Boletín especial No. 6 "Represión a la Protesta Social en tiempos de Pandemia"

Linea Conflicto Social y Paz

Por: COEUROPA

Mientras millones de personas en Colombia han sido lanzadas al desempleo y millones de familias padecen hambre, el Gobierno legisla por decreto vulnerando derechos y garantías básicas de amplios sectores de la población. Durante este periodo se han emitido más de 170 decretos al amparo de las medidas de excepción, sin ningún control del Congreso

 

 

01 COEUROPA

Boletín Especial No. 6 –

REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Primera Parte: Uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza

Mientras millones de personas en Colombia han sido lanzadas al desempleo y millones de familias padecen hambre, el Gobierno legisla por decreto vulnerando derechos y garantías básicas de amplios sectores de la población. Durante este periodo se han emitido más de 170 decretos al amparo de las medidas de excepción, sin ningún control del Congreso, dado que el Presidente le ha prohibido reunirse con el argumento de que debe acatar la medidas sanitarias para su protección, y el control de la justicia llegará demasiado tarde o terminará convalidando los abusos del Gobierno por subordinación o falta de independencia.

En estas condiciones, y mientras el paramilitarismo avanza y se consolida en gran parte del país, incluidos varios centros urbanos, y los efectos de una militarización excesiva se dejan ver en los atropellos desbordados de las fuerzas armadas y de seguridad, el último recurso ante la inefectividad y/o complacencia de los controles institucionales en el Congreso, el poder judicial y los organismos de control es la resistencia organizada de la ciudadanía y el ejercicio en las calles de la protesta social. Sin embargo, el pánico sanitario generado por el temor al contagio y los poderes excesivos y arbitrarios concedidos a la Fuerza Pública han paralizado a gran parte de la sociedad y han sojuzgado los intentos de la ciudadanía por tomarse las calles. Con el argumento de que quienes protestan lo hacen porque quieren vulnerar las medidas sanitarias, poniendo en riesgo a la sociedad, se les está dando el trato de enemigos, y mientras se descalifican sus motivos y se estigmatiza la movilización, la imposición masiva y arbitraria de los instrumentos represivos en poder de los uniformados, como el uso desbordado y excesivo de la fuerza, el “traslado por protección”, la imposición arbitraria de comparendos y la amenaza de judicialización, han anulado el derecho a la protesta social, obligando a la sociedad a contemplar pasivamente la imposición de un orden injusto a favor de las grandes empresas, los bancos y los intereses opacos del partido de gobierno y sus aliados.

1. Las razones para protestar.

Para gran parte de personas en Colombia, los motivos para protestar nunca habían sido tan acuciantes y perentorios. Millones de personas pasan hambre o no pueden atender sus necesidades más básicas. Solo en el mes de abril cerca de 5,4 millones de personas perdieron sus empleos[1] y el desempleo estaría rondando ahora cerca de un 32%[2], mientras que la población ocupada en la informalidad laboral está cercana al 50%[3]. Las ayudas que anuncia día a día el presidente por la televisión o prometen los alcaldes en sus intervenciones, nunca llegaron para la inmensa mayoría de los que las necesitan, y los subsidios que llegan a reducidos sectores de la población, mal repartidos y de montos deplorables, reflejan la falla estructural de los programas asistenciales del Estado, puestos ahora al descubierto por la pandemia, los cuales encubrían la enorme dimensión de la pobreza e inequidad de la sociedad colombiana.

En estas condiciones, la pandemia ha dejado de ser un problema meramente sanitario para convertirse en un problema humanitario, de hambre, de un estado de necesidad colectivo relacionado con la subsistencia. A pesar de que el Gobierno dice haber dispuesto recursos para atender la pandemia por un monto de 117 billones[4], que hubieran sido suficientes para garantizar un ingreso básico de un salario mínimo para 9 millones de familias por un período de más de un año[5], la verdad es que no solo los recursos no llegaron a las regiones ni a las familias más necesitadas, sino que por decreto fueron capturados los recursos para la atender la emergencia que estaban a disposición de los municipios, como los del Fondo de Pensiones Territoriales, para que el Gobierno Nacional los manejara de manera centralizada, sin fiscalización ni participación de las entidades territoriales ni las organizaciones sociales[6].

