción y valoración de la democracia[1].

Tampoco puede excluirse del análisis factores como los indicadores de desigualdad y violencia que tienen los países de la región (en donde afortunadamente Argentina no está tan mal como otros pares). Cabe mencionar, a fin de ilustrar esta temática, que de los diez países con más violencia en el mundo, nueve son latinoamericanos y caribeños, y reflejan situaciones muy diversas: desde la epidemia de violencia que se palpa en algunos países centroamericanos (como El Salvador, Honduras y Guatemala) hasta la violencia casi endémica que sufren ciudades y regiones de países como Brasil, Colombia, México y Venezuela. Esto, cabe aclarar, no deja de ser paradójico dado que la región a su vez registra los datos más bajos de conflictos armados interestatales.

Es evidente que, como planteó en un artículo de opinión el Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Guillermo Suárez[2], en la región se abrieron las venas de un nuevo militarismo. Ante esto, cabe preguntarnos: ¿Cómo ha regresado «lo militar» a la política en la agenda de América Latina? ¿Qué consecuencias está teniendo para las democracias de la región?

En primer lugar, es preciso entender al militarismo como aquel proceso que incorpora a las fuerzas armadas como parte de un proyecto político-partidario con el propósito de garantizar a determinados actores políticos la permanencia en el poder. También, es necesario explicar que el militarismo tiene un carácter dinámico y puede comprenderse como la progresiva expansión de la esfera militar sobre la civil. La militarización, cabe aclarar, se entiende como un tipo de securitización que se lleva a cabo por medio de un proceso intersubjetivo que institucionaliza el predominio de lo militar sobre lo político con una serie de efectos específicos. El militarismo, sería en cierto punto la ideología que aspira a que una mayor militarización de la esfera pública y privada de una sociedad.

En segundo lugar, es importante entender que en estos tiempos, los militares se han convertido en una especie de «navaja suiza». Las Fuerzas Armadas realizan diversas funciones según la situación, por ejemplo: defienden la soberanía territorial; responden a catástrofes de infraestructura o catástrofes naturales; participan de operaciones y misiones en el exterior; y son actores de la política interna con labores de mantenimiento de la seguridad pública.

Además como sostuve en otro artículo publicado en este mismo medio[3], podría creerse que las fuerzas de seguridad son como diques que sostienen los gobiernos o permiten su hundimiento. Sobre esto habla también la investigadora del CONICET y docente universitaria de la Universidad Torcuato Di Tella, Rut Diamint, quien afirma en un artículo presentado en Nuevos Papeles[4] que los militares se han convertido en sostén y aliados de los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.

En el caso de Venezuela, las fuerzas de seguridad se han convertido en el instrumento de mediación y apoyo político de la Revolución Bolivariana. En cierto punto, se puede afirmar que son los militares quienes sostienen a Maduro en el poder y evitan su derrocamiento. Las fuerzas armadas en Venezuela tienen una participación activa en la represión interna y en el gabinete nacional, además del clásico rol de defensa. La clave de esto, en principio, podría ser el estrecho vínculo que las fuerzas de seguridad tienen con el partido político que lidera el mandatario Nicolás Maduro.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, pese a que fueron los militares quienes le «aconsejaron» renunciar al ex mandataro boliviano Evo Morales, los militares fueron durante mucho tiempo aliados estratégicos de dicho presidente. De hecho, el último jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país, William Kallimán, mencionó en reiteradas ocasiones que consideraba a Evo Morales como su hermano[5].

Ahora bien, la intromisión de las Fuerzas de Seguridad en asuntos políticos y de Estado no es cosa sólo de gobiernos de izquierda. En Brasil, el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro ha despertado una peligrosa euforia militar, con un discurso que critica a la clase política y reivindica los valores de las fuerzas militares. De hecho, el 30% de sus ministros es de origen militar, lo cual no deja de ser un dato peculiar dentro de un gobierno democrático.

En Colombia, a presencia policial y militar en la política está lejos de ser limitada. Cabe describir brevemente el contexto colombiano con algunas características: Guerrilla armada, represión, violaciones a los derechos humanos y narcotráfico. También, es necesario destacar la débil penetración estatal en ciertas áreas rurales del país, lo cual facilita el accionar de ciertos grupos armados. En otras palabras, no es fácil para el Estado colombiano hacer valer su autoridad institucional sobre el propio territorio colombiano, lo cual en cierto punto se debe a la influencia de grupos armados (guerrillas y narcotráfico) en determinadas áreas geográficas (y también en algunos sectores de la política colombiana).

