¿Por qué los matan? (Libro)

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Ariel Avila

El presente libro intenta responder tres preguntas. Por un lado, las cuestiones obvias: quién está matando los líderes sociales y por qué. Pero hay una inquietud adicional: qué pasa en las zonas o territorios donde estos líderes fueron asesinados o amedrentados. Los hallazgos son increíbles.

 

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INTRODUCCIÓN
 
Las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo indican que cada dos días es asesinado un líder social en Colombia; al sumar amenazas, atentados, desapariciones forzadas y otro tipo de ataques, se podría decir que diariamente se cometen dos victimizaciones. Entre 2016 y 2019 fueron asesinados alrededor de seiscientos líderes sociales. Departamentos como Cauca, Antioquia y Valle del Cauca han sufrido un verdadero baño de sangre. Se podría decir que se está masacrando la democracia colombiana.
 
La particularidad de este fenómeno es que la mortandad parece invisible. Si bien es clara la sensibilidad que despiertan los casos, pareciera que la mayoría de la población ve la victimización como una tragedia de alguien ajeno a nuestra sociedad, es decir, muchos lamentan los homicidios, pero piensan que al final no los afectan. Incluso, la mayoría de los colombianos creen que la democracia no tiene problemas y que, aunque hay corrupción, los problemas en general son ‘normales’. De hecho, buena parte de los ciudadanos creen que los problemas reales están en Venezuela o en naciones abiertamente dictatoriales. No aquí. Me atrevo a decir que la principal conclusión del libro es que la victimización a un líder social es una herida profunda para la democracia. Es como si la estuviéramos matando.
 
El presente libro intenta responder tres preguntas. Por un lado, las cuestiones obvias: quién está matando los líderes sociales y por qué. Pero hay una inquietud adicional: qué pasa en las zonas o territorios donde estos líderes fueron asesinados o amedrentados. Los hallazgos son increíbles.
 
En general se puede decir que la destrucción de los liderazgos y de los movimientos sociales está llevando a la creación en Colombia de autoritarismos subnacionales, unos enclaves autoritarios donde no hay oposición, nadie hace control político y en general se da una situación de homogeneización política en la que el disenso es castigado con la muerte o el desplazamiento.
 
Estas formas de gobierno son controladas por clanes políticos, algunos con abiertos vínculos ilegales y otros con la imagen ya lavada, según la zona. Lo cierto es que la victimización a líderes lleva a la instauración de esos enclaves. Dichos sistemas de facto funcionan bajo la modalidad de autoritarismos competitivos porque participan en las elecciones y aparentan respetar el sistema democrático, pero en el fondo no existe oposición ni control político y en consecuencia las elecciones no son equitativas.
 
Otra idea interesante es que la violencia procesa la dinámica política. Durante las elecciones de 2019 se produjo un aumento importante de hechos violentos contra candidatos. Igualmente, en muchos casos se detectó que los líderes afectados eran aquellos que presentaban denuncias o simplemente enviaban derechos de petición para obtener información sobre contratación o inversión pública. A nivel local se ven como personas que cuestionan la estructura de poder dominante y automáticamente son víctimas de agresiones. Estas disputas son palpables en los niveles municipal, departamental y nacional, pero también se registraron numerosos episodios de violencia por el poder en niveles micro, como en las Juntas de Acción Comunal.
 
Así, la utilización de la violencia se convirtió en una costumbre para tramitar disputas políticas. A esta práctica se suma la disponibilidad de un mercado criminal bastante amplio en Colombia. Es lo que se podría denominar el reciclaje de una guerra. Producto de las décadas de conflicto armado y de la economía de guerra, en muchos lugares de Colombia existe un “ejército de reserva criminal”, es decir, mercenarios que venden servicios de seguridad al mejor postor. Un alcalde, un político, un empresario, un compañero de una Junta de Acción Comunal o cualquier ciudadano puede contratar sicarios y mandar a asesinar líderes sociales.
 
Luego de la revisión de datos, el análisis geográfico, versiones de organizaciones sociales y autoridades, es posible llegar a cinco grandes conclusiones.
 
La principal es que el que mata no es el mismo y en eso el Gobierno tiene razón, pero la sistematicidad pareciera estar desde el perfil de la víctima. No mata el mismo, pero matan a los mismos. Los perfiles de los asesinados son muy parecidos. Esto plantea una diferencia sustancial entre autores materiales de los asesinatos, en su mayoría sicarios, y los determinadores o autores intelectuales. Pareciera que el Estado colombiano se concentra en los primeros para negar la sistematicidad. A los sicarios los contratan actores legales e ilegales y muchas veces no saben quién les pagó.
 