Muchos otros motivos para la protesta social han estado relacionados en los últimos días con la grave situación de asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras en las regiones, el copamiento paramilitar de los territorios, la militarización y sus abusos y la presencia de tropas militares estadounidenses en zonas de frontera que podrían propiciar situaciones de conflicto con Venezuela, la violencia policial en contra de sectores marginados y quienes se ven obligados a desacatar la cuarentena para realizar actividades de subsistencia, los desalojos de vivienda de sectores populares sin alternativas de reubicación, el aprovechamiento de la cuarentena para terminar de desmontar los compromisos del Acuerdo Final de Paz, la violencia racial de la fuerza pública y la persecución policial de sectores marginados como población trans, trabajadoras sexuales, migrantes extranjeros y desempleados que reclaman ante la falta de asistencia y atención alimentaria para ellos y sus familias, y las reformas sociales impuestas por decreto en temas sociales, laborales, pensionales o privatización de empresas y servicios públicos con el pretexto de la emergencia económica y social.

2. La gestión de las protestas.

Aunque los estados de emergencia no suprimen la vigencia de los derechos fundamentales, es preocupante constatar que desde el inicio de la emergencia social y económica impuesta por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 que impuso el aislamiento obligatorio y restringió la movilidad de la población con miras a impedir la propagación de la infección del Coronavirus, las vulneraciones de derechos humanos fundamentales a la libertad de locomoción, intimidad, libertad de iniciativas económicas incluidas las de subsistencia, reunión, expresión y protesta pacífica han sufrido severas y desproporcionadas restricciones, y en el caso de la protesta una práctica supresión o aniquilación del ejercicio de este derecho. Solo 4 días después de la declaración de emergencia, inició en las cárceles el despliegue de actos de represión a las manifestaciones de protesta social, comenzando con las que se convocaron por parte de los internos en 24 centros carcelarios ante la falta de medidas adecuadas para atender la pandemia y prevenir la expansión del contagio. Estas manifestaciones fueron sofocadas violentamente, causando la muerte por arma de fuego de 23 internos y heridas a otros 83 en la cárcel Modelo de Bogotá.

En las zonas rurales, las protestas se han desatado a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de intensificar los planes de erradicación forzada de cultivos de coca en diferentes regiones del país y a pesar de la existencia de acuerdos previos de sustitución voluntaria de cultivos. En la represión a estas protestas han sido ejecutados extrajudicialmente seis campesinos por parte de fuerzas militares[7] y otros tantos han resultado heridos. La rudeza de la represión violenta contra los campesinos que demandan que la sustitución de cultivos sea concertada y con planes de economía alternativa para las familias, se expresa en acciones violentas que han dejado a decenas de campesinos heridos en protestas que llevan ya más de un mes en la región del Guayabero por el incumplimiento los acuerdos pactados previamente con las familias[8]. La aniquilación del derecho a la protesta se acompaña con la anulación de la libertad de prensa en estas circunstancias, ya que las fuerzas de seguridad han buscado impedir que reporteros puedan registrar los abusos cometidos durante la represión de estas protestas. Tiradores de alta precisión de las Fuerzas Militares han disparado a un reportero gráfico destrozando su cámara y sus manos en momentos filmaba la agresión a los manifestantes. La furia con que se ataca a la población que protesta en contra de la arremetida por la erradicación violenta de cultivos de hoja de coca en la región del Chiribiquete (una de las zonas priorizadas como Zona Futuro) ha coincidido con el asentamiento y despliegue militar de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en la misma zona.

En las zonas urbanas la represión a cualquier brote de protesta social se hizo evidente con el tratamiento violento dada a las marchas convocadas de manera simultánea en las grandes ciudades, el pasado 15 de junio, por distintos motivos entre los cuales se mencionó el rechazo a muertes por discriminación racial (como la ejecución de Anderson Arboleda, en Puerto Tejada), la violencia feminicida, los desalojos forzados en Bogotá, Cali y otras ciudades a pesar del decreto que los prohíbe, los empadronamientos con aplicaciones de vigilancia y recopilación de datos privados, la abusos y atropellos de la policía con la imposición indiscriminada de comparendos, traslados por protección, violencia sexual y golpizas a quienes no por distintas razones no acataron la cuarentena obligatoria.