En Ecuador, la eliminación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno Nacional generó masivas movilizaciones en todo el país con el movimiento indígena como protagonista. En ese contexto, el Presidente Lenin Moreno convocó a las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas callejeras. Dicha represión, que logró sostener al presidente en ejercicio, dejó en aquel país un saldo de 10 muertos y 1340 heridos.

Por su parte, Chile se encuentra en un punto de baja legitimidad en varias de sus instituciones políticas, lo que dificulta su estabilidad democrática. En este contexto, la violenta represión policial que ha vivido el país trasandino en estas últimas semanas reflejan un intento casi desesperado por parte del gobierno por mantener el orden y la estabilidad en un marco de baja legitimidad y caída de la popularidad del presidente Piñera. Cabe mencionar que allí, las fuerzas de seguridad lograron sostener a Piñera a través de una represión que lamentablemente causó 20 muertos y cerca de 2000 heridos (muchos de los cuales han perdido alguno de sus ojos).

En Uruguay, los militares también se involucran en política. Por caso, el ex comandante del Ejército, Manini Ríos, sacó el 11% de los votos en las últimas elecciones con su partido Cabildo Abierto. Su ascenso comenzó en marzo de este mismo año, luego de que fuera removido por Tabaré Vázquez. Ríos, cabe aclarar, había cuestionado a la Justicia por condenar a tres militares por violaciones a los Derechos Humanos. Posteriormente, vale mencionar, el Ex Comandante del Ejército transfirió sus votos a Lacalle Pou, ayudando a que este candidato triunfe ante el Frente Amplio.

Teniendo en cuenta los distintos casos y sucesos ocurridos en los países de la región, en donde en algunos casos los militares evitaron las caídas de los gobernantes (como en Chile, Ecuador o Venezuela), y en otros favorecieron o permitieron su caída (como en Bolivia). En los casos donde los Presidentes pudieron cooptar a las fuerzas de seguridad y tenerlas de su lado, pareciera que los militares pasaron de ser «guardianes de la patria» a «salvavidas del gobernante de turno».

Es menester reflexionar sobre los peligros de este auge de la (re)militarización de la vida y política latinoamericana. La proliferación de responsabilidades atribuidas a las Fuerzas Armadas -o el uso de la «navaja suiza, como se mencionó metafóricamente más arriba- está generando una serie de efectos que son perjudiciales para las democracias latinoamericanas, en donde hay muy poca institucionalización, apego a las reglas, y mucha corrupción y tráfico de influencias. Hay varios peligros que pueden generarse en los distintos países de la región a partir del auge de la autonomía militar, al acrecentarse el margen de decisiones que escapan al poder civil, la intensificación de la polarización discursiva (y su carácter virulento), la extensión de políticas de «mano dura» (en muchos casos ineficaces pero aún así populares y necesarios para muchos ciudadanos) o la ampliación de privilegios y fueros para el estamento castrense (empezando por el gozo que a veces tienen de cierta impunidad con respecto a los excesos que pueden llegar a cometer en la práctica de sus funciones).

En este sentido, quizás sea necesario limitar ciertos espacios de autonomía militar a fin de reducir o prevenir ciertas consecuencias de no hacerlo (como violaciones a los Derechos Humanos). También, podría ser necesario apelar a la memoria democrática, la cual sigue siendo un elemento fundamental en la pedagogía ciudadana y un antecedente de lo que costó en nuestras sociedades recuperar la democracia y garantizar derechos y libertades. Garantizar la impunidad a ciertas acciones que puedan cometer los militares es peligrosísimo para nuestras democracias, y no condenar estos sucesos del pasado y del presente, podría dar pie a legitimar acciones violentas desmedidas en el futuro próximo.

Referencias:

[1] https://elpais.com/internacional/2019/08/01/america/1564676652_297133.html

[2] https://www.nuevospapeles.com/nota/24825-se-abrieron-las-venas-de-un-nuevo-militarismo

[3] https://www.nuevospapeles.com/nota/24895-las-nuevas-interrupciones-democraticas-en-latinoamerica-entre-lo-legal-y-lo-legitimo

[4] https://www.nuevospapeles.com/nota/24992-sonidos-repetidos-los-militares-en-america-latina

[5] http://www.redmas.com.co/internacional/quien-es-williams-kaliman-el-militar-que-fue-clave-en-la-renuncia-de-evo-morales/

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