Por: INFOBAE
Las acciones de este grupo armado produjeron crímenes de lesa humanidad como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, despojo, desaparición forzada.
Este miércoles 27 de enero de 2021, se conoció que varias Asambleas Campesina del Cesar, solicitaron que dos directivos de la multinacional Drummond - José Miguel Linares, presidente de Drummond Colombia, y Augusto Jiménez, expresidente de la compañía- comparezcan ante la justicia transicional como terceros involucrados en el conflicto en el departamento.
Esto porque la Fiscalía anunció, el 16 de diciembre, que abrió nuevas investigaciones a exdirectivos de la compañía estadounidense de explotación de hidrocarburos Drummond por nexos con el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas en el departamento del Cesar. Los hombres tienen procesos por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de dichos grupos delincuenciales.
“Como organizaciones dedicadas a la garantía y defensa de los derechos humanos y la paz, hacemos un llamado especial a Linares y Jiménez a presentarse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) este 27 de enero, creemos que es la vía adecuada para esclarecer las acusaciones sobre la financiación y promoción del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la zona minera del Cesar entre 1996 y 2001”, confirmaron desde la asamblea.
Según la organización estás acciones contra la población civil produjeron crímenes de lesa humanidad como homicidio, violencia sexual, desplazamiento forzado, despojo, desaparición forzada, entre otros.
“Hacemos un llamado a Drummond Colombia a incentivar la participación de sus directivos en la JEP, como una muestra de responsabilidad corporativa y compromiso social, entendiendo, que según la Fiscalía General de la Nación, la compañía se benefició con los delitos que las AUC cometieron contra la población civil”, concluyeron.
De la misma forma, las asambleas enviaron una invitación para que los implicados participen en los espacios de diálogo constructivo entre las organizaciones de víctimas y empresas mineras.
Foto de archivo: Una retroexcavadora descarga carbón en el puerto de la ciudad caribeña de Santa Marta, Colombia, 16 de agosto del 2013. REUTERS/Juliana Lopera
Foto de archivo: Una retroexcavadora descarga carbón en el puerto de la ciudad caribeña de Santa Marta, Colombia, 16 de agosto del 2013. REUTERS/Juliana Lopera
La investigación
Las investigaciones se fundamentan en acciones llevadas a cabo por los acusados y el grupo armado entre 1996 y 2001, en los municipios de Becerril, El Paso, La Jagüa Ibirico, Agustín Codazzi y Chiriguaná. Ambos ejecutivos tuvieron que responder por las mismas en indagatoria ante el ente acusador hasta el pasado 27 de octubre, cuando se hizo el cierre parcial de la pesquisa.
Como resultado, quedó un documento de 149 páginas que, de acuerdo con El Tiempo, da cuenta de delitos de lesa humanidad que afectaron, entre otros, a un grupo de víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. En total se pueden ver 3.382 registros de crímenes como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ataques contra la población civil, secuestro y tortura.
El factor determinante, se lee en el documento citado por el periódico colombiano, es que tales hechos se dieron en los municipios mencionados, “donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a quienes los directivos de la multinacional Drummond Ltd. financiaron y promovieron, a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona”.
Según el organismo investigador, tanto Jiménez como Linares estaban enterados de la problemática, que además afectaba a sus propios empleados, y, en vez de ir en contra, denunciar, repeler o retirarse, “se permitió, se toleró, se promovió, la presencia paramilitar”. Esto, dentro de una empresa multinacional que cuenta entre sus filas a varios líderes sindicales que buscan mantener los derechos de los trabajadores.
Así las cosas, la Fiscalía acusó a ambos exdirectivos de “intervenir en una compleja operación contractual y de intermediación, así como también pudieron hacerlo otros funcionarios de la multinacional, contratistas, miembros de la organización de autodefensas, para acordar, garantizar y asegurar el aporte mensual dinerario, desde 1996 a 2001, a esta estructura paramilitar”.
Lo último, a través de la presencia de los paramilitares en los restaurantes ‘casino’ de la empresa en el departamento del Cesar, donde Jiménez sostuvo un contrato de alimentos con Jaime Blanco Maya, excontratista de la empresa, condenado por su responsabilidad en el crimen de dos sindicalistas y actualmente en proceso con la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Según la entidad, habría sido justamente Blanco quien “abiertamente propició y mantuvo tal presencia armada irregular, permitiendo un ambiente hostil e inseguro para los líderes sindicales de Drummond”. También habría sido él quien sirvió como conducto para hacerle llegar los dineros al grupo armado ilegal.
A pesar de todo esto, los dos sindicados aseguraron ser inocentes de todos los cargos, argumentando que “la seguridad de las instalaciones y de los funcionarios de Drummond estuvo a cargo de la Fuerza Pública”; la posibilidad de irregularidades como falsedades en documentos y declaraciones de testigos inconsistentes y contradictorias y el hecho de que varios países, incluyendo Estados Unidos, han descartado la financiación a paramilitares por parte de las altas esferas de la multinacional.
Según la defensa de los dos exdirectivos, el propio Blanco ofreció falsos testimonios en su contra, con el objetivo de lograr beneficios judiciales y económicos. No obstante, la Fiscalía pretende seguir con el caso, e incluso compulsó copias para que se investigue a los testigos Óscar José Ospino Pacheco y Manuel Alcides Mattos Tabares, por incongruencias en sus relatos y supuestas influencias sobre otros testigos.
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