¿Por qué el auto que decreta medida cautelar que suspende las manifestaciones es una presunta orden prevaricadora, injusta y sin sustento jurídico?

Linea Conflicto Social y Paz

Por: José Fernando Valencia Grajales*

La incoherencia es impartir una orden tendiente a posponer las manifestaciones con fundamento en un fallo que analizó unos hechos y pretensiones muy diferentes a las medidas adoptadas en el actual auto del 27 de abril del 2021. Es decir el objeto de la decisión, nada tiene que ver con el objeto de la tutela inicial. Estamos ante una orden que se sustenta en un derecho injusto.

 

 

protestas

A propósito del auto proferido de manera oficiosa por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de tutela con radicado: No. 250002315000-2020-02700-00, en el cual, se aperturó incidente de cumplimiento y se tomó como medida cautelar de urgencia dejar sin efecto los permisos concedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y de los Alcaldes de todos los Municipios de Colombia para llevarse a cabo manifestaciones de protestas el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021, carece de coherencia (contradictoria) frente a las órdenes que imparte, además desconoce preceptos sobre el mecanismo constitucional de la acción de tutela.

En este sentido, la incoherencia es impartir una orden tendiente a posponer las manifestaciones con fundamento en un fallo de tutela que estaba garantizando los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales y que analizó unos hechos y pretensiones muy diferentes a las medidas adoptadas en el actual auto del 27 de abril del 2021. Es decir el objeto de la decisión, nada tiene que ver con el objeto de la tutela inicial.

Esta acción de tutela que ya fue fallada, fue interpuesta el año pasado por los Accionantes: Valentina Arboleda García Y Diego Alejandro Huerfano Miranda y donde fueron accionados: Presidente de la República – Ministerio De Defensa Nacional – Policía Nacional; cuyos hechos fueron originados por los desmanes de la Policía Nacional el día 9 de septiembre de 2020 en el Comando de Atención Inmediata-CAI- del Barrio Villa Luz en la ciudad de Bogotá, donde presuntamente asesinaron al señor Javier Ordóñez, y a partir de allí la comunidad realizó unas movilizaciones en el mismo CAI y estas terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, esta última como autoridad pública realizó un uso desproporcionado de la fuerza, abuso de su poder y no tenía unos procedimientos ni una formación adecuada para estos casos, es decir que las partes legitimadas estaban plenamente definidas, y dentro de las mismas no se encontraba la ciudadanía en general y tampoco intervino en dicho proceso.

Así los accionantes presentaron como pretensiones la protección a sus derechos fundamentales y ordenar a los accionados dar instrucción inmediata a todos los miembros de la Policía Nacional y demás fuerzas armadas de abstenerse de usar armas de fuego y/o armas no letales, en contra de la población civil que se encuentre adelantando cualquier acción en el libre ejercicio de su derecho fundamental, adicionalmente, de que se adelantaran de manera célere las investigaciones penales contra los funcionarios que participaron.

De allí que el fallo del tribunal protegió los derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales, y así ordeno a las entidades accionadas que procedieran a la “elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente y para su elaboración debía conformar una mesa de trabajo. Nada tienen que ver dicho fallo con los propósitos del auto de incidente del cumplimiento, dado que este protocolo estaba orientado a reglar las intervenciones de la Policía Nacional al interior de las manifestaciones sociales.

Por tanto es desproporcional porque está hablando de que dichas autoridades deben contar con un protocolo de bioseguridad por la emergencia de Covid 19, algo que no estaba en las pretensiones de los accionantes o la defensa de los accionados y tampoco se discutió ni siquiera en el fallo, entonces: ¿cómo se puede decir que las autoridades públicas desacataron un fallo judicial que no dio dicha orden?

Y lo que es peor como suponer que la orden la dieron el colegio de médicos cuando los mismos no están legitimados al interior de dicho proceso, no han intervenido y tampoco han hecho una solicitud formal o una solicitud de oficio dirigida a dicho tribunal en medios de comunicación, a menos que la magistrada ¿considere que toda noticia de periódico o revista es una orden y que la misma tiene el filtro científico?

Dentro de los requisitos para la procedencia de un incidente de desacato esta que “los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que no debe traer a colación alegaciones nuevas” (Corte Constitucional, Sentencia SU034/18); según el contenido del auto proferido el 27 de abril ni el desacato fue propuesto por el accionante, ni se trata de las mismas alegaciones ni ordenes, y además, se generó una medida cautelar que rebosa las facultades y competencias de la magistrada y el mismo fallo de tutela.

Además, el auto no solo vincula a autoridades públicas como Presidencia, ministerio de defensa, Alcaldía mayor de Bogotá y las Alcaldías locales; sino que termina impartiendo una orden de suspensión de las manifestaciones que se dirigen frente a la ciudadanía en general, desconociendo el alcance de la tutela que se dirige contra las omisiones de las autoridades públicas y que en su ámbito de aplicación solo podría ordenar que se realice un protocolo solo frente a evitar el uso desproporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

Es decir las únicas autoridades que están en la obligación de actuar de oficio son la fiscalía el consejo superior de la judicatura en los procesos disciplinarios, especialmente cuando se observa de bulto o se tienen elementos de prueba inequívocas de que se está cometiendo un delito o una falta disciplinaria, asunto que ya que lo traemos a colación, debería iniciar ambas instancias frente a la decisión de la magistrada.

Es decir, como lo diría el exmagistrado Rodrigo Uprimny citando a Radbruch, estamos frente a una orden que se funda en un derecho injusto (inconstitucional, prevaricador, y extralimitado en funciones) que es extremadamente arbitraria, ambigua, sin argumentación solidad, con consecuencias desastrosas y sin posibilidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción, violando el debido proceso, además de ser imposible de ser notificado legalmente como ordena el código general del proceso, y el código contencioso administrativo. Lo que hace para las autoridades impracticable su cumplimiento, sumado a que de cumplirla orden estarían incurriendo a su vez en el incumplimiento de la constitución y la ley, y por tanto en la posibilidad de que se les habrá proceso disciplinario y penal por la extralimitación de funciones y abuso de poder.

Es decir, a las autoridades solo les queda proceder con la excepción de inconstitucionalidad que la misma constitución contiene para precaverse de violar los derechos fundamentales, las convenciones internacionales y los tratados que protegen los derechos humanos.

Adicionalmente la principal consecuencia que traerá esta medida es que el estado se podrá ver abocado a demandas internacionales por el incumplimiento de la carta de las naciones unidas,de la organización de los estados americanos y el pacto de derechos de Costa Rica.

*Director Investigaciones Facultad de Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana, integrante de REDIPAZ y Grupo Autónomo Kavilando.

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