“Hay que hacer cambios estructurales”: Luis Jorge Garay

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Comisión de la Verdad. Colombia

El doctor en economía Luis Jorge Garay, quien ha asesorado a los 54 senadores impulsores de la Renta Básica de Emergencia y uno de los firmantes de la demanda al sistema tributario, conversó con la Comisión para la octava entrega de Hablemos de Verdad.

 

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El economista resaltó la necesidad de tomar medidas que logren modificar los rasgos distintivos de una sociedad excluyente y antidemocrática; habló de cambios en la política económica de la exclusión social, de la reforma agraria y de una reforma política, y explicó que cree que la sociedad colombiana debe hacer el tránsito de una economía y sociología política, desde la exclusión hacia la inclusión.

Hablemos de Verdad es un espacio que amplía las conversaciones necesarias alrededor de la tarea de la Comisión de la Verdad. En este espacio, diferentes voces nacionales hablan sobre lo que espera el país del informe final, las verdades que se necesitan, los retos para construir un relato nacional sobre el conflicto armado y la verdad para otros futuros posibles. Si bien las personas entrevistadas contribuyen a un debate amplio y pluralista, sus respuestas no son reflejo de la posición de la Comisión de la Verdad.

¿Cuáles cree usted que son los retos de la Comisión de la Verdad?

Luis Jorge Garay: El reto es avanzar en la verdad social construida colectivamente a través de las voces, testimonios y verdades desde diferentes puntos de vista. Muchas veces pueden ser verdades conflictivas, contradictorias, antagónicas, y requieren un procesamiento hermenéutico muy específico para poder, sin negar la diversidad, ir construyendo un eje conductor a esa verdad social, que no es la suma de verdades sino el diálogo de múltiples verdades que tiene una médula que las organiza, las articula y les da un sentido social.

¿Para qué esa verdad social?

Luis Jorge Garay: La sociedad colombiana, a mi juicio, es una sociedad atravesada por una economía política de exclusión social, de discriminación por razas, por etnias, por género, por clase, que hace que las voces y las verdades sociales de los marginados, de las víctimas y de los que han sufrido el proceso de victimización sean excluidas. En la medida en que se avance hacia la verdad social se podrán lograr acuerdos, compromiso, consenso parcial, no unánime, sobre cuáles serían las medidas de índole institucional, política, económica y social para poder avanzar hacia la construcción de medidas de no repetición.

¿Qué medidas cree usted que pueden ser esas?

Luis Jorge Garay: Medidas que modifiquen algunos de los rasgos distintivos de una sociedad tan excluyente y muchas veces antidemocrática como la colombiana. Se requiere avanzar hacia una democracia incluyente en el país, y uno de los elementos claves es la develación de la verdad, la justicia y la reparación integral, no solo a las víctimas sino también a la naturaleza, que ha sido una de las grandes víctimas en Colombia. Los responsables, los responsables en la sombra, los máximos responsables, los usufructuarios y beneficiarios del proceso de victimización deben reconocer su participación directa e indirecta en los hechos y contribuir a la reparación integral; de lo contrario, esta verdad social sería limitada y se podría generar una amplia impunidad social sistemática en el país. Ahora, hay otras cosas que tienen que pasar. En Colombia, a diferencia de lo que desde el gobierno Santos viene diciéndose, que este es un país de clase media, el nivel de pobreza y de vulnerabilidad es muy alto. Cerca del 60% de la población es pobre y vulnerable. En medio de este proceso pandémico, Colombia, como muchos países de América Latina y de África, va a sufrir una pérdida de más o menos década y media en términos sociales. Por eso hemos propuesto una renta básica de emergencia, que es proveerle un salario mínimo legal vigente al 60% de los hogares de Colombia que son pobres y vulnerables durante un periodo de tres a cuatro meses, que les sirva para paliar la caída de sus ingresos ante el confinamiento. Si no se provee esto a través de las políticas públicas gubernamentales, la población va a entender que no hay una relación de solidaridad con el resto de la sociedad, que les pidió la restricción de sus actividades y de sus ingresos con un fin social. Esto puede llevar a una problemática social futura sin precedentes.

¿Esos son los rasgos excluyentes y antidemocráticos de los que habla?

Luis Jorge Garay: En parte. Por eso, quiero llamar la atención sobre un punto que estamos develando en la Comisión de Seguimiento a la Políticas Públicas sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, a la cual pertenezco: hemos manifestado ante la Corte Constitucional que, según los datos dados por las autoridades gubernamentales a junio de 2020, solamente el 56% de las víctimas de desplazamiento forzado recibían ayudas o transferencias económicas por alguno de los programas oficiales del gobierno. Esto es absolutamente inaceptable, porque esta población ha sido considerada de interés constitucional por parte de la Corte. Es incomprensible que no esté considerada dentro de la población pobre y vulnerable, siendo que, en varias encuestas de la Comisión de Seguimiento, así como en la de la Contraloría, se ha demostrado que más del 70% de la población víctima del desplazamiento era pobre antes de la pandemia, y más del 30% estaba en pobreza extrema. Esto quiere decir que es la población más vulnerable de las vulnerables y que requeriría una atención especial. Esto va a llevar a un proceso de pauperización extrema de la población desplazada y eso va a tener unas consecuencias muy graves, en la medida que no se va a cubrir de manera alguna la reparación integral de las víctimas en una perspectiva más duradera.