Agresiones a la protesta social en Medellín, departamento de Antioquia.

La movilización del 15 de junio en Medellín fue masiva, fueron cientos las personas que con sus tapabocas y medidas de prevención se movilizaron, gritaron sus arengas y alzaron sus pancartas.

Sin ninguna justificación, los marchantes fueron encerrados por los carabineros y el ESMAD, haciendo uso excesivo de la fuerza. El inicio de la represión en la capital antioqueña se dio por parte de los carabineros. La Policía utilizó a los caballos para perseguir y amedrentar a los manifestantes. Mientras los manifestantes intentaban protegerse y reagruparse, el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – les cerró el camino disparando gases lacrimógenos y capturando de manera indiscriminada, concentrando sus agresiones de manera especial en los defensores/as de derechos humanos y los periodistas. Se evidenció, además de la brutalidad policial contra los manifestantes en condiciones de desigualdad, el maltrato animal debido a las condiciones en que se utiliza a los caballos como un arma de represión.[9]

En el marco de la represión, la Policía se negó a interlocutar con las personas defensoras de derechos humanos. Además, se llevaron a cabo 53 detenciones arbitrarias según datos del Proceso Social de Garantías para la labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquía, entre ellas 13 de reporteros gráficos, algunos de ellos con heridas de consideración[10]. Fueron detenidos aproximadamente cuarenta y tres hombres, ocho mujeres y dos menores de edad. La mayoría de las personas, 40 de ellas, fueron dejadas en libertad 23 horas después debido a que no se contó con elementos suficientes para realizar imputación de cargos. A varios de los detenidos les fueron hurtados o destruidas sus pertenencias. Sobre estos mismos hechos, el Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo manifestó que la mayoría de las personas capturadas ilegalmente fueron golpeadas y se encontraban heridas (aproximadamente 7 se trasladaron a centros de atención médica por sus propios medios), y que algunas también fueron golpeadas durante sus horas de detención en las URI, Centro de Traslado por Protección (CTP) y estaciones de policía. Sin embargo, solo 5 se trasladaron a valoración por Medicina Legal debido a la brutalidad con que se desarrolló la represión policial.[11]

Dentro de los casos de violencia policial, se llama la atención sobre las golpizas que fueron proporcionadas a Nicolás Brito Zapata y a Duván Jaramillo, defensores de derechos humanos, quienes sufrieron fracturas de mandíbula y antebrazo respectivamente debido a la magnitud de la violencia ejercida contra ellos.[12] Además de estos casos, también se han hecho públicas denuncias en redes sociales sobre al menos dos casos de violencia sexual por parte de uniformados contra mujeres manifestantes.[13]

Agresiones a la protesta social en Pasto, departamento de Nariño. El mismo 15 de junio se llevó a cabo una movilización de estudiantes universitarios, demandando exención de matrículas ante la crisis social generada por la pandemia. Citada en la Sede Centro de la Universidad de Nariño, la protesta fue violentamente reprimida por el ESMAD y varios estudiantes fueron objeto de detención arbitraria, uso desmedido de la fuerza, traslado por represión a la Estación de Policía San Agustín, donde fueron golpeados e interrogados con violencia por personal no uniformado sin identificar.

Agresiones en protesta por desalojos en Cali, departamento del Valle. Cali también se ha denunciado el uso abusivo de la fuerza por parte del ESMAD en contra de personas que protestaban por los desalojos contra pobladores de Alto Siloé y en el sector de la Viga en Pance, en donde se denunciaron atropellos contra niños y ancianos para llevar a cabo el desalojo de pobladores que llevan más de 20 o 30 años como residentes en el sector, con el fin de favorecer los intereses de la constructora Jaramillo Mora que pretende construir viviendas para estratos altos en los predios desalojados. En la destrucción de las viviendas y cultivos de pan coger de los pobladores, las denuncias refieren la utilización de maquinaria de la empresa constructora mencionada y la coordinación por parte de un funcionario de la Alcaldía que en sus redes sociales muestra evidente hostilidad a las organizaciones sociales y al derecho a la protesta[14].