De fondo, esta conclusión resuelve el debate eterno entre la sistematicidad y la no sistematicidad de las agresiones. De hecho, hay una notable concentración geográfica en la victimización a líderes sociales. Los peores índices están registrados en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Es decir, matan perfiles similares y en los mismos sitios. Por tanto, decir que este fenómeno es aleatorio e imposible de prevenir resulta a todas luces falso. Hay un argumento adicional, como se verá en el primer capítulo: estas concentraciones son muy parecidas a las que se dieron durante la época de la guerra sucia contra la Unión Patriótica. Durante más de treinta años se ha asesinado en las mismas zonas y es como si no hubiera pasado nada.
 
La segunda conclusión es que, al revisar los datos históricos, pareciera que la actual victimización a líderes sociales es una fase dentro de muchas otras en una historia larga de destrucción de la democracia. El primer estadio de esta situación se da con la violencia generalizada, donde ocurren muchos homicidios, masacres y desplazamientos forzados. Esta ola de violencia es corta y no dura más de unos cuantos años, hasta cuando se produce la homogeneización política, pues miles de personas salen de un territorio y en la zona sólo queda un grupo poblacional sometido a una estructura armada ilegal. Esto provoca modificaciones en el censo electoral, en la propiedad agraria y en el aparato productivo de la región. Los mejores ejemplos de esta situación son la costa caribe hace veinte años o en la actualidad el Bajo Cauca antioqueño.
 
Luego viene un segundo escenario, el de la violencia selectiva, que llama la atención porque los niveles de violencia generalizada descienden, pero la mayoría de los disensos han sido doblegados. Parecen territorios pacificados, pero en el fondo, las estructuras políticas beneficiadas de la ola de violencia avanzan en un proceso de consolidación y blanqueo de imagen que puede tardar varios años. El mejor ejemplo de este tipo de territorios es la región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano.
 
Un tercer escenario se da cuando ya existe el autoritarismo: no hay oposición, los niveles de violencia generalizada y selectiva son muy bajos y la clase política beneficiada por la homogeneización está libre de apremios judiciales. El mejor ejemplo de este fenómeno es lo que actualmente sucede en la costa caribe colombiana.
 
El silenciamiento de los líderes sociales no se logra únicamente con el homicidio. Esto quiere decir que la reducción de los homicidios no es necesariamente una victoria de la política pública o de la estrategia de seguridad de un Estado. Esto podría depender de varios factores.
 
Los homicidios de líderes sociales se pueden tomar como casos ejemplarizantes. Las organizaciones criminales y los autores intelectuales o determinadores ya no asesinan treinta o cuarenta personas, sino que matan un líder y con ello desestructuran un movimiento social. El crimen racionaliza la violencia. La investigación encontró que la reducción de homicidios de líderes sociales en algunas zonas entre 2018 y 2019 obedeció a tres razones:
 
Control hegemónico por parte de alguna organización criminal. El mejor ejemplo, como lo veremos en el capítulo cuatro, es que algún actor criminal ganó la disputa, sometió a toda una población y en consecuencia se redujeron los homicidios.
 
Se ha asesinado a la mayoría de los líderes y el movimiento social está desestructurado. Es decir, ya no hay más a quién matar.
 
Efectividad de la política pública. La disuasión juega un papel importante en algunos casos. Por ejemplo, luego del asesinato de María del Pilar Hurtado en el sur de Córdoba en 2019, el impacto mediático fue tan grande, que por varios meses los asesinatos se detuvieron. Las autoridades judiciales y policiales se volcaron a la zona y por ende muchos determinadores disminuyeron los niveles de intimidación.
 
La siguiente gráfica muestra la evolución del asesinato de líderes sociales según la Defensoría del Pueblo entre 2016 y 2019. Nótese la reducción entre 2018 y 2019.
 
matan 2
 
Defensoría del Pueblo. Enero de 2020.
 
La siguiente gráfica muestra los datos anuales de homicidios de líderes y lideresas sociales, según Somos Defensores. Se debe tener en cuenta que la cifra es parcial, pues al cierre del presente libro, aún había procesos de verificación.
Homicidios líderes sociales. 2002-2019
 
matan1
 
Base de datos Somos defensores.
 
La siguiente gráfica muestra el asesinato de líderes sociales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Homicidios líderes sociales. 2002-2018
 
matan 3
 
Centro Nacional de Memoria Histórica.
 
Al examinar estas tres fuentes de datos surge una pregunta: ¿Cómo puede sobrevivir una democracia como la colombiana con estos niveles de victimización? En todo caso, se nota una reducción entre los años 2018 y 2019.
 
La tercera conclusión es que en las elecciones locales de octubre de 2019 sucedieron dos hechos importantes. Por un lado, la violencia selectiva aumentó con más de una veintena de muertos y un centenar de hechos de violencia. Este tipo de agresión había disminuido desde 2010 y por primera vez se quebró esa tendencia. Por otro lado, el día de las elecciones, 27 de octubre, fue el más pacífico en los últimos treinta años y únicamente se produjeron dos hechos de violencia, uno de ellos, en La Macarena, departamento de Meta, que obligó al traslado de un puesto de votación donde podían sufragar 186 personas. Hace veinte o 25 años eran centenares de puestos trasladados. Este tipo de violencia del día D era realizado principalmente por grupos guerrilleros. Así las cosas, aumentó la violencia selectiva electoral y disminuyó el saboteo electoral.
 