Habló de unas medidas que habría que tomar para cambiar esos rasgos de una sociedad. ¿Qué tipo de medidas?

Luis Jorge Garay: Colombia es una sociedad atravesada en su núcleo central por una economía política de la exclusión social. Hay una falta de reconocimiento a las poblaciones vulnerables según raza, etnia y género. La mayoría de las políticas estatales, incluso en las de subsidio y de transferencias, que deberían enfocarse hacia la población más vulnerable, tienen un sesgo pro ricos, porque buena parte de esos subsidios van hacia las poblaciones de más altos ingresos. Se ha encontrado que cerca del 60 % de los subsidios de servicios públicos favorecen a grupos con mayores ingresos. El sistema pensional da una especie de subsidio a los pensionados con mayores ingresos. Colombia está apenas avanzando en la construcción de un estado social de derecho cuya médula central es una democracia incluyente que busca el goce efectivo de los derechos de la población, pero lejos de ello estamos. En el caso de las victimas del desplazamiento forzado, hemos encontrado que el goce efectivo de los derechos, en la mayoría de los derechos, está muy lejos de tener siquiera los niveles que tiene la población vulnerable que no ha sido víctima del desplazamiento y del conflicto armado interno. Las garantías de no repetición tienen que buscar reformas estructurales de la sociedad colombiana, de tal manera que podamos cambiar esa economía y sociología política de la exclusión para transitar hacia una sociedad incluyente, en el verdadero sentido de la palabra.

Es una tarea que desborda a la Comisión…

Luis Jorge Garay: Sí, pero si la Comisión no hace alusión al marco social, político, económico y estructural en la cual está enmarcada, la sociedad en la que se espera que no haya repetición de hechos de violencia, poco se podrá hacer. Las medidas remediales van a ser muy marginales. Entendido eso, a mi juicio se requiere, para garantías de no repetición: un avance decidido hacia una verdad social, integral, comprensiva, hacia una reparación integral de los daños; una reparación acorde a la magnitud de los daños, simbólica, inmaterial y moral, que se logra con el esclarecimiento de hechos a nivel colectivo, especialmente, y, dado que uno de los ejes a través del cual se desarrolla la violencia es el dominio territorial y la posesión de las tierras por partes de agentes legales e ilegales, se tienen que hacer cambios fundamentales en esa materia. Colombia tiene un problema muy grave: la conflictividad no cesa con la firma del Acuerdo Final de Paz, sino que se reproduce. Hay que trabajar muy fuertemente en esas raíces estructurales de violencia, ilegalidad y territorialidad que atraviesan no solo a la reforma agraria. Hoy podríamos pensar en formas más asociativas de aprovechamiento y uso de la tierra, que no necesariamente es simplemente repartir tierra entre campesinos pobres. Es darle una nueva conceptualización a la tierra desde la comunidad, sin querer decir que hay que dejar de lado la propiedad privada, ni más faltaba; se trata de que podemos empezar a desactivar unos procesos de apropiación indebida sobre el territorio. Otro elemento clave es una reforma del poder político. Hubo una creciente imbricación de los grupos armados ilegales, primero con la ilegalidad (narcotráfico, minería criminal, deforestación) y también con poderes legales empresariales y estatales y del ejercicio de la política local. El ejercicio de la política, no la política, fue funcional al desarrollo y a la evolución de la conflictividad y de la ilegalidad en los territorios y potenció el conflicto armado, como lo están haciendo aún las nuevas formas de conflictividad.

¿Qué tendría que pasar en un país con esas condiciones para que activáramos el diálogo social alrededor de esa verdad social?

Luis Jorge Garay: Uno de los avances que ha hecho la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es la realización de múltiples foros regionales, que llaman a voces muy diversas de víctimas y a otros miembros de las sociedades donde se ha desarrollado la conflictividad. La verdad se construye no solo con la verdad de las víctimas, aunque es fundamental; también se va construyendo con las personas, los colectivos que resistieron. En medio de una crisis como la actual, es muy difícil conciliar esfuerzos con la gente que está luchando contra el hambre para que participe en procesos de develación de la verdad. Puede ser ilustrativo el debate que se ha tenido respecto a la renta básica de emergencia: no ha habido una movilización social para favorecer a 30 millones de hogares pobres, y la razón es que están luchando por subsistir. Entonces no se puede desligar el proceso de diálogo social de la victimización sufrida con el conflicto armado del de la victimización indirecta que hoy vive la crisis de la sociedad especialmente víctima y la vulnerable.

¿Algo que quiera agregar?

Luis Jorge Garay: Yo creo que todos los colombianos debemos tener confianza en que los procesos de la justicia transicional van a avanzar para develar y esclarecer la verdad y la esperanza, y también en que la Comisión de la Verdad dejará en su informe unas pautas que vayan al núcleo, que den una debida respuesta al carácter del conflicto, y que el alcance de la contextualización de sus recomendaciones será muy de carácter estructural y menos de carácter funcional.

toado de: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/luis-jorge-garay-comision-verdad-hay-que-hacer-cambios-estructurales

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