Fue en medio de estos atropellos y uso abusivo de la fuerza contra niños y ancianos que el patrullero Ángel Zúñiga decidió entregar su arma y desacatar la orden arbitrarias que se le imponían, que va en contra del Decreto 579 del 15 de abril del 2020 mediante el que el Gobierno Nacional ordenó que “Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el treinta (30) de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa…”. Es paradójico que resulten presionados los agentes de policía a vulnerar la legalidad y atropellar los derechos ciudadanos y sean sancionados los que deciden respetar los derechos fundamentales y acatar los mandatos de la Constitución y la ley, en tanto que los asesinos de Dilan Cruz, sigan en libertad, enviando a los uniformados un claro mensaje de la doctrina anti-derechos que rige los procedimientos de la institución.

Agresiones a la protesta social en Bogotá. En las protestas pacíficas convocadas el pasado 15 de junio en Bogotá, la represión y encerramiento violento a los manifestantes fue la respuesta oficial tanto contra quienes se desplazaban por la Carrera 10 hacia el centro como contra quienes se desplazaban por la Calle 26 hacia el oriente, que fueron también objeto de arremetida represiva injustificada. Cerca de 75 personas que se manifestaban pacíficamente, con medidas de seguridad y guardando distancia física fueron acorraladas, golpeadas, trasladadas “por protección” a la Estación de Policía de Teusaquillo y 7 de ellas conducidas luego a la URI para su judicialización. Los motivos infundados con que la Policía trató de judicializarlos no encontraron mérito, por lo cual debieron ser liberados.

La imposición de comparendos de forma masiva denotó la actitud arbitraria de los policiales al mando, pues alegaban como motivo la violación de medida sanitaria, cuando en realidad los manifestantes guardaban estrictas medidas de distancia física y de bioseguridad, y el riesgo sanitario lo propiciaron los policiales con el acorralamiento, las golpizas y el traslado y retención en la estación en condiciones de hacinamiento. Ningún respeto hubo por los procedimientos del Protocolo de Garantías a la Protesta Social (Decreto 563 de 2015). Las detenciones fueron realizadas de manera masiva e indiscriminada. Los traslados en vehículos de la policía se hicieron rompiendo cualquier medida de aislamiento y, tanto en los traslados como en la estación, menores de edad fueron mezclados con adultos. De especial gravedad fueron las heridas propinadas por el ESMAD al periodista Cariuhuasari Ramos, quien fue repetidamente golpeado en la cara y en el pecho mientras estaba en suelo, por lo que debió ser trasladado en ambulancia para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas. Los reportes de organizaciones sociales señalan que las autoridades policiales “informaron que dicha intervención se ejecutó por orden expresa de la Alcaldesa Mayor de Bogotá”.[15]

En otros casos más recientes, se ha impedido la actividad de verificación de los defensores/as de derechos humanos, con medidas como la detención, el traslado arbitrario a Estación de Policía, con el pretexto de verificar antecedentes, continuando con el formateo de teléfono móvil y destrozo de la tarjeta para borrar cualquier registro, y la imposición ilegal de comparendo con el pretexto de desacato a orden de policía (Caso del defensor de derechos humanos Jesús David Cruz, conducido a estación de policía de Rincón, Bosa, durante las protestas en Bogotá el 20 de junio frente a instalaciones de Caracol TV) ). También fueron objeto de represión las protestas convocadas por un grupo numeroso de mujeres frente a instalaciones militares en Bogotá el 26 de junio en contra de la violencia sexual perpetrada contra una niña de la Comunidad Embera en Risaralda, tal y como se informó por medios de prensa independientes[16].