Por tanto, se puede concluir que la violencia electoral fue ejercida como mecanismo de competencia política y afectó principalmente a liderazgos y actores políticos de carácter local. Como se verá más adelante, los candidatos y precandidatos a alcaldías, los concejales electos y los candidatos a concejos fueron las víctimas más comunes de la violencia electoral, con el 62,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES. Es decir, fue una violencia planeada e instigada por competidores políticos y no por grupos armados ilegales.
 
Llama la atención que, según la Fundación Paz y Reconciliación, en 2019 fueron agredidas personas de todos los espectros políticos. Los sectores más victimizados fueron las coaliciones de oposición y de gobierno, justamente las de mayor potencial en las elecciones nacionales.
 
La cuarta conclusión es que un análisis geográfico de la victimización contra líderes sociales y de la violencia política permite hacer dos tipos de interpretaciones. Por un lado, la violencia atraviesa zonas de posconflicto y zonas que no tienen esa característica. Es decir, no resulta del todo sostenible interpretar que estas situaciones son normales por el reacomodamiento criminal derivado del proceso de transición.
 
Si bien pareciera que la violencia se centró en este tipo de territorios durante algunos años, en un análisis de largo plazo la situación no es tan clara. Principalmente en lo que tiene que ver con la violencia política, una buena parte de este tipo de violencia ocurrió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC y donde además no habían operado durante los diez años anteriores al proceso de paz. El norte del Valle o algunas zonas de la costa atlántica son un buen ejemplo de ello. Por otro lado, existen constantes geográficas en las victimizaciones. Son los mismos departamentos y regiones afectadas por décadas con este tipo de violencia selectiva.
 
La última conclusión se refiere al papel del Estado. Nuevamente en este punto habría tres líneas de análisis. Por un lado, se equivocan aquellos que dicen que el Estado no ha hecho nada. De hecho, hay acciones importantes realizadas, incluso por recomendación de organizaciones sociales. Sin embargo, el impacto ha sido bastante bajo. Pero se ha intentado hacer cosas. En segundo lugar, la mayoría de las medidas son leyes y decretos que crean numerosas instancias institucionales inoperantes y hasta contradictorias. Ante cada crisis se emite un nuevo decreto y se crea una nueva instancia. Por último, el gobierno del presidente Iván Duque creó el PAO o Plan de Acción Operativa, que estableció nuevas instancias en un claro retroceso frente a lo logrado en el Acuerdo de Paz. Aun con este panorama, el papel del Cuerpo Élite de la Policía y la Defensoría del Pueblo han sido destacados porque han liderado procesos de protección individual y colectiva en todo el país.
 
Este libro fue dividido en cuatro capítulos. El primero es un diagnóstico pormenorizado de la victimización a líderes sociales con base en datos de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica y Naciones Unidas. El análisis cubre el período 2010-2019. El segundo capítulo aborda la violencia política ocurrida en 2019 y contrasta lo sucedido en jornadas electorales anteriores. En estos dos capítulos iniciales se intentará responder las preguntas de quién asesina a los líderes sociales, por qué los matan y dónde ocurren las victimizaciones.
 
El tercer capítulo aborda la pregunta de qué hace el Estado. Allí se realiza un análisis minucioso de instancias, decretos, leyes y acciones que ha desarrollado el Estado colombiano en los últimos tres períodos presidenciales. Además, se estudian los efectos de estas medidas sobre el terreno. Por último, el capítulo cuarto responde la pregunta de qué pasa en las zonas donde han victimizado a líderes sociales. Para hacerlo se apela a estudios regionales con análisis comparativos.
 
En el proceso de cierre de este libro, terminado sobre el límite del tiempo, no se detenía el desangre de la democracia colombiana. El 19 de marzo de 2020, en plena crisis del Covid-19 o coronavirus, cuando varias ciudades se preparaban para el simulacro de aislamiento y mientras el Gobierno anunciaba el confinamiento forzoso hasta el 13 de abril, fueron asesinados tres líderes sociales. Uno en Antioquia, otro en Norte de Santander y tal vez, el caso más doloroso, porque conocí a la víctima, sucedió en Putumayo.
 
Marco Rivadeneira, un viejo líder agrario de Putumayo, fue secuestrado en el corredor vial del municipio de Puerto Asís y luego asesinado a tiros. Esa es una de las zonas de ese departamento más castigada por la violencia. Algunos campesinos encontraron su cuerpo, lo cubrieron con una sábana y durante algunas horas fue velado encima de una mesa. Luego, impotente, el mundo social le rindió un sentido homenaje. El país no se dio por enterado.
 
VIDEO LANZAMIENTO DEL LIBRO:
 
 
 
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