Pueden consultar el boletín en formato PDF en el siguiente enlace -> CCEEU BOLETÍN ESPECIAL No. 6 Represión a la Protesta Social en tiempos de pandemia – Primera parte.docx

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[1] Revista Semana (31 mayo 2020). El otro virus: 5,4 millones de personas perdieron el empleo en abril. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-en-colombia-54-millones-de-personas-perdieron-el-trabajo-en-abril/675140

[2] Revista Semana (2 de junio 2020). ¿Por qué dicen que el desempleo en realidad está arriba del 30 %?. https://www.semana.com/economia/articulo/desempleo-en-abril-fue-mayor-al-esperado/675509

[3] Universidad Nacional de Colombia. Trabajadores informales, los más damnificados por la crisis económica del COVID-19. 2 de abril de 2020. En : https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/trabajadores-informales-los-mas-damnificados-por-la-crisis-economica-del-covid-19/

[4] Presidencia de la República. Colombia invierte cerca de 117 billones de pesos para atender la Emergencia Económica por la pandemia del covid-19. 27 de mayo de 2020. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Colombia-invierte-cerca-de-117-billones-de-pesos-para-atender-la-Emergencia-Economica-por-la-pandemia-del-covid-19-200527.aspx

[5] Una renta básica de un salario mínimo mensual para 10 millones de hogares tendría un costo de 8,8 billones de pesos, menos del 1% del PIB de 2019, según cálculos del economista Luis Jorge Garay (http://ail.ens.org.co/informe-especial/minimo-vital-y-renta-basica-en-tiempo-de-coronavirus-propuesta-de-la-ens/)

[6] El Espectador (23 marzo 2020). ¿Centralizar o no recursos para coronavirus?, desacuerdo entre alcaldes y administración nacional. https://www.elespectador.com/coronavirus/centralizar-o-no-recursos-para-coronavirus-desacuerdo-entre-alcaldes-y-administracion-nacional-articulo-910840/

[7] Entre los campesinos involucrados en movimientos contra la sustitución forzada de cultivos de coca que han sido víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se encuentran Segundo Girón(Tumaco – 1 de febrero), Digno Emérito Buendía (Cúcuta – 18 de mayo), Ángel Artemio Nastascuas (Tumaco- 22 de abril), Alejandro Carvajal (Sardinata – 26 de marzo), Digno Emérito Buendía (Cúcuta – 18 de mayo) y Ariolfo Sánchez Ruiz (Anorí – 21 de mayo)

[8] Noticias Uno (21 junio 2020). Un mes cumple confrontación armada entre campesinos y soldados en Vistahermosa, Meta. https://www.noticiasuno.com/nacional/un-mes-cumple-confrontacion-armada-entre-campesinos-y-soldados-en-vistahermosa-meta/

[9] Cubrimiento de las manifestaciones y de abusos policiales: Conzumo, 15 de junio de 2020, disponible en:

[10] “Un grupo de aproximadamente trece reporteros gráficos fue detenido ilegalmente mientras cubría las manifestaciones del 15 de junio en Medellín.” (16 de junio de 2020) Disponible en: https://www.flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/itemlist/tag/Polic%C3%ADa

[11] Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo (16 de junio de 2020) Boletín informativo # 2. Disponible en:

[12] Campaña Defender la Libertad un asunto de Todas (16 de junio de 2020) Boletín Informativo #15DeJunio. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-15dejunio/

[13] Publimetro (17 de junio de 2020) Denuncian abuso sexual y verbal a mujeres durante manifestación en Medellín. Disponible en: https://www.publimetro.co/co/noticias/2020/06/17/denuncian-abuso-sexual-verbal-mujeres-manifestacion-medellin.html

[14] REMAP. La Viga en el Ojo de Jorge Iván Ospina. 13 de junio 2020. https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/valle-del-cauca/11998-la-viga-en-el-ojo-de-jorge-ivan-ospina

[15] Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle. Boletín Informativo Nro 1. 16 de junio de 2020.

[16] Revista Hekatombe. 27 de junio de 2020. https://twitter.com/Hekatombe_/status/1276965262173114370

Tomado de: https://coeuropa.org.co/boletin-especial-no-6-represion-a-la-protesta-social-en-tiempos-de-pandemia-primera-parte-uso-arbitrario-y-desproporcionado-de-la-fuerza/

 